El miércoles, bajo un total hermetismo, se realizó un allanamiento en el Juzgado de Instrucción número 1, a cargo del juez Raúl Sahade, con la finalidad de proceder al secuestro de equipos informáticos y toda documentación de interés en una causa donde está sospechado de cobrar por sentencias y de facilitar escritos a una abogada que tramitaba una causa en ese Tribunal.

La medida judicial se llevó adelante después de las 14:30, una vez que los pasillo de los Tribunales quedaron desiertos. La orden fue dispuesta por el juez de Instrucción 2, Daniel Cesari Hernández, a requerimiento del fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, quien resolvió impulsar una instrucción penal, en base a los antecedentes que ganaron luz pública la semana pasada.

Además del secuestro de los elementos de pruebas solicitados por el Fiscal, el juez Cesari Hernández ordenó que el juez Raúl Nadim Sahade sea notificado de Derechos y Garantías, por lo que quedó imputado en la instrucción de la causa, lo cual complica más su situación frente a este grave escándalo, uno más que sacude al Poder Judicial de la provincia.

El caso contra Sahade surgió a partir de lo decidido por los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino; integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones quienes dictaron una resolución en la que decidieron remitir copias certificadas de un expediente penal, ante las sospechas que recaen sobre el juez Sahade.