Mientras el juez Leandro Estrada espera los informes de los peritos judiciales que el miércoles participaron de la junta médica que evaluó la salud física y mental del senador Ariel Rosendo, los abogados del legislador ya le hicieron saber al magistrado una petición de su defendido. El hombre quiere, en caso de recibir el alta médica de la Clínica del Aconcagua, donde está internado desde el lunes 28 de septiembre, declarar nuevamente en la causa en la que fue procesado con prisión preventiva por saquear un domicilio del gremio Smata, por desobedecer una orden judicial y por violar la cuarentena. Desea hacer hincapié en dos puntos: en los bienes que estaban en la casa del sindicato y en las conversaciones, presenciales y telefónicas que habría mantenido con el titular del Juzgado de instrucción Penal 2 de Villa Mercedes.

La intención del suspendido senador es ampliar su primera declaración indagatoria, aquella que dio el lunes 6 de julio. Puesto que, para empezar, en el auto interlocutorio en el que el juez lo procesó y ordenó su prisión preventiva "no hace mención alguna respecto de cuáles son los bienes que se le endilga haber robado y mucho menos la ajenidad de los mismos en lo que al imputado respecta", fundamentaron los defensores Gustavo Reviglio y Gonzalo Estrada en el pedido de ampliación de indagatoria que remitieron al magistrado.

Sostienen que Smata, a través del secretario que tiene en la provincia, manifestó que la posesión de los bienes que fueron denunciados como sustraídos figuran en las facturas que están en las oficinas centrales que el sindicato tiene en Capital Federal y que el juez "nada ha dicho o actuado en su pronunciamiento judicial en relación a la propiedad de los mismos, mucho menos de su preexistencia al hecho denunciado".

En otro punto del documento, Reviglio y Estrada apuntan que será oportuna la audiencia para que Rosendo se explaye sobre una comunicación telefónica que, según ellos, el juez instructor "le cursara al encartado" el 30 de septiembre alrededor de las 21:30; como así también sobre la entrevista que mantuvieron en su despacho del Juzgado de Instrucción, sin abogados presentes por "expresa directiva" del magistrado, subrayaron los defensores.

Si bien los representantes del legislador manifiestan que fue el juez quien llamó por teléfono a su cliente y que fue quien lo citó para hablar a solas en su oficina, según trascendió de otra fuente, existen pruebas que demostrarían que quien pidió con desesperación dialogar con el magistrado fue justamente Rosendo.