El abogado Milton Urrutia, uno de los querellantes en la causa en la que se investiga al ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, acusado de abusar de al menos 50 seminaristas entre l984 y l992, abandonó el caso tras sufrir un atentado con artefactos explosivos en su vivienda y denunciar "falta de garantías" para continuar.

Urrutia, que fue seminarista en los años en que Ilarraz estuvo al frente de ese instituto, y que tuvo que abandonar la vocación porque, según dijo, le "arruinaron la vida", reveló ayer que el martes pasado explotaron dos bombas caseras en el garaje de su vivienda, donde también había una carta en la que le decían que se dejara "de joder con la causa de los curas", porque la próxima iba a ser "un tiro en la vivienda".

El abogado, que representa a varios ex seminaristas que denunciaron haber sido abusados por Ilarraz, responsabilizó del atentado a “un grupo organizado de cuasi terroristas”.

"Atento a las amenazas que vengo recibiendo, he resuelto no continuar con la causa Ilarraz. Me han agotado y no hay garantías", reconoció.

El letrado dijo a Télam que en los años en que estuvo internado en el seminario de Paraná, el lugar "era un campo de concentración" y remarcó que las autoridades del seminario "tenían que cuidarnos y amarnos porque nos estábamos preparando para ser sacerdotes, pero a muchos nos frustraron y tuvimos que abandonar la vocación".

Urrutia hizo un ferviente llamado para que el Papa Francisco "no permita que Ilarraz siga ejerciendo como sacerdote" y reclamó el "cierre" del seminario local o que, en su defecto, tenga "un control estricto del Consejo Provincial del Menor (COPNAF), porque en él hay menores de edad".

Anteayer también se conoció que el vicario de justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, presbítero Alejandro Bovero, inició a pedido del Vaticano una investigación previa sobre las acusaciones que pesan contra Ilarraz, quien, hasta que estalló el escándalo en setiembre del 2012, se desempeñaba como párroco en la localidad tucumana de Monteros. En declaraciones periodísticas, Bovero explicó que su misión es "hacer la investigación previa y devolver todo lo instruido a la Santa Sede".

Recientemente, la Cámara del Crimen de Paraná rechazó el fallo de primera instancia del juez de Instrucción Alejandro Grippo y concluyó que los delitos que se le imputan al sacerdote están prescriptos, pero la Sala Primera de la Cámara del Crimen concedió el recurso de casación pedido por la fiscalía y anunció que convocará a una audiencia pública en la que se debatirá la apelación.

El recurso de casación fue presentado por el fiscal Martín Cotorruelo, quien reprochó el apresuramiento de la Cámara en cerrar la investigación, al declarar la prescripción, sin aguardar a que se dilucide cuántos hechos ocurrieron y hasta qué período de tiempo se extendieron los abusos. «

otro abogado ya se había ido

Urrutia es el segundo abogado que se aparta de la causa, luego del alejamiento de Marcos Rodríguez Allende, ex representante de una de las supuestas víctimas de Ilarraz, que abandonó el caso por "cuestiones personales". El 25 de febrero pasado, Rodríguez Allende había pedido la imputación del ex arzobispo local y actual cardenal, Estanislao Karlic, por el delito de encubrimiento. Sostuvo que "hay responsabilidad penal" de parte de Karlic por mantener oculto el caso.