La comercialización de hacienda fue prácticamente nula en la jornada de ayer en Corrientes, como manifestación de adhesión al paro nacional agropecuario decidido por la Sociedad Rural Argentina y que contó con la adhesión y solidaridad de otras entidades del campo. La medida se adoptó como expresión de condena hacia la intempestiva expropiación del predio ferial de Palermo por parte del Gobierno nacional.

El presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, evaluó la jornada agropecuaria de ayer al ser consultado por EL LIBERTADOR. Dijo que un alto porcentaje de las operaciones fueron suspendidas, tanto por parte de los productores como de los comercializadores de ganado.

"El paro en Corrientes fue casi total", subrayó Velar, quien informó que había tomado contacto con otras sociedades rurales de la provincia. Aclaró que siguieron trabajando tranqueras adentro, sólo que no comercializaron su hacienda durante las 24 horas de ayer.

La Sociedad Rural de Corrientes emitió un duro comunicado de condena contra la decisión el Gobierno nacional, entendiendo que la misma no se ajusta a derecho (ver página 11).

"Esto no es sólo un ataque más al campo. Creo que esto es sólo un paso y desde el Gobierno van por los que opinan diferente", le dijo a este diario el dirigente rural correntino.

Más temprano, en declaraciones radiales, Velar indicó que esta es una "actitud irracional" que lleva adelante el Gobierno nacional, el cual "no colabora con el clima de tranquilidad nacional", dijo.

PARA TAPAR

SAQUEOS

Por su parte, al ser consultado en el programa la Revista AM por Radio Corrientes, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Carlos Goya, señaló ayer que "el Gobierno nacional tomó esta medida para tapar los saqueos que ocurren en la sociedad argentina".

El Gobierno anunció la semana pasada la decisión de anular el decreto de venta del predio de Palermo y tomar el control del mismo. La medida recibió críticas de distintos sectores, que hablan de una "expropiación ilegal", ya que el tema no pasó por el Parlamento.

Desde el oficialismo explicaron que la decisión estuvo basada en una investigación judicial que detectó irregularidades en la operación de venta de los terrenos, realizada a principios de los ‘90, por la cual la Sociedad Rural aún debe parte del precio.