Laura Serra

Pasado mañana se celebrará la primera sesión posterior a las primarias en la Cámara de Diputados. Promete ser tensa no solo por lo sensible del tema a debatir –la ley de alquileres– sino también porque el diputado libertario Javier Milei, la nueva estrella del firmamento político luego de su triunfo en las PASO, hará tronar su voz contra sus pares (“la casta”) si no se avanza en derogar la norma. El oficialismo ha ratificado que no lo hará. El resto de la oposición, todavía sacudida por el efecto del huracán libertario en las urnas, bascula entre modificar la ley o, directamente, derogarla.

Entretanto, el mercado de alquileres ingresó en una crisis cuasi terminal con la disparada de la inflación, la caída en la oferta de inmuebles para alquiler y la suba en más del 25% de los precios en solo una semana. Dado este contexto, todos los bloques de la oposición –salvo la izquierda– insistieron en convocar a una sesión especial este miércoles, aunque todavía tienen dos problemas por saldar: el primero, garantizar el quorum en el recinto. El segundo: consensuar una iniciativa común que sepulte la ley actual.

¿Qué bloques confirmaron que darán quorum? Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los tres diputados de La Libertad Avanza. También se sumarían los dos diputados de Juntos somos Río Negro y al menos un representante del Frente para la Concordia de Misiones. El número para alcanzar el quorum (129 diputados) está muy justo, admiten en la oposición.

La dificultad más grande, empero, está en la estrategia legislativa a llevar adelante. En lo único que coinciden todas estas fuerzas opositoras es que la ley actual de alquileres, que el oficialismo defiende, no le sirve ni a los propietarios ni a los inquilinos. La cuestión es qué alternativa impulsar. Los escenarios son los siguientes:

Derogación de la ley: es la propuesta que abrazan Juntos por el Cambio –Karina Banfi (UCR) y Hernán Lombardi (Pro) presentaron sendos proyectos en ese sentido– y el bloque de La Libertad Avanza, de Milei. Enfrentan un obstáculo: los proyectos no cuentan con dictamen de comisión. Ergo, para ser aprobados en el recinto necesitarían los dos tercios de los votos. No los tienen. El oficialismo ratificó que si la oposición consigue el quorum en el recinto sus diputados se sentarán de inmediato en sus bancas para bloquearles la posibilidad de alcanzar esa mayoría agravada.Karina Banfi junto a Mario Negri, jefe del bloque radicalJulián BongiovanniModificación de la ley: es la estrategia a la que apuntan el interbloque Federal, los misioneros y rionegrinos, contrarios a la derogación lisa y llana de la norma. En este punto coinciden con el oficialismo; advierten que esta medida extrema perjudicará a los inquilinos, que quedarán a merced de las condiciones que impongan los propietarios si el Estado, a falta de una legislación, se abstiene de establecer las reglas de juego. Máxime en este contexto inflacionario.

Los impulsores de modificar la ley de alquileres cuentan con una ventaja: ellos ya cuentan con un dictamen aprobado por las comisiones desde mayo del año pasado, por lo que si lo llevan al recinto este miércoles solo necesitarán la mayoría simple de los votos para darle media sanción.

A grandes rasgos, ese dictamen establece retrotraer la vigencia de los contratos a dos años (la ley actual establece tres), un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de esos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año.

En aquel momento, Juntos por el Cambio suscribió ese dictamen de modificación, pero desde entonces, advierten, mucha agua pasó debajo del puente. En primer lugar, la inflación se fue a las nubes, por lo que actualizar los valores de los alquileres cada tres, seis o doce meses –como propone el dictamen– podría impactar fuertemente en los bolsillos de los inquilinos, indican.

Con este argumento, Juntos por el Cambio viró este año hacia una posición más drástica, la derogación de la ley de alquileres. La diputada Carolina Píparo, adlátere de Milei en la Cámara, había presentado en 2022 una iniciativa en idéntico sentido. Cuando lo hizo, pasó inadvertida. Ahora que el escenario político cambió de manera rotunda luego del triunfo libertario en las primarias, la voz de esta bancada minúscula de solo tres diputados adquirió otra potencia y condiciona al resto de los bloques.

“Estamos en una encerrona –admiten en Juntos por el Cambio–. No tenemos los votos para derogar la ley y la única manera de ganarle al oficialismo en el recinto es con un proyecto de modificación. Pero si votamos que las actualizaciones de los alquileres operen cada tres o seis meses, como dice el dictamen, Milei se va a trepar a su banca para acusarnos de casta y de tibios. Esto no habría ocurrido si el resultado de las PASO hubiese sido otro. Ahora todo gira en torno a cómo se para Milei en los debates.”

El oficialismo, en alerta

El oficialismo, en tanto, observa de afuera los dilemas opositores. Por lo pronto, no dará quorum a una sesión convocada por sus adversarios. Si éstos logran abrir la sesión, darán el debate para sostener su dictamen de mayoría, el mismo que los opositores deberán voltear en el recinto antes de intentar cualquier modificación.

El proyecto oficialista mantiene los lineamientos de la ley actual: establece un plazo mínimo de tres años para los contratos y dispone que la actualización de los alquileres sea anual según una fórmula que resulta de la combinación entre el índice de inflación y el de salarios (Ripte). Asimismo, incorpora una serie de incentivos fiscales para fomentar la oferta de inmuebles y así abaratar los precios.

Aun a riesgo de sufrir una derrota en el recinto si toda la oposición logra cerrar filas detrás de una estrategia común, los oficialistas no dramatizan. Al contrario. “A nosotros nos facilita el discurso político y electoral –sostiene un avezado dirigente kirchnerista–. Vamos a poder mostrar que de un lado están Milei y (Patricia) Bullrich, auspiciados por (Mauricio) Macri, impulsando una derogación que, lisa y llanamente, legalizaría la situación actual del mercado de alquileres con precios en dólares y contratos leoninos. Quieren dejar a los inquilinos sujetos a las condiciones del mercado, lo que le dará más poder a los propietarios para imponer condiciones”.

Más allá de este eje discursivo, lo cierto es que dentro del Frente de Todos también hay contradicciones internas. Sergio Massa, nada menos que el candidato del oficialismo a la presidencia y ministro de Economía, planteó en varias oportunidades que la ley actual, la misma que su tropa defiende en el Congreso, debe ser modificada.

“Hay que lograr que el Congreso trate las modificaciones a la ley de alquileres –repitió Massa en una entrevista reciente a Crónica TV–. En algún momento planteé no con mucho éxito que el tema de la legislación sobre alquileres debía tener un marco general en el Código Civil argentino. Y que después cada legislatura de cada provincia debía reglamentar de acuerdo a la oferta de cada una”.

No solo Massa insiste en modificar la norma. También Leandro Santoro, diputado y candidato de Unión por la Patria a jefe de gobierno porteño, fue en esa línea.

“Mi posición personal, desde mi experiencia, es que hay que revisar esta ley porque no ha cumplido la función que esperábamos. Fundamentalmente es un problema para los inquilinos. Hay que revisarla, corregirla y escuchar a todas las partes”, afirmó en declaraciones previas a las primarias. La oposición se lo recordará en el recinto.