La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, entregó ayer en Montevideo la confesión de Leonardo Fariña y otras pruebas de la ruta del dinero K a la jueza uruguaya, Adriana De los Santos. También se reunió con la diputada opositora uruguaya Cristina Bianchi que integra la comisión antilavado del parlamento uruguayo, para intentar ayudar a recuperar los bienes de Báez en el vecino país.

Ocaña dijo a Clarín que durante su estadía “me informaron que la jueza De los Santos allanó la sede de la empresa suiza Helvetic -la compradora de La Rosadita- en Montevideo pero la oficina ya había sido desarmada”. Helvetic la dirige el argentino Néstor Ramos, quien fue llamado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello.

La diputada precisó que Helvetic creó 148 empresas off shore en Nevada, Estados Unidos, a través de la consultora panameña Mossack Fonseca y del estudio jurídico uruguayo del presidente de Peñarol, Pedro Damiani.

Confirmó que la jueza Dos Santos embargó el campo El Entrevero de José Ignacio que Fariña compró en 14,5 millones de dólares y que mandó exhortos a Casanello para iniciar un intercambio de datos. Pero Dos Santos cree que el delito precedente del lavado fue un fraude al Estado y Casanello que fue la evasión impositiva de Austral Construcciones gracias  a la usina de facturas truchas de Juan Suris en Bahía Blanca. Si Casanello no cambia el delito precedente de su causa, se trabaría la posibilidad de cooperar entre ambas justicia. La Justicia uruguaya no colabora en casos de evasión de impuestos.

En la entrevista con el programa de Jorge Lanata, el ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, afirmó que creía que Helvetic era propiedad de Báez. Ramos es el director de esta firma suiza creada en Lugano y el dueño del 33 por ciento de sus accciones pero no se sabe quién es propietario del resto. Helvetic también jugó un papel clave para que Báez repatriara desde Suiza entre 30 y 55 millones de dólares a la Argentina entre fines del 2012 y principios del 2013. Este extraño retorno de plata, también es investigado por el juez Casanello.

Ocaña también aseguró que el estudio Damiani & Asociados es conocido en Argentina como una de las compañías que "históricamente vendía a los argentinos servicios para ocultar bienes en Uruguay". Para ello, el estudio, se valía de las antiguas Sociedades Financieras de Inversión -figura que daba cobertura legal a las empresas extraterritoriales y que fueron prohibidas en Uruguay en 2006-, explicó.

"Ya lo habíamos identificado -al estudio de Damiani- en la Comisión de Lavado de Dinero (del Parlamento) como uno de las que las utilizaban (...), y los papeles de Panamá confirman esta forma de operar", explicó la diputada en una entrevista con El Observador TV. En un comunciado, el estudio Damiani reiteró lo que afirmó cuando Clarín lo vinculó al caso en el 2014 que no trató nunca directamente con Báez.