Como complemento para sus ejercicios sobre dos ruedas, cuentan además con cuatro “pistas de salud”, equipadas con elementos para entrenamiento construidos en madera; áreas de recreo; una cancha de básquet; y decenas de juegos para niños como hamacas, toboganes, pérgolas, bancos y cestos de basura.

Si el lector busca la “Ciclovía del Camino de Sirga” y no la encuentra no debe preocuparse.

De hecho, el órgano de control de la provincia, el Tribunal de Cuentas (TC), tampoco pudo hacerlo. Por eso, el miércoles pasado se inició un juicio de responsabilidad contra los ex titulares de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito y Roberto José Bianchi; contra dos ex jefes de la repartición, José Ernesto Amín (de Servicio Administrativo Financiero) y Luis Alberto Roldán (División Obras por Administración del Departamento Obras Eléctricas); contra el arquitecto Julio César Villafañe, titular de la firma contratista que lleva su nombre; y contra el contador fiscal del TC delegado (es decir, afectado) a la DAU, Rodolfo Atilio Torasso.

Según el acuerdo N° 785/2014, los integrantes del organismo de contralor, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), advirtieron que la DAU implementó “desde la dirección, y con la participación necesaria de los funcionarios indicados y, especialmente, del contador fiscal delegado, un sistema de contratación y realización de obras” que utilizaba de manera presuntamente irregular una norma provincial para facturar trabajos sin licitación.

El informe detalla que el límite para los contratos directos establecido por la ley N° 7.960 es de $ 150.000, por lo que se dividió en cuatro expedientes un proyecto hasta alcanzar los $ 500.000. “Estas obras no tenían acta de inicio, no se designaba inspector de obra, no tenían acta de recepción provisoria ni definitiva, y tampoco se emitían certificados de obra. Todas estas transgresiones legales facilitaron el desenlace dañoso de la obra ‘Ciclovía en Camino de Sirga’”, afirmó el TC en el acuerdo N° 785/14.

En la revisión concretada por los ingenieros fiscales del ente de control se corroboró que se había ejecutado el 45% del ítem “limpieza de terreno”; el 35% de lo previsto para “relleno, nivelación y compactación del terreno”; el 22% del ítem “contrapiso de hormigón simple”; no había además “pistas de salud”, y sólo encontraron tres de las cuatro pérgolas abonadas por el Estado (“que no tienen las medidas indicadas”). Y faltan también “tres hamacas, tres toboganes, los 40 bancos premoldeados y 15 cestos de basura”, todo esto según la documentación publicada en el sitio web del Tribunal de Cuentas.

Previo a la renuncia

El ente de control inició el expediente de investigación administrativa en septiembre de 2012, cuando inició una comprobación sumaria tras pedir informes sobre la obra “Ciclovía en Camino de Sirga”. Días antes de este trámite, Miguel Brito había renunciado como titular de la DAU, luego de que el TC detectara presuntos sobreprecios en la restauración de la fachada de la Casa de Gobierno. El ex funcionario alperovichista podría haber contado con fueros parlamentarios, porque aparecía cuarto en el acople alperovichista para legislador -en 2011- que lideraban Armando Cortalezzi, Guillermo Gassenbauer y Graciela Suárez de Cano. Ese año, el primero de ellos tomó licencia para asumir como interventor de la Caja Popular. Brito renunció a la banca, tras la presión ejercida por el bloque oficial “Tucumán Crece”, y aseguró que volvería a ser candidato una vez dilucidadas las denuncias en su contra. Hoy es asesor del senador nacional alperovichista Sergio Mansilla. En diciembre del año pasado, el ex funcionario del PE fue imputado por el fiscal de Instrucción Arnoldo Suasnábar debido a presuntas anomalías en 89 obras realizadas sin licitación durante su gestión en la DAU.

El informe del TC destaca que Brito “implementó un sistema de contratación en abierta violación a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas. Las contrataciones fueron realizadas a través de cuatro expedientes administrativos distintos con el evidente propósito de eludir el tope máximo de contratación establecido por el artículo 1° de la ley N° 7.960”, indica el ente de control. Y advierte que el contador fiscal delegado a la repartición, Torasso, “parece no haber advertido la maniobra. Con su intervención convalidó todas las irregularidades”, añade el documento oficial.

Según el detalle, el daño al erario asciende a la suma de $ 320.000; de estos, casi $ 260.000 corresponden a mano de obra, y unos $ 60.000 a materiales eléctricos “que fueron pagados y no ingresados” a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.

En su declaración ante el TC, Brito (primer sindicado por el organismo en el listado de posibles responsables) justificó la situación aduciendo que “la ley 7.960 es una ley de excepción a la Ley de Obras Públicas”. El ente de control señaló que la “afirmación carece de todo asidero jurídico”, ya que la primera norma “sólo exceptúa del procedimiento de la licitación pública, no así del régimen de fondo”. “Atento la entidad y gravedad de los hechos y conductas ventilados en los presentes actuados, se deberá poner en conocimiento de la presente al fiscal de Instrucción penal que corresponda”, remarcó por último el ente de control.