El gobernador, José Alperovich, entendió que la elevación a juicio del “caso DAU” es la prueba más cabal de que su gestión “no protege a nadie” acusado de supuestas irregularidades. Al menos, así lo expresó ayer al ser consultado por LA GACETA respecto del proceso oral y público al que será sometido Miguel Ángel Brito, director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) entre 2009 y 2012, por los presuntos delitos de fraude a la administración pública y negociación incompatible con el ejercicio de su cargo.

“Lo bueno es que la Justicia ha funcionado. Siempre digo que no protegemos a nadie del Gobierno y esto quedó demostrado con claridad. La Justicia resolverá y dirá si (Brito) es o no responsable”, manifestó Alperovich tras recorrer las obras del futuro laboratorio de monitoreo de efluentes en la secretaría de Medio Ambiente. 

La jueza de Instrucción de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera, ratificó la postura del fiscal de Instrucción de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, y consideró que existen pruebas e indicios de las supuestas anomalías en la repartición provincial que se ocupa de pequeñas obras públicas. En base a las pruebas, la magistrada entendió que Brito “abusó de la discrecionalidad” que le otorgaban las normativas , dado que le permitían realizar contratos directos (sin licitaciones) por hasta $ 150.000, en casos de necesidad y urgencia. Según Lenis de Vera, hubo proyectos en los que se desdoblaron las etapas del trabajo para evitar el tope fijado por la ley, y de esa manera, sortear los procesos licitatorios. “Para ello se valió de empresas que, en su gran mayoría, no se encontraban legalmente constituidas”, apuntó la jueza.

La causa contra Brito se había abierto en agosto de 2012, tras una denuncia de la entonces legisladora -hoy es senadora- Silvia Elías (UCR). Además de esta demanda, la causa incluyó una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas (TC) a la gestión del ex funcionario y de informes contables realizados por peritos de la Corte Suprema de Justicia.

Brito quedó cerca de convertirse en el primer ex funcionario alperovichista en tener que rendir cuentas ante la Justicia. Sin embargo, aún no se fijó la fecha del debate. La imputación, de ser comprobada, podría implicar una pena máxima de seis años de cárcel y la inhabilitación permanente para ocupar empleos públicos.

Con vistas a 2015

Por otro lado, Alperovich respondió al pedido del intendente capitalino, Domingo Amaya, de implementación del voto electrónico en los comicios provinciales de 2015. “Si se puede hacer, no tengo problema (en que comience a emplearse)”, lanzó el mandatario. 

Durante la semana pasada, Amaya había reclamado que se pusiera en vigencia ese sistema electoral. Ayer, durante una actividad oficial, el jefe municipal reiteró sus conceptos. 

“En 2006, fui convencional constituyente y hemos establecido el voto electrónico. Creo que ya tenemos que implementarlo. Había que reglamentar la ley y fue reglamentada en 2007. Pasamos (las elecciones de) 2009, 2011 y 2013. Esto es fortalecimiento de la democracia y transparencia. Nadie se tiene que molestar”, justificó. Consideró además, que debería ponerse en marcha paulatinamente. 

Las diferencias entre el alperovichismo y el amayismo vienen profundizándose desde las últimas elecciones, en octubre, cuando Amaya quedó fuera de la lista del oficialismo de candidatos a diputado. Desde entonces, tomó fuerza la versión de que el intendente tendría las intenciones de ser candidato a gobernador. 

Monitoreo del Salí 

Alperovich destacó el trabajo en materia medioambiental. “Tenemos un monitoreo, con equipos de última generación con los que medimos qué contaminación tiene cada una de las empresas (en el río Salí). De 60, verificamos 22”, consignó. 

El ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, resaltó que el laboratorio permitirá detectar niveles de metales pesados en los efluentes industriales.