Hay contratos basuras. Y contratos de basuras. Los contratos de basura de todos los Ayuntamientos del mundo que privatizan la gestión de sus residuos son un jugoso manjar económico para numerosas empresas. Madrid quema todos sus desechos en el conocido Parque Tecnológico de Valdemingómez. Aquí terminan los desechos de los más de tres millones de madrileños. Más de tres toneladas al día. Del escondite del cubo de la basura de la cocina, a Valdemingómez. Del contenedor de la esquina de la calle, a Valdemingómez. El 4 de junio de 2020, justo un año después de llegada del popular José Luis Martínez-Almeida al bastón de mando del palacio de Cibeles, expiró el contrato de la única incineradora con la que cuenta este centro de residuos capitalino.

Desde esa fecha, la planta que se encarga de quemar los desechos, conocida como Las Lomas, sigue funcionando a pleno rendimiento, pero sin ningún tipo de contrato. Ningún papel firmado. Nada. 19 meses después, la empresa concesionaria de estos residuos, pese a no contar ya con ningún tipo de vínculo con el Ayuntamiento y al no admitir el anterior contrato ninguna posibilidad de prórroga, sigue siendo la misma: Urbaser, una compañía medioambiental de origen español que fue vendida a China en 2021 y que figura siempre en todo tipo de negocios medioambientales con el palacio de Cibeles. PSOE, Más Madrid, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la capital denuncian la “opacidad”, la “irregularidad” y “el escándalo” del PP en todo este proceso.

Este lunes, por ejemplo, el portavoz de Medio Ambiente por el PSOE, Ignacio Benito, activó el micrófono en la comisión del ramo a media mañana:

―Buenos días, si algún día les dicen que el río Guadiana pasa por Madrid, no se sorprendan.

El edil socialista denunciaba, de nuevo, que desde hace varios meses un punto del orden del día aparece y desaparece de los plenos. Benito, que lleva lamentando esta gestión desde hace meses, se refería a un reconocimiento extrajudicial de crédito para Urbaser durante este año y medio. A fin de cuentas, una cosa es que no haya contrato y otra es que la empresa lo haga gratis. El reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento administrativo con derivaciones presupuestarias por el cual se reconoce un crédito a favor de un tercero. Un mecanismo que debería ser una excepción y no la regla. Los expertos en derecho consultados explican que surgió para dar respuesta a aquellas obligaciones que nacieron al margen de los límites presupuestarios. El PP incluye estos reconocimientos económicos continuamente, pero, para llevarse a cabo, necesitan ser aprobados en un pleno, un hecho que todos los partidos de la oposición―incluido Vox― han rechazado. ¿Cómo está cobrando entonces Urbaser?

El Ayuntamiento de Madrid responde que precisamente este jueves se ha adjudicado el nuevo contrato a Cespa, que pertenece a Ferrovial, hasta 2025. Así pues, Urbaser dejará de ser el administrador de la incineradora en diez días, siempre y cuando no haya recursos jurídicos, que alargarían más el proceso. La cifra del contrato no ha sido facilitada por el área de Medio Ambiente. “El motivo de este retraso ha sido la complejidad de los pliegos desde el punto de vista técnico”, asegura por teléfono el edil de Medio Ambiente, Borja Carabante.

“En Valdemingómez huelen mal muchas cosas”, cuenta por teléfono el propio Benito. “El Medio Ambiente no les importa lo más mínimo”, asegura también el concejal de Más Madrid, José Luis Nieto. “Estamos hablando de 18 meses. ¿De verdad que han tenido todo este tiempo solo para elaborar los pliegos?”. Más Madrid llevará el próximo martes al pleno la reprobación del edil popular de Medio Ambiente, Borja Carabante. La reprobación es una figura política no vinculante que sirve para demostrar la crítica de la oposición en público. Tal y como está el clima en el Ayuntamiento, quizá pueda salir adelante.

“A lo largo de los más de 18 meses transcurridos desde entonces”, observa Nieto, de Más Madrid, “la gestión se ha visto caracterizada por el abuso de fórmulas de pago existentes para situaciones excepcionales”. Estas son las cuentas: 10.221.870, 37 euros por los servicios de explotación y mantenimiento de la planta desde el 5 de junio de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020. Y otros 16.426.653,20 euros por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. Casi 27 millones de euros en facturas, de los que Urbaser ha cobrado la primera parte, según fuentes de Medio Ambiente. Para cobrar los 10 millones tendrá que llevarse a pleno en febrero, de nuevo. “Vox no quiere aprobar esto y lo convierte en un tema político”, asegura el edil de Medio Ambiente.

“Esto es un escándalo mayúsculo”, dice también por teléfono el presidente de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos. “No es que no haya contratos, es que sigue funcionando las 24 horas del día y parece que aquí no pasa nada. Han sacado el concurso y todavía no han fallado nada. ¿Una empresa va a estar un año y ocho meses sin cobrar?”. Todo esto se suma a la queja unánime de los vecinos. No es solo la quema de los residuos, sino los olores.

Los vecinos habían negociado hace siete años un plan de cierre con la entonces alcaldesa Manuela Carmena. Durante 2015 y 2016 el Gobierno de Ahora Madrid encargó dos estudios para medir los olores en Valdemingómez —los que emite la planta y los que llegan a los diferentes distritos—, que puso el problema sobre la mesa. Según la FRAVM, un vecino de Vallecas, donde se encuentra la incineradora, respira tres veces más las partículas contaminantes que uno del distrito de Salamanca.

En 2017 se adjudicó un contrato para saber cómo reducir estos los malos olores. Al año siguiente se publicó otro básico para realizar un proyecto. Durante este tiempo se diseñaron más de cien acciones concretas: modificaciones en planta, construcciones de nuevas infraestructuras e incorporaciones de nuevos protocolos. Se redujo en un 80% la emisión de ácido sulfhídrico, uno de los olores más presentes, y se canalizó todo el biogás de la planta, entre otras acciones. El 7 de enero de 2020, sin embargo, Almeida canceló el proyecto para reducir todos estos malos olores, el mismo año en el que vertedero recibió 200.000 toneladas extras de basura procedentes de otros 31 municipios de la región. Más quema. Más olores. Más quejas vecinales.

El plan vigente cuenta ahora con un presupuesto de seis millones de euros, y no de 12, como constaba en el anterior. Tanto PSOE como Más Madrid denuncian que el PP no tiene ningún plan de residuos para la ciudad. El objetivo, firmado por el mandato anterior, era cerrar la polémica incineradora en 2025 y reducir hasta la mitad los olores en la polémica planta incineradora para este año. Carabante (PP) es tajante: “Es imposible cerrar la planta. Si no se incinerara, el vertedero municipal colapsaría. No se puede prescindir”.

“Desde el punto administrativo lo que está pasando con la incineradora es una irregularidad”, cuenta por teléfono Nines Mazarrón, coordinadora de Ecologistas en Acción en la región. “Y desde el punto de vista medioambiental los informes también son demoledores. El porcentaje de los residuos es altísimo. En esta situación, lo que pensamos es que este retraso puede ser también intencionado para justificar la adjudicación a la misma empresa por la deuda que se tiene. Hay un descontrol absoluto”. El próximo 30 de enero los vecinos de Vallecas saldrán a manifestarse por tercera vez. Realizarán un recorrido de nueve kilómetros para pedir su cierre, de nuevo.

Todo esto se suma a la opacidad del Ayuntamiento en la publicación de las memorias del centro de residuos. Ahora mismo en la web municipal la última vigente es la de 2019, que asegura que cada madrileño genera 1,13 kilos de basura al día. Ni rastro de la de 2020 ni la de 2021.