Charlas en la Arena.

Ambientalistas de zona sur y el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) se verán las caras este martes a las 12 en una audiencia conciliatoria convocada por el juez en lo Contencioso Administrativo I, Simón Issach. La instancia se da en el marco de la acción de amparo por acceso a la información pública ambiental contra el ente que impulsan los vecinos Kanki Alonso, Carlos Serra y Paola González.

Los demandantes sostienen que el Emturyc no da respuesta sistemáticamente a sus pedidos de acceso a la información de carácter público y ambiental respecto a las condiciones legales de Unidades Turísticas Fiscales (UTF) emplazadas en la zona de la Reserva Paseo Costanero Sur. La información se vincula con diferentes reclamos que vecinos de la zona vienen realizando por aparentes irregularidades en las UTF Arroyo Lobería, Playa Bonita, Siempre Verde y Arroyo Seco II. También pidieron informes sobre planos de mensura de El Marquesado, Playa Escondida, Santa Isabel, Playa Redonda, Playa Dorada, entre otras. Con la demanda, buscan “hacer cesar la vulneración del derecho al acceso a la información pública ambiental”, garantizado por el art. 41 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos.

La demanda se radicó en diciembre de 2023 y luego de confirmarse la competencia del fuero Contencioso Administrativo, el juez Issach ahora convocó a una audiencia con la finalidad de lograr una conciliación y “encontrar otra forma de solución del conflicto”. De no haber un acuerdo, posiblemente se avance con los autos para sentencia.

En la presentación judicial, los vecinos reivindican el derecho de acceso a la información ambiental como presupuesto para el ejercicio de otros derechos fundamentales. “La información no sólo debe brindarse, si no que también debe brindarse de forma adecuada, lo que agrega un parámetro de calidad sobre la información a la cual tengo derecho a acceder”, apuntaron, remarcando también que la Ordenanza 25.052 establece la obligación de la transparencia en la información que posee el Emtur.

"Falta de respuestas". Es lo que vienen denunciando vecinos del sur sobre la actitud del Emturyc.

Venezuela, otra vez

En una sesión del Concejo Deliberante caracterizada por los temas nacionales, la política internacional también tuvo su lugar y con una debilidad que periódicamente se hace presente en la dinámica legislativa: la sobreactuación.

Es que se aprobaron un total de 8 (si, 8) proyectos sobre la situación en Venezuela, en la continuidad de la última sesión donde fue unánime una declaración de desconocimiento de los resultados de la elección del 28 de julio, facilitada por la abstención de Unión por la Patria. En realidad, en aquella sesión no se trataron los proyectos que ahora se aprobaron precisamente para allanar el camino y logran una posición consensuada.

El más importante de los expedientes fue la aprobación de una ordenanza para retirar el título de Visitante Notable que en 2010 se le había entregado al expresidente Hugo Chávez. La propuesta la impulsó Julián Bussetti (Pro), quien aseguró que el líder de la revolución bolivariana “fue un dictador y no merece estar en el listado”. Hizo referencias a que Chávez “se llevó puesto el republicanismo de un país, intervino el poder judicial, los medios de comunicación, realizó expropiaciones y torturó a disidentes”. “Sacar este título es un acto de justicia, tengamos una actuación notable como concejales”, concluyó.

"Alca, Alca, al carajo". Frase icónico de Chávez pronunciada en Mar del Plata durante la Contracumbre de 2005, en respuesta a la Cumbre de las Américas.

Verónica Lagos (UP) cuestionó “el mirar con los ojos de 2024 un contexto histórico y unas características que tuvieron en cuenta legisladores al otorgar un título en ese momento. Es un revisionismo que no tiene sentido”. Horacio Taccone (AM) también tuvo reparos similares y consultó sobre qué cambió de 2010 -cuando el Concejo aprobó el reconocimiento- a 2013, año en que murió Chávez. Además agregó que “tenemos temas para ocuparnos en todos los barrios de la ciudad, a los que le podríamos dedicar tiempo y atención”.

El resto de las aprobaciones fueron sobre declaraciones, algunas de las cuales contaron con respaldos y abstenciones de la oposición. En ellas se expresa “enérgico repudio” por el fraude electoral y la posterior represión, un similar “enérgico repudio al accionar violento y represivo del régimen dictatorial", otro “enérgico repudio al fraude electoral”, un “rechazo” a las declaraciones de Maduro hacia Milei, otro “enérgico rechazo a los actos de violencia” en la Embajada Argentina en Caracas, una exhortación a Maduro para cesar en “sus actos de agresión” contra la Embajada y, por último, un repudio por las intimidaciones a periodistas internacionales que cubrieron los comicios.

“Ocho proyectos en total, estoy sorprendida”, acotó la debutante Eva Fernández, experimentada exconsejera escolar del kirchnerismo que en la sesión reemplazó a Juan Manuel Cheppi.

El Concejo Deliberante le retiró el título de honor que poseía Chávez. Foto: Prensa UCR.

Tras 46 meses, la Municipalidad se pone al día con el alquiler del COM

Se desconocía hasta días atrás que la Municipalidad llevaba casi cuatro años sin abonar los correspondientes alquileres del inmueble donde funciona el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y donde el intendente Guillermo Montenegro tiene su despacho más utilizado, en Juan B. Justo al 3600.

La situación quedó a la vista cuando este jueves el Concejo Deliberante convalidó el convenio que firmaron la Comuna y la propietaria del inmueble, la empresa Vialsa SA. Según surge del expediente, se acordó un pago de 48 millones -a pagar con tres cheques diferidos de 16 millones cada uno-, por los los alquileres adeudados durante el período abril 2020 y diciembre 2023.

El Ejecutivo regularizó la deuda que mantenía con el titular del inmueble donde funciona el COM.

El hecho generó fuertes críticas de la oposición en la voz de Valeria Crespo, quien aportó las observaciones realizadas por la Contaduría General sobre que los importes de los alquileres entre 2020 y 2023 tuvieron valores superiores a los calculados por la Comisión Permanente de Tasación, mientras que entre 2022 y 2023 directamente no hubo intervención de dicha comisión, a modo de cotejar que los importes sean pertinentes.

Por fuera de este aspecto, florecieron los cuestionamientos políticos: “nos causa sorpresa porque el intendente ha manifestado que tiene las cuentas ordenadas, que no se debía dinero”. Allí la concejala se despachó con citas del propio Montenegro durante las últimas aperturas de sesiones. “Mi gobierno desde el primer dia se caracterizó por la austeridad, siempre busqué tener las cuentas ordenadas”, leyó de unas de las actas con el discurso del jefe comunal.

El convenio fue convalidado solo con el voto de los concejales de Juntos por el Cambio, mientras que La Libertad Avanza, Acción Marplatense y Frente Renovador se abstuvieron. Unión por la Patria votó en contra.

La Comuna adeudaban casi cuatro años de alquileres.