Tras la derrota electoral en las Primarias, y con una inflación que frenó su desaceleración en septiembre (ver nota aparte), el Gobierno avanza en un mayor control de los precios en las góndolas, que genera rechazos en el sector empresarial. Esta semana se renueva Precios Cuidados y la Secretaría de Comercio informó que solo autorizará subas de “un dígito”. Además, la cartera que conduce Paula Español adelantó que “reforzará” inspecciones de precios en los supermercados y “profundizará” investigaciones sobre el precio de insumos.

Luego del resultado en las PASO, Español mantuvo sucesivas reuniones. Primero con los CEO de las principales cadenas de supermercados y luego con directivos de alimenticias como Arcor, Molinos, La Serenísima y Unilever. Esta semana se sentará con los representantes de los mayoristas y autoservicios de CAS y FASA, y más empresas de consumo masivo.

Español les transmitió que busca establecer “reglas claras” de aumentos hasta fin de año y evitar “subas especulativas”. Consideró que “no hay motivos” para las alzas debido a que las empresas tienen “capacidad de oferta”. El consumo trepó 4,2% en los supermercados en julio, la mayor suba del último año, mientras que la inflación, después de 4 meses en baja, en septiembre frenó la desaceleración y el rubro alimentos cerró por encima del 3%, según consultoras privadas.

Uno de los motivos de estas reuniones es cerrar el último aumento trimestral del año de Precios Cuidados, que vence este jueves. La canasta, hoy en 700 artículos, tuvo aumentos autorizados promedio de 16,2% entre enero y julio, muy por debajo de la inflación en alimentos, que para ese mes ya superaba el 30,7%, según el INDEC. La Secretaría de Comercio anticipó que no autorizará subas mayores a “un dígito”. Buscan alcanzar el mismo objetivo que en 2020, cuando los alimentos regulados subieron 15 puntos por debajo del nivel general de precios.

Según pudo saber este diario, las alimenticias seguirán participando de Precios Cuidados. “Es voluntario, no firmamos nada, pero es políticamente incorrecto abandonarlo”, afirmaron desde una compañía. El rechazo central no pasa por este tipo de programas, agregaron. El malestar es porque consideran que el control de precios se trasladó al resto de los productos, que no forman parte de ningún acuerdo.

De hecho, los supermercados ya le anticiparon a las alimenticias que las subas de precios de las listas deberán tener un límite o sino no podrán aceptarlos, dado que están siendo controlados por la Secretaría de Comercio, en tiempo real. “Queremos que todos los precios tengan pautas razonables”, les manifestó Español. Las alimenticias amenazan con destinar menos unidades al abastecimiento. “Lo que no se ajusta por P, se ajustará por Q”, afirmó una fuente privada, en referencia a los precios y las cantidades.

“La Secretaría puede chequear muy fácil los precios de los supermercados. Ver toda la cadena es más complejo, pero la información la tienen porque nos hacen cargar planillas con subas de costos”, explicaron desde una empresa de consumo masivo. “Con la derrota en las elecciones estos controles se van a intensificar porque hay una parte del gobierno que piensa que la inflación se controla desde la Secretaría de Comercio”, agregó la misma fuente.

De hecho, en los encuentros, Español les manifestó que aumentarán las inspecciones para monitorear el funcionamiento de la Ley de Góndolas, y se ampliará la capacidad de financiamiento a pymes para ampliar la competencia de oferta. Los controles se dan a lo largo de la cadena, y en ese sentido se “profundizarán” investigaciones de Defensa de la Competencia, como es el caso de los envases, por “conductas anticompetitivas y condiciones predatorias”, según pudo saber este diario. De hecho, desde la Secretaría de Comercio analizan la evolución de los insumos difundidos, como el acero o el aluminio. La semana pasada, Matías Ginsberg, subsecretario para el Mercado Interno, recibió a pymes industriales que reclaman por intervención oficial en la materia.