Este lunes fue allanada la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) a raíz de una denuncia por presunta malversación de fondos sobre su presidente, Aldo Tonón.

En particular, la estructura está bajo control y seguimiento del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien designó como director de la OSPJN a Tonón, ya que, a diferencia de otras obras sociales gremiales, la entidad no está controlada por el sindicato de la actividad, la UEJN, sino por la propia Corte Suprema.

El fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Capuchetti están al frente de la investigación que busca determinar la existencia de una presunta malversación de fondos en esa obra social a partir de un sistema de "afiliados VIP" que acceden a tratamientos más costosos negados para el común de los afiliados, además de un listado de personas que goza de la obra social que no pertenecen al Poder Judicial.

Asimismo, están bajo la mira contrataciones por licitaciones de más de 100 millones de pesos a una empresa cordobesa, del mismo origen de Maqueda, que trabaja desde 2008 con la OSPJN así como también el hecho de que familiares directos de Maqueda trabajan en la OSPJN a cargo de Tonón.