El fallo que absolvió a todos los imputados en el caso Verón descorrió el telón sobre los hermanos Ale, implicados en delitos desde hace más de veinte años. Paulina Lebbos, asesinada en 2006, podría ser víctima de los “hijos del poder”. El trabajo silencioso de las familias es clave ante un Estado ausente.

Por Agustina Grasso

Perfil

Oidos sordos. Durante el gobierno de José Alperovich, los casos de desapariciones y asesinatos se multiplicaron, sin que el gobernador se haga cargo de las investigaciones. Sólo en el caso Verón, de más visibilidad, se involucró.

Luego del polémico fallo del tribunal tucumano, que absolvió a todos los imputados en el caso de Marita Verón, se despertó una fuerte polémica sobre cuál es el escenario político y judicial actual de la provincia.

“En Tucumán existe miedo en la investigación penal preparatoria, en los fiscales, en la Corte y en los círculos de la legislatura. Por eso es que hay tanta impunidad”, denuncia Jorge Lobo Aragón, ex juez de instrucción y secretario de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y agrega: “las alianzas entre el poder político, el juego y el fútbol vienen desde hace veinte años atrás. Las mafias se manejan con patoteros y tipos que te intimidan. Los policías también están relacionados”.

En Tucumán, más allá del caso Marita Verón, existen diversas historias que no tuvieron tanta trascendencia, pero no por eso no cayeron en la impunidad.

Una de las más llamativas es la de Paulina. Ella tenía 23 años y estudiaba Comunicación Social. Estaba de novia y tenía una hija de 5 años.

El 26 de febrero de 2006 esa vida se terminó. Paulina nunca llegó a la casa de su novio, César Soto, luego de festejar con amigos que había aprobado una materia. Paulina estaba desaparecida.

A partir de ese día comenzó una búsqueda desesperante por parte de sus familiares y conocidos. Hasta que quince días después, el 11 de marzo del mismo año dos jóvenes vieron un cuerpo con la cabeza rapada al costado de la ruta 341, camino a Raco. Era Paulina. La autopsia determinó que murió por asfixia. Alguien la ahorcó y antes la habían violado.

Pistas que no conducen a ningún lado. En un primer momento la hipótesis del caso se inclinó hacia una fuga de hogar y problemas familiares. Pero con el paso del tiempo todo fue cambiando. A medida que pasaron los días, la policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia dicen que parecían dedicarse a desviar el curso de la investigación, plantando datos falsos, más que a buscar la verdad.

“Cuando se encontró el cuerpo, los policías intervinientes, a cargo del jefe de Policía Hugo Sánchez y el secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, lo movieron. Desbarataron el lugar del hecho. Escondieron las primeras fotos tomadas en el lugar y tomaron otras después de cambiar la escena, adulteraron las actas y falsificaron firmas de testigos”, detalla el padre de Paulina Alberto Lebbos, un hombre que al momento de morir su hija era subsecretario de Juventud provincial. Luego de la pérdida, renunció al cargo y se dedicó a buscar a los asesinos de Paulina por su cuenta ya que no sabía en quién confiar. Se convirtió en una Susana Trimarco.

Alberto le explica a Perfil que empezó a relacionar el caso con los llamados hijos del poder. “Lo que pasó es que hubo una fiestita y se les fue la mano, como pasó con el caso María Soledad”.

Hasta el día de hoy, no hay ningún detenido y la causa está paralizada desde hace años: “yo acabo de venir de tribunales pidiendo respuestas, pero el fiscal a cargo, Carlos Albaca, me dice que se sigue investigando, pero es mentira. No hay avances. Nunca hubo ni siquiera cruces telefónicos”.

Emilio Mrad, el abogado de la familia Lebbos remarca: “hay un encubrimiento desde el sector político para no avanzar con la investigación. Hubo muchos manejos”.

En este sentido, Lebbos repite una y otra vez un hecho que no quiere pasar de largo: el gobernador de la provincia, José Alperovich, en abril de 2006 dijo públicamente que sabía el nombre del asesino de Paulina y que faltaban pocas horas para atraparlo. “Todavía le estoy reclamando a Alperovich ese nombre. Nunca lo dijo y tampoco se lo llamó a citar”.

“Los fiscales podrían citarlo de oficio, al igual que los jueces de instrucción. Pero no se hace por miedo, temor. El poder judicial es muy afín al poder. Hay una legislatura, en donde la mayoría es simpatizante o afín al gobierno de José Alperovich”, dice Jorge Lobo Aragón.

Hay mucha gente mayor de sesenta años que no se quiere meter, tampoco se quieren jubilar. Entonces hacen la vista gorda o la misma gente que investiga te dice que tienen miedo”, revela Aragón, uno de los únicos jueces que se animó a dictar la prisión preventiva a los hermanos Ale (“La Chancha y El Mono”) por el asesinato del oficial Juan Andrés Salinas.

Nada de cinco estrellas. El clan Ale estaba a cargo de la flota de remises Cinco Estrellas, que llegaron a trasladar a Paulina la última noche que se la vio con vida y a Marita, la última vez que alguien la vio.

La esposa de La Chancha, María Jesús Rivero, una de las imputadas absueltas en el caso de Marita Verón, estaba a cargo de ese negocio también.

A los Ale se los acusa de manejar redes de trata, juego, prostíbulos y whiskerías. También pasaron de ser jefes de la barra brava a hacerse cargo del club San Martín de Tucumán. Ahora se encuentran en libertad y se los denuncia por usurpación de campos.

Dime quién eres y te ascenderé. El primer fiscal que estuvo a cargo del caso de Paulina fue Alejandro Noguera, quien luego fue removido del puesto por haberse dirigido a la casa del gobernador “sin ninguna autorización de la corte”, según detalla Emilio Merad. Pero lejos de distanciarse del poder, fue ascendido: actualmente es fiscal de cámara de apelación.

La causa Paulina entonces pasó a estar en manos del fiscal Carlos Albaca, “un especialista en detener las causas. No investiga, no conversa y deriva. Hoy ya tiene edad de jubilarse y no lo hace”, manifiesta Aragón, a quien llegaron a balearle el estudio de abogados, luego de mandar a la cárcel a los Ale y su familia tuvo que refugiarse.

Por su parte, según denuncia Lebbos, el destino de varios de los funcionarios implicados en la causa de su hija continúan siendo parte del actual gobierno: el entonces ministro de Seguridad, Pablo Baillo, debió renunciar por las sospechas de encubrimiento, pero hoy continúa trabajando para el gobierno de José Alperovich, con un cargo de “asesor”.

El secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, se desempeña aún en su puesto: “Nunca recibió un llamado de atención por las irregularidades de la causa”. El jefe de la regional Norte, Rubén Brito, fue separado de su cargo.

Luego fue ascendido y actualmente está jubilado. El comisario de Raco, Enrique García, quién reconoció haber mandado adulterar las actas, estuvo preso un día. Luego, ascendió a jefe de Logística de la Jefatura, y su hijo consiguió un nombramiento en el Instituto de Previsión Social.

El jefe de policía, Hugo Raúl Sánchez, y el subjefe Nicolás Barrera continuaron en sus cargos hasta que se jubilaron en 2011, luego de un autoacuartelamiento policial por motivos salariales.

Otros casos impunes. Luego de la muerte de su hija, formó la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán. Una asociación que agrupa a más de 200 familias con casos similares y marchan todos los martes a la Casa de Gobierno tucumano reclamando justicia.

“El denominador común es la prescripción de los casos por el paso del tiempo. No se investiga, pasa el tiempo y prescribe. En general, estos casos de desaparición de personas, violaciones y asesinatos crueles tienen un denominador común: protección política porque muchas veces están relacionados con punteros políticos”, sentencia Lebbos.

Falta de investigación. Por ejemplo, Pamela Laime es una joven que desapareció en el año 2000 en Gobernador Garmendia, un pueblo al límite con Santiago del Estero. Ella era empleada doméstica a tiempo completo.

Un domingo, día de la madre, cuando volvía de la casa de su familia y se dirigía a su trabajo, bajó del colectivo y nunca más apareció. Hasta el día de hoy su familia la continúa buscando y denuncian falta de investigación por parte de la justicia y la policía.

¿Abuso de poder? El 21 de diciembre de 2006, Gustavo Jiménez, el hijo del ministro de Economía, iba corriendo una picada, cuando con su auto atropelló y mató a Silvia Jantzon de Marchese y a Domingo Marchese.

El fiscal pidió que el imputado fuera sobreseído. Se realizó una marcha de gran concurrencia y ahora se espera la resolución del juez. Hasta el momento, Jiménez continúa en libertad.

La familia de Cristian Eduardo Herrera, un joven de 28 años que fue asesinado de dos balazos en el abdomen en el 2009. Los presuntos responsables, identificados como Juan de la Cruz Décima, y su hijo Pablo Décima habrían atacado al joven. Mientras que un vecino, identificado como Correa, habría realizado los disparos.

La madre de la víctima, Beatriz Martínez, indicó a un medio local que “por lo menos 5 personas habrían participado del asesinato, entre ellos la familia Décima, y un amigo de la familia identificado como “Azúcar”, que aún no fue vinculado con la causa”.

Los familiares de la víctima denunciaron la desaparición de pruebas y aseguran un ex funcionario público estaría entorpeciendo la investigación.

Por su parte, está el caso de Ramón Tapia, un hombre que apareció descuartizado en enero del 2000 en una finca y nunca se supo quien lo mató. Su mujer, Mercedes de Tapia, le pide a la justicia y a la policía explicaciones ya que nunca hubo ni un detenido. También está el caso de Edgardo Agüero, que fue asesinado por un policía, Miguel Angel Martínez, el 30 de marzo de 1998. Actualmente el policía está libre y sigue en funciones.

Lebbos dice que la lista de casos impunes es interminable y que semana a semana, más familias se unen a la marcha de los martes en reclamo de Justicia. Un reclamo que asegura que no cesará hasta que no encuentre a los asesinos de su hija, Paulina.