Los trabajadores bonaerenses no solamente deberán afrontar una suba creciente en las tarifas de la prestación eléctrica sino que aquellos que alquilen tendrán que lidiar con aumentos que rondan entre el 40% y el 50%.

Asociaciones de inquilinos denunciaron a la especulación inmobiliaria y el aumento del dólar como el factor principal que afecta a millones de familias en la Provincia.

“Este año (el relevamiento) nos dio como mucha diversidad. Tiene que ver con la liberación del dólar y la cuestión inflacionaria que llevaron a los propietarios a plantear valores bastantes absurdos en lo que se esperaba de los aumentos. La mayoría tiene una tendencia bastante alta, 50% es mucho”, informó a INFOCIELO, Germán Schierff, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos (API).

Desde la asociación aseguraron que el incremento interanual de los montos es de más de 10 puntos siendo que en 2015 había sido de 5 puntos. “El año pasado se encontraban entre 30 y 35%. Este año pegó un salto de entre el 40% y 50%. Un monoambiente te salía $2800 y hoy está en $3500 o $3600”, agregó el dirigente de la API.

La falta de regulación y el cajoneo de proyecto en la Legislatura

Desde API aseguraron que existen, al menos, tres proyectos de regulación de la actividad en la Legislatura provincial que “duermen” en las comisiones. Según describió Schierff, una de las iniciativas más importantes apunta a combatir la especulación: “La Ley de acceso justo al hábitat permite a los municipios y a la provincia gravar un impuesto a la vivienda ociosa, o sea hay muchos departamentos que no se ponen en alquiler por cuestiones de especulaciones esperando que mejoren los valores o se libere el dólar. Se usan para compra y venta, son reservas de valor. En esta país no hay un impuesto a esta vivienda ociosa lo cual restringe constantemente la oferta de vivienda por eso los precios no bajan. Hay proyecto que van gravando la vivienda año a año, lo que obligan a poner los departamentos en alquiler”.

A su vez, hay dos proyectos más; uno que apuesta a abaratar el costo de los alquileres, a partir de la regulación de los gastos del martillero, que pasarían a ser afrontados en partes iguales entre estos últimos y los inquilinos; y otro presentado por la diputada bonaerense, Valeria Amendolara, que estipula la realización de un proyecto de registro de propiedades en alquiler y de contrato, que “permitiría ir fiscalizando las condiciones de alquiler y evitando abusos que luego se terminan traduciendo en gastos mayores al inquilino, por ejemplo cuando le pasan los arreglos de la propiedad a los inquilinos o el pago de expensas, cuando lo inquilinos pagan arreglos del edificio siendo que le corresponderían al propietario”.