El reclamo del intendente de la capital tucumana, Domingo Amaya, al gobernador José Alperovich por una deuda de  $ 200 millones (doscientos millones de pesos) del fondo de Educación de la Nación, tiene una lectura jurídica y otra política.

Más allá del tecnicismo rebuscado y los resquicios burocráticos donde aspira refugiarse infructuosamente Aperovich, lo cierto es que la deuda es real. No obstante, como en todas las provincias, difiere la “forma” o “metodología”  de hacer efectivo el desembolso de los fondos que la Provincia debe hacer sí o sí al municipio.  

Es más, el Gobernador, negando el pago del Fondo Educativo al intendente Amaya, viola una normativa nacional, hablamos de una Ley que debe cumplirse en todo el país, con el agravante de que se trata de recursos previstos por Nación para sostener sistemas educativos.   

De manera que, jurídicamente Alperovich decide adrede evadir leyes que ordenan un aspecto tan delicado y sensible como la educación pero ¿por qué lo hace? Por razones estrictamente políticas. El Gobernador quiere concentrar la caja y no liberar fondos con el objeto que Amaya no oxigene las cuentas del municipio en época electoral.

El Primer mandatario tucumano lo hace para condicionar desde el punto de vista financiero al intendente peronista e impedir que el candidato a vicegobernador del Acuerdo por el Bicentenario que va en fórmula con el radical José Cano use el aparato municipal como maquinaria electoral echando mano a todos los recursos habidos y por haber.

En este sentido el problema no es solo que el Gobernador sea mal pensado sobre la utilización o desvío de recursos con destino específico. Alperovich traduce Fondo Educativo por Fondo de Campaña.  Lo grave sería que Amaya haga la misma traducción.