El trasfondo es el aumento de los aranceles dispuesto por los profesionales, que la Caja de Servicios Sociales no reconoce. Con esta medida, se limitan las atribuciones del Colegio que, además, “deberá someter al control, fiscalización y supervisión del Ministerio de Salud y Ambiente los estatutos, reformas, códigos, resoluciones y reglamentos que dicten, en cuanto incidan en el ejercicio profesional de la actividad odontológica y en la salud buco-dental de la población“. 

Según explicaron desde la entidad a través de un comunicado que hicieron público al conocer la decisión de la Gobernadora, “el pasado 6 de mayo se votó mediante asamblea del Colegio de Odontólogos los aranceles mínimos. Estos aranceles no son puestos de manera caprichosa, sino que responden a una estructura de costos a nivel nacional.

Lamentablemente las obras sociales hacen oídos sordos a nuestro reclamo, que año tras año afectan más a los aranceles que ellas ofrecen para poder realizar la atención en los consultorios privados. Es por esto que hemos llegado a un límite que ya no se puede sostener la atención a esos valores, ya que nuestros insumos siguen aumentando sin freno, y muchas obras sociales no llegan a cubrir ni siquiera el costo de los materiales”.

La medida adoptada por los profesionales no fue aceptada y mucho menos compartida por la intervención de la obra social provincial, la Caja de Servicios Sociales, por lo que se realizaron diversas presentaciones y todo terminó con el Decreto firmado por la mandataria provincial.

“Hoy esta institución fue atropellada y avasallada quitándole sus facultades por un decreto de la Gobernadora Alicia Kirchner, por tocar intereses de la obra social que mantienen intervenida hace 25 años. A partir de la vigencia de este Decreto 1246, la institución perderá total autonomía quedando subordinada al estado. Una intervención permanente encubierta, donde todas las reglamentaciones, códigos, resoluciones y acciones deberán ser supervisada y aprobada por ellos, actitud totalmente antidemocrática, sin consenso previo y fuertemente autoritaria”, indica el documento del Colegio de Odontólogos, que preside el doctor Luis Eceiza.

Vale aclarar que el pleito no sólo estaría planteado con la CSS, sino también incluiría a alguna otra obra social, que no habrían aceptado los nuevos valores establecidos desde la entidad.

Pese a ello, desde la ahora intervenida institución, aseguraron “que no es nuestra intención no trabajar con las obras sociales, ya que estamos trabajando con muchas de ellas que llegaron a los aranceles que solicitamos de manera escalonada. Por lo cual sabemos que es posible; es posible si hay voluntad y diálogo entre las partes, pero esto es un atropello institucional que no se puede permitir”, remarcaron en referencia a la intervención decretada por Alicia Kirchner. 

En la jornada que conocieron la medida, indicaron desde el Colegio ese era “un día de luto para la profesión odontológica y para la democracia en la Provincia de Santa Cruz y no permitiremos que nos quiten nuestra autonomía, la voz y los derechos de cientos de colegas de cada rincón de la provincia que participan en nuestras asambleas y decisiones”.

Y señalaron sin retaceos al Gobierno Provincial: “la inconstitucionalidad de cambiar la esencia de los artículos de una ley y hacerla funcional a su conveniencia, es un ejemplo claro de una acción autoritaria e impune. Los actores y propulsores de este atropello podrán llevar el orgullo a su casa de haber cerrado una institución democrática. Ojalá la democracia prime sobre el autoritarismo y se haga justicia”, finaliza el comunicado del Colegio, que firma el doctor Luis Eceiza.