A lo largo de las próximas cuatro reuniones de comisión, la Cámara de Diputados tendrá la difícil tarea de sintetizar en un sólo texto las más de veinte propuestas que se presentaron en el último tiempo para reemplazar a la actual Ley de Alquileres. Más allá del pedido para derogar la norma 27.551, la mayoría de las iniciativas ponen el foco en la necesidad de modificar la duración de los contratos y la fórmula de actualización, mientras que otros apuntan a gravar las viviendas ociosas o crear un organismo para regular los precios.   

En el primer encuentro de la comisión de Legislación General del martes pasado, del que participaron más de 40 expositores, quedó a la vista el fuerte conflicto de intereses entre inquilinos y propietarios en torno a la ley vigente. Mientras los primeros, en términos generales, defendieron la norma y reivindicaron varios tramos de su articulado, los segundos son partidarios de reformarla. Entre el oficialismo y la oposición también hay una puja similar, aunque de un lado y del otro sostienen que hay que atender los diferentes reclamos. 

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio fijaron un plazo de 30 días hábiles para consensuar un proyecto que deje contentos a unos y otros, algo que varios reconocen será muy difícil, sobre todo en momentos en los que la inflación está lejos de mermar. Además de escuchar a los representantes de inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios, los legisladores analizarán las diferentes propuestas que ya fueron presentadas en la Cámara baja.

Los proyectos de Juntos por el Cambio

Al igual que el diputado de PRO Alberto Aseff, tiempo atrás, la radical Karina Banfi propuso la derogación de la ley que fue sancionada en 2020. En los últimos meses, ese reclamo se transformó en una de las banderas del interbloque opositor hasta que finalmente llegaron a un acuerdo con la bancada oficialista para empezar a tratar este tema en la comisión de Legislación General.    

En lugar de derogar la norma, el diputado de PRO Álvaro González impulsó una iniciativa para modificar sólo dos artículos, que son los más cuestionados por los propietarios y los corredores inmobiliarios. Propuso que la duración de los contratos de alquiler vuelva a ser de dos años en lugar de tres y que deje de ser obligatoria la actualización anual. Su compañero de bloque Luciano Laspina fue un poco más allá y solicitó que haya incentivos fiscales para la construcción de inmuebles destinados al alquiler.

Uno de los proyectos más recientes que se presentaron desde Juntos por el Cambio fue el del diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó. También promueve que el contrato sea de dos años, prorrogable por un año más; elimina el índice de actualización obligatorio, plantea que la indexación se convenga entre las partes o por índice oficial, ajustable en un tiempo no menor a 6 meses, y contratos temporarios con una duración de 6 meses, a la vez que suprime la obligatoriedad al propietario de elegir una de las garantías que proponía el locatario.

Lo que propone el Frente de Todos 

Del lado del oficialismo se presentaron en las últimas semanas dos proyectos que no ponen el eje en la duración de los contratos, ni en las actualizaciones, sino en el rol que debe adoptar el Estado -con una mayor injerencia- para aumentar la oferta de viviendas y regular los precios del mercado. 

En la iniciativa que presentó el legislador oficialista José Luis Gioja se establece que el Consejo Nacional de la Vivienda diseñe un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y CABA destinados a la gestión pública de alquileres sociales. Y deja abierta la posibilidad de gravar las viviendas ociosas.

Otro de los puntos importantes del proyecto es el referido a los topes de precios iniciales de alquileres. Según el texto, para el precio inicial de renovación de contrato de alquiler deberá ser del 10%; y para precio inicial de nuevo contrato 20%, adicional, respectivamente, al que corresponda con el ajuste anual previsto en la Ley 27.551.

Además, Gioja plantea una serie de beneficios para inquilinos monotributistas, entre ellos que los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes  de la AFIP; y promueve la desgravación impositiva por 15 años para propietarios.

La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta también presentó un proyecto, que suspende los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva norma, propone que el depósito de garantías sea en cuotas y crea una "Cámara Nacional de Alquileres", encargada de fijar los precios de los alquileres.

La Cámara Alquileres estará integrada por 2 representantes del Poder Ejecutivo, 1 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y 1 de la Secretaría de Comercio, 1 representante de los locatarios, 1 representación de los locadores, ambos con alcance nacional, y 1 representante del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).