Casi sobre el final del debate se develó la postura del PRO, que acompañó las herramientas financieras para el inicio del cuarto mandato del intendente Miguel Lunghi y le evitó al presidente Juan Pablo Frolik el tener que recurrir a su voto doble.

En tanto, el Frente para la Victoria (FPV) -primera minoría- rechazó el paquete de ordenanzas y reiteró sus críticas a ciertas políticas diseñadas por el jefe comunal, aunque reconoció el fuerte respaldo que el pediatra volvió a conseguir en las urnas sobre fines de octubre.

Por otra parte, el Frente Renovador cuestionó con dureza el aumento de más de 103 tributos municipales, aunque acompañó la creación de la nueva tasa de seguridad que aplica un 30 por ciento sobre la suba de la Retributiva de Servicios, Conservación de la Red Vial y Unificada a la Actividad Económica.

Los concejales debatieron durante más de cuatro horas. Tras la exposición del presidente de la Comisión de Economía José Luis Labaroní, llegaron los cuestionamientos de los titulares de las bancadas del FR Beatriz Fernández y FPV Pablo Bossio. Mucho más tarde, el referente del PRO Claudio Ersinger adelantó el voto de acompañamiento al radicalismo, su socio político en el frente Cambiemos que también logró imponerse en los comicios a nivel provincial y nacional.

En el medio, se armaron duelos entre legisladores de distintos espacios políticos, que se iban contestando con el delay propio del orden de pedido de la palabra. Los temas que generaron cruces  puntuales fueron el destino del Fondo Educativo, los presupuestos participativos de Vela y Gardey, los recursos destinados a ayuda directa en Desarrollo Social y el financiamiento a programas de empleo de Desarrollo Local, entre otros.

La presentación

En la voz del radical José Luis Labaroní quedó la presentación del Presupuesto 2016, quien avanzó en un repaso del espíritu progresista de Tandil desde su fundación. Justo cuando arrancaba, el secretario de Economía Daniel Binando y el jefe de Gabinete Mario Civalleri se sumaron desde la barra, donde ya se encontraba el titular de Desarrollo Local Jaime Feeney.

En principio, aclaró que “el plan de gobierno traducido en recursos”, una de las definiciones del presupuesto, estuvo signado por factores ajenos, como el contexto socio-político y la transición, donde la gobernadora María Eugenia Vidal recibió una provincia “quebrada”, que requiere un endeudamiento por 90 mil millones de pesos y elevará un 26 por ciento los impuestos.

Al mismo tiempo, resaltó que el Ejecutivo proyecta recibir 503 millones de pesos de transferencias de la Provincia, un 22 por ciento más que en 2015; mientras que planea recaudar 477 millones de pesos con las tasas, más 40 millones del Sistema Integrado de Salud Público. Por lo tanto, el Presupuesto 2016 asciende a 1022 millones de pesos, un 27 por ciento mayor que los 804 millones de pesos ejecutados este año.

Labaroní defendió el aumento del 27 por ciento en las tasas y en la de Actividad Económica una actualización de los mínimos, pero manteniendo los descuentos a los contribuyentes que pagan en término y el año anticipado.

Además, respaldó la creación de la nueva tasa de seguridad, que es “el principal” reclamo de la sociedad en estos tiempos.

Entre los objetivos políticos, enumeró una serie de aspectos que confluirán a “sostener las líneas de acción” para mantener la calidad de vida en la ciudad. Además, mencionó que están previstos dos aumentos del 10 por ciento al personal, para marzo y junio.

Los “equilibrios”

El presidente de la bancada del FPV Pablo Bossio marcó que en el mensaje de elevación del presupuesto siempre se mencionaba el objetivo de mantener un equilibrio entre los fondos municipales y los de origen provincial, como una “meta técnica”. Pero a partir del cambio de autoridades en la Secretaría de Economía, en 2016 la relación es del 57 por ciento de recaudación propia y 43 por ciento de coparticipación.

“No podemos pensar que nuestros vecinos van a estar mejor si le aplicamos estos aumentos”, cuestionó en cuanto a la ordenanza fiscal y destacó que “en tres años se crearon dos tasas nuevas”, lo que refleja la “presión tributaria”.

Sumado a esto, subrayó que los contribuyentes también afrontan la devaluación, aumentos de tarifas de servicios y en la canasta básica. “Lo único que miran son los números y lo que hay que mirar son los vecinos”, le achacó al Ejecutivo.

Bossio reparó en algunas áreas de gobierno, como Desarrollo Económico Local, donde se mantuvo el mismo presupuesto que el año pasado. Criticó que los recursos para el programa Empleo Joven bajaron de 2,3 a 1,7 millones de pesos y la asignación de menos de 100 mil pesos mensuales al Parque Industrial, por lo que estimó que “no habrá inversión en infraestructura”.

En Desarrollo Social observó que se destinarán 20 millones de pesos a ayuda social directa, por lo que reclamó “transparencia” debido a que luego las familias “rondan nuestros despachos” en busca de soluciones ante problemáticas sociales.

Por último, el concejal resaltó que en 2003 el presupuesto no alcanzaba los 50 millones de pesos y hoy supera los mil millones. “El incremento es gigantesco” y “no sigue la lógica de la inflación”.

“Algo falla”

Por su parte, la presidenta de la bancada del Frente Renovador Beatriz Fernández reparó en los gastos, ya que los ingresos de la Provincia se destinan a obras, mientras que la otra mitad del presupuesto va al funcionamiento del Municipio con los pagos al personal.

La referente del massismo rechazó el “incremento abusivo” de las tasas y explicó que el ajuste más el nuevo tributo de seguridad llevarán los aumentos a entre el 30 y 69 por ciento, el índice más alto desde el primer año de gobierno de Miguel Lunghi.

En tanto, sostuvo que hace dos años el presupuesto era de 500 millones de pesos y para 2016 prevé un ciento por ciento de aumento, lo que supera el peor índice de inflación que se haya medido. “Dónde queda la gente, qué pasa con el bolsillo”, preguntó.

Una vez más, reclamó la falta de plazos para estudiar la pauta y explicó que con tiempo tal vez hubieran podido hallar alguna estrategia que permita que los ajustes no afecten tanto a los vecinos y a los sectores productivos.

Cuestionó el “tarifazo de semejante envergadura” que contempla un 30 por ciento y otro 30 por ciento encima en las tres tasas más importantes, pero además hubo subas en 103 tributos con más de mil ítem para analizar de acuerdo a los componentes de la base imponible. “El único que aumentó menos del 30 por ciento fue juegos de azar, bingos y casinos, que fue del 25 por ciento”, señaló y agregó que las demoliciones se ajustaron el ciento por ciento.

“O hay una mala administración o una nariz que crece, porque no puede ser que no lleguen a pagar los salarios”, manifestó la ex presidenta del Legislativo y advirtió que “se tira tanto de la soga” que podría bajar la recaudación. “Algo falla”, insistió y recordó que en 2015 “subimos entre el 35 y el 50 por ciento las tasas y duplicamos el presupuesto pero no pudimos pagar los sueldos”.

Por otro lado, señaló que están previstos dos tramos de incremento salarial al personal del 10 por ciento, pero las tasas subirán más del 30. “Va a haber lío en las paritarias”, alertó y reiteró que “la gente no da más”.

Por último, adelantó su voto negativo, salvo para la creación de la nueva tasa de seguridad y, en clara referencia a la ausencia de plazos para hacer propuestas, expresó que “lamento que tenga que ser así, podría haber sido de otra manera”.

Financiar al Estado

Ya cerca del cierre del debate, el presidente del Bloque del PRO Claudio Ersinger terminó con el misterio y argumentó las razones que llevaron a su espacio a acompañar el Presupuesto 2016 impulsado por la UCR, su socio-político en el frente Cambiemos.

En principio, consultó “quién financia al Estado” cuando no han quedado recursos después de la transición y remarcó que el amplio respaldo que obtuvo el Intendente en las urnas hace pensar que los tandilenses están de acuerdo con la “administración”.

Tras escuchar a sus pares, reflexionó que la oposición “habla de tarifazo” y el oficialismo “lo justifica”. Desde su óptica, es un “error sumar, porque es una tasa nueva y la gente está dispuesta a pagar” por seguridad.

Si bien marcó que el Gobierno comunal avanzó “tarde” con las políticas de seguridad, “en el bolsillo el impacto va a ser importante por la nueva tasa” para financiar a la Secretaría de Prevención Ciudadana.

Ratificó que la Provincia es “tierra arrasada” y confió en que el próximo año será para “restaurar y recomponer”, por eso clamó para que María Eugenia Vidal pueda contar con el presupuesto y la ley de endeudamiento que no le concedió la Legislatura bonaerense.

“No está fácil la situación, pero tenemos la obligación de tomar una decisión que garantice los recursos de los fondos municipales”, fundamentó y deseó que pronto la Provincia esté en condiciones de hacer su aporte a la ciudad.

Un acuerdo político destrabó la creación del nuevo ente de Salud

Antes de la serie de ordenanzas netamente económicas, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad la creación del Sistema Integrado de Salud Público Ente Descentralizado. El paso resultaba indispensable para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2016, que le atribuía unos 300 millones de pesos a una figura aún inexistente. Por ese motivo, en la previa se generó un acuerdo político para que la oposición accediera al debate con sólo algunos días de análisis del proyecto que había tomado estado legislativo en vísperas de la Nochebuena.

Este nuevo organismo reemplazará, de manera gradual y en un plazo de 180 días, al Ente Descentralizado Hospital Ramón Santamarina que se había creado en 1991. Una de las ventajas es que integrará a los cinco establecimientos sanitarios -el Hospital central, el Debilio Blanco Villegas, el Enrique Larreta de María Ignacia, el de Salud Mental y el centro de día Tita Brivio-, además de la Secretaría de Salud y las direcciones de Atención Primaria y Bromatología.

Si bien el FVP acompañó la propuesta, el concejal Rogelio Iparraguirre planteó dos ejes de discusión. Cuestionó el “reiterado destrato” al Concejo Deliberante por “elevar un proyecto de ordenanza nodal” el miércoles de la semana pasada, cuando “estuvo en boca de Lunghi durante dos meses”. Comparó este caso con el presupuesto, donde la demora fue justificada por el cambio en el gobierno provincial y la falta de información.

En segundo término, subrayó la “desprolijidad” con que el proyecto pasó por la Comisión de Economía y llegó a Salud, donde no pudieron tener en sus manos el expediente. Sumado a esto, sostuvo que el texto de la norma fue “elaborado a las apuradas” y se omitió el concepto de “gratuidad” en el artículo que describe los principios que guían la atención pública.

“Quiero pensar que se le escapó al Ejecutivo”, expresó el referente de La Cámpora e instantes después los bloques acordaron modificar la redacción ya que al transcribir el artículo quedó olvidado el término.

Además, comprometió al presidente del Legislativo Juan Pablo Frolik a respetar que en 90 días las autoridades de Salud informen sobre los avances de la conformación del nuevo ente, ya que se amplió a 180 días el plazo de convivencia entre ambos sistemas administrativos.

Por su parte, Pablo Bossio resaltó el “mandato histórico político” que los condujo a acompañar esta propuesta, teniendo en cuenta que el ente descentralizado Hospital Ramón Santamarina lo desarrolló el PJ durante la intendencia de Gino Pizzorno.

Un “voto de confianza”

Conciliador, Marcos Nicolini destacó la importancia de “ordenar” una situación que impera desde 1991, tras los avances que ha tenido la ciudad y el sistema de salud. Agregó que detectaron “complicaciones operativas” y que este nuevo ente descentralizado permitirá, por ejemplo, adquirir medicamentos para Atención Primaria y reactivos de Bromatología que ahora realizan a partir de la Dirección de Compras de la Administración Central.

Por otra parte, reconoció que la propuesta “se elevó con poco tiempo” y agradeció el “voto de confianza” de la oposición para aprobarlo sin el análisis suficiente. Descartó cualquier destrato al Concejo y atribuyó las demoras a las dificultades de “bajar las ideas” a un proyecto.

“Reclamamos nuestros tiempos”

Por su parte, la concejal Beatriz Fernández recordó que estuvo en la discusión por la creación del ente descentralizado del Hospital, durante la gestión de Gino Pizzorno. “Llevó 3 años”, comparó con la semana que le otorgaron a este cuerpo, lo que resultaba un plazo irrisorio.

Reconoció que la iniciativa es importante para el funcionamiento de las áreas de la Salud, pero recalcó la necesidad de estudiar las ordenanzas con tiempo y en profundidad para evitar las futuras modificaciones. “Reclamamos nuestros tiempos para legislar”, lanzó antes de la votación.

En tanto, su compañero de bloque Gustavo Ballent subrayó la importancia de alcanzar la mejor redacción de las normas y calificó de “disparate” el revisar la ordenanza después de sancionada u “ofrecer garantías para modificar con posterioridad”.

Observó un “sesgo de desprecio” al Concejo Deliberante porque “lo que tendríamos que haber tenido es plazo” para estudiarlo. También bregó porque “se respete el trabajo de los concejales”.

En tanto, Marcos Nicolini le prometió que “vamos a trabajar para que no se sienta agraviado por el Departamento Ejecutivo”.