Personal de Gendarmería Nacional allanó ayer al menos 20 lugares, entre ellos bingos del Conurbano y La Plata, todos de la empresa española Codere, además de las universidades nacionales de San Martín y Tres de Febrero, con el fin de desactivar una organización que habría defraudado al fisco por 1.000 millones de pesos mediante el uso de facturas truchas durante 2014 y 2015, informaron fuentes judiciales.

Los operativos fueron realizados por orden del Juzgado Federal nº 2 de San Isidro, que está siendo subrogado por la titular del juzgado nº 1, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la AFIP. 

Según trascendió, entre los usuarios de las facturas “se encuentran firmas que explotan juegos de azar (Bingos del Oeste SA, Bingos Platenses SA, Interbas SA e Interjuego), además de las universidades de San Martín y de Tres de Febrero”, informó la entidad tributaria.

Además, agregó que los allanamientos “apuntan a desbaratar la estructura ilícita organizada por un grupo de personas con el objeto de generar facturas apócrifas” .

Un vocero judicial indicó que “la investigación de la AFIP detectó un conjunto de empresas de apariencia real, pero en verdad ficticias, vinculadas entre sí, con identidad de domicilios y de personal, accionistas cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios”.

Con los datos provistos por el organismo estatal, la Justicia busca recabar las pruebas de la defraudación y evasión cometidas por los contribuyentes usuarios de los documentos que utilizaron este servicio. 

Aún no se sabe si los usuarios eran cómplices en el circuito de las facturas truchas. Esta cuestión será parte de la investigación que lleva adelante la Justicia. 

Tres bingos, las mismas autoridades

El manejo de Bingos Platenses SA, Interbas SA y Bingos del Oeste SA pertenecen a la cuestionada empresa española Codere. 

De acuerdo a los boletines oficiales de la República Argentina nº 33.392 del 3 de junio de 2016 y nº 33.394 del 7 de junio del mismo año, se informó que por asamblea general ordinaria y extraordinaria unánime se resolvió designar integrantes del directorio a Luis Javier Martínez Sampedro (presidente), Bernardo Chena Mathov (vicepresidente), José Ramón Rionda Jean, Antonio Cabo Lobo, Carlos Alberto Musis y Rafael Desiderio López Enriquez Chillon como directores titulares. 

Todos con mandato de un ejercicio y con domicilios especiales en Av. del Libertador 1068, 9º piso, Ciudad de Buenos Aires. Como se observa, se trata de las mismas autoridades para los tres bingos.

En manos de fondos buitre

La firma Codere actualmente estaría siendo controlada por fondos buitre desde 2014, cuando la sociedad que era conducida por la familia Martínez Sampedro no pudo saldar una serie de compromisos con sus acreedores, que terminaron quedándose con los activos de la compañía.

Uno de los acreedores más importantes de Codere sería Blackstone, fondo de inversión que operó también con deuda argentina y que cobraría la reestructuración aprobada en el Congreso nacional, la cual adquirió de varios bancos bonos de la deuda que los Martínez Sampedro mantenían con el sistema financiero.

Según se conoció, el año pasado se creó una nueva sociedad denominada Codere Newco, a la que la firma española transmitió la totalidad de su patrimonio. 

La transacción fue interpretada por muchos sectores como una suerte de vaciamiento.

El modelo de usina de boletas de Juan Suris 

La falsificación de facturas se utiliza para la evasión fiscal. En la Argentina, el caso de Juan Suris, amigo de Leonardo Fariña, fue uno de los más conocidos, quien admitió a fines del año pasado que había emitido este tipo de documentación para empresas vinculadas al entonces gobierno de Cristina Kirchner.

Como se recordará, junto a Suris están acusados su padre Eduardo, el piloto de automovilismo Juan Pipkin, Flavio Rodrigo Carrano, Nicolás Ibarra Gutiérrez y el contador Domingo Tomás Goenaga, todos apuntados como miembros de la misma organización delictiva.

A Suris, novio de la vedette Mónica Farro, se lo imputa de crear seis empresas (Attimo Bahía, CVP Industria, Bahía Acoplar, E&J Argentina, M-Magna y Scarsur Bahía) para realizar operaciones ficticias entre las llamadas usinas, y otras firmas reales a fin que estas últimas puedan evadir impuestos, previo pago de una comisión.

Los pesquisas analizaron las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas supuestamente administradas por Suris y, en algunas de ellas, se registró un mecanismo en el que una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques. El objetivo, siempre de acuerdo a la acusación, era el de simular pagos por operaciones que no existieron.