La Justicia avanzó en la causa que investiga la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. Por orden judicial el viernes se realizó el allanamiento de la cárcel y los funcionarios secuestraron el libro de ingresos y visitas y las filmaciones de las cámaras de seguridad. La medida responde a las denuncias presentadas por el abogado Pablo Llonto, el fiscal Félix Crous y la diputada Lourdes Arrieta y que fueron unificadas por el fiscal Sergio Mola.

La Justicia de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación y ordenó el allanamiento del penal al que asistieron los legisladores libertarios sin haber realizado las formalidades correspondientes para concretar una visita a los presos. El encuentro denunciado se concretó el jueves 11 de julio cuando los diputados de LLA Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde y María Fernanda Araujo se reunieron y se fotografiaron con un grupo de ex militares genocidas como Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti.

El juez federal Ernesto Kreplak, subrogante del juzgado de Lomas de Zamora que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, recibió a principios de la semana la presentación judicial del titular del Tribunal Oral Federal Nº 5, Daniel Obligado, en la que solicitaba la investigación del cónclave entre libertarios y genocidas tomando el reclamo de Llonto, abogado de Derechos Humanos y querellante en causas de delitos de lesa humanidad, al que luego se adhirió el fiscal Félix Crous que encabeza en el Ministerio Público Fiscal la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Según señaló Obligado en su presentación judicial en los fundamentos “de la acusación, se menciona la posible comisión de delitos en el marco de la visita a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, con condena firme y bajo proceso de ejecución”, lo que resultó en la orden de Kreplak de allanar el Penal y el secuestro del libro de Ingresos y Visitas y del material fílmico grabado por las cámaras de seguridad.

Los diputados libertarios intentaron restar importancia a la visita asegurando que era para encontrarse con excombatientes de la guerra de Malvinas. El grupo intentó esconder sus intenciones contando con el apoyo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que tiene bajo su mando al Servicio Penitenciario Federal y también esgrimió excusas pobres sobre el erigen de la visita. Una vez que se hizo público el encuentro trascendió que había sido organizado para intercambiar estrategias con el objetivo de que los ex militares pudieron acceder el beneficio de prisión domiciliaria, ya rechazado por la justicia al tratarse de delitos de lesa humanidad.

La revelación de la información del encuentro generó una interna en LLA. Una parte de los libertarios le soltó la mano a los diputados a los que acusaron de haber realizado la reunión sin discutirlo antes con los dirigentes, otros acusaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel como la ideóloga habida cuenta de su vinculación familiar con genocidas y su abierta posición negacionista del genocidio cometido por la dictadura militar.