En horas del mediodía de ayer, el fiscal de Instrucción de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, ordenó un allanamiento en la Municipalidad de Valle Viejo. Es en el marco de la denuncia penal que presentó el ex gobernador y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral contra funcionarios de la comuna chacarera, tras haber sido involucrado en una supuesta deuda millonaria con la Municipalidad por 85 lotes.

Luego que funcionarios chacareros hicieran pública la supuesta deuda inmobiliaria de Brizuela del Moral y del ex intendente Gustavo Roque Jalile, el legislador nacional explicó que solo poseía 2 lotes, por lo que intimó al municipio a rectificarse o ratificar sus acusaciones. Y ante la negativa de la comuna, Brizuela inició la demanda penal. (Ver página 3).

En medio de la investigación, y a solicitud del demandante –para que se resguarden las pruebas-, el fiscal Sago pidió el allanamiento para el consecuente registro de la documentación catastral de la comuna en lo que respecta a la investigación por la deuda que intentó cobrar la Municipalidad de Valle Viejo sobre 85 lotes y la supuesta deuda que habría sobre éstos. 

Del operativo participaron el secretario José Peralta y el delegado judicial Carlos Ruiz, entre otros. 

En principio, la denuncia penal fue radicada contra el asesor legal de la Municipalidad, Carlos Uslenghi, y contra el secretario de Hacienda, Pablo Barros. 

Acusación pública 

El conflicto arrancó el pasado 11 de marzo cuando el municipio de Valle Viejo informó que grandes contribuyentes del Impuesto Inmobiliario tenían deudas con la comuna. Y señalaron que las supuestas deudas superaban los 40 millones de pesos.

Fue ahí cuando Uslenghi realizó declaraciones radiales y comentó que entre los deudores se encontraban reconocidos empresarios y políticos de Catamarca. Mencionó al ex intendente Jalile y al ex gobernador Brizuela del Moral.

En la oportunidad, le adjudicó la titularidad de 250 lotes con deudas a Jalile; y 85 a Brizuela del Moral.

En una carta documento, con fecha 25 de marzo, Brizuela había advertido que en caso de no rectificar la información "malintencionada” difundida a través de los principales medios de comunicación de la provincia y el correspondiente pedido de disculpas por parte de la Municipalidad de Valle Viejo -por el daño moral y otros-, procedería a iniciar las acciones penales que correspondiesen ante el "perjuicio del buen nombre y honor del suscripto”.