Con la presentación del Presupuesto Provincial 2021 y según detalló esta Agencia, se deja abierta la puerta para que las mejoras salariales logradas por la aplicación de normas convencionales, legales o estatutarias que contengan cláusulas que impliquen aumentos automáticos de las remuneraciones de los funcionarios y empleados públicosquedarán supeditadas a la existencia de crédito presupuestario específico. Vale decir, que se ata ‘la actualización salarial’ a la disponibilidad de recursos que determine el Ejecutivo Provincial. Por ello, la Asociación gremial “3 de Julio” remitió una nota a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde repudian firmemente esta posibilidad; solicitan que se exprese al respecto y exigen una audiencia en carácter urgente.

Que el Ejecutivo de Santa Cruz ha intentado en los últimos años romper convenios nacionales en distintos gremios cuyas centrales tienen logros mucho más significativos que los de los fieles sindicatos provinciales, no es novedad.  Incluso, varias conducciones amigas del gobierno de Alicia Kirchner, no reclaman decenas de escalas otorgadas a nivel nacional que los trabajadores de esta provincia no perciben, tal el caso del Sindicato Argentino de Televisión cuya conducción la lleva adelante Roberto Lazarte.

Anoticiados por la publicación que este miércoles realizara OPI bajo el título: “Presupuesto Provincial de Santa Cruz. El PE determina que los aumentos a Judiciales quede supeditado a la disponibilidad financiera provincial”, los trabajadores de ese Poder del Estado Provincial alzaron la voz y remitieron una nota a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña.

La preocupación radica, fundamentalmente, en el Artículo 37 de la Ley de Presupuesto Provincial, que indica: “A partir del 1° de enero del 2021, los ascensos de personal que se realicen por promociones, incluida las de carácter automático, y en uso de las facultades del Poder Ejecutivo, así como lo incrementos salariales que pudiesen resultar de la aplicación de normas convencionales, legales o estatutarias que contengan cláusulas que impliquen aumentos automáticos de las remuneraciones de los funcionarios y empleados públicos de los diferentes poderes del Estado Provincial, sea por aplicación de fórmulas o de mejores beneficios correspondientes a otras jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías, cargos o categoría, quedarán supeditadas a las existencia de crédito presupuestario específico . Si este artículo se aprueba de la forma en que está redactado, el gremio judicial deberá olvidarse de pedir una recomposición salarial autónoma y quedará (como todo el estado provincial) sujeto a la buena voluntad de la gobernadora”, publicó OPI ayer.

Atento a ello, la Asociación “3 de Julio” que nuclea a los trabajadores judiciales de Santa Cruz remitió una nota a la titular del TSJ en la que indican que lo establecido en el Artículo en cuestión “demuestra claramente una grave intromisión del Poder Ejecutivo sobre las competencias de los demás Poderes del Estado, atacando o lesionando explícitamente la constitucionalidad bajo la cual debería presidir, violando severamente el sistema Republicano de Gobierno”.

Además, aseguran que la “actitud asumida por la titular del Poder Ejecutivo Provincial, solo tiene como objetivo el disciplinar al Poder Judicial, cercenando las conquistas y derechos adquiridos” y remarcan: “Lo que pretende la Sra. Gobernadora, es desconocer que la Constitución Nacional impone a los Estados Provinciales la obligación de asegurar la Administración de Justicia, entre otras cosas, siendo deber del Poder Ejecutivo garantizar el financiamiento de los gastos corrientes originados del funcionamiento, determinados en el art. 15 de la Ley Nro. 3256, en la cual se fija la AUTARQUIA financiera del Poder Judicial”.

No obstante estos planteos, los dirigentes gremiales exigen a los integrantes del máximo órgano de Justicia provincial que tomen posición y se pronuncien: “consideramos que cualquier admisión o intromisión en nuestro convenio colectivo de trabajo que no sea repudiada por ese Alto Cuerpo, incurre en PRÁCTICAS DESLEALES hacia sus trabajadores. Además, el no ejercer las facultades que otorgan las normas vigentes, en procura de solucionar un problema tan sensible como lo es el salario y la carrera de los trabajadores judiciales, pone a los integrantes del Excmo. Tribual Superior de Justicia en riesgo de ser sometidos a juicio político”.

Sobre el final de la misiva, la conducción gremial indica: “exigimos a V.E., se exprese de manera inmediata al respecto ante el Poder Ejecutivo”. También piden “a la Sra. Presidenta del Excmo. Tribunal de Justicia otorgue con carácter de urgente una audiencia a esta Comisión Directiva, con la finalidad de recibir la correspondiente respuesta”. Hasta última hora de este viernes, nada se sabía ni oficial ni extraoficialmente, sobre esta nota presentada esta mañana a raíz de la publicación de OPI.

Vale mencionar que esta situación se da en el contexto de la paritaria del sector. Este miércoles 18 debían reunirse en la mesa de negociación colectiva, pero fue pospuesta a pedido de los paritarios oficiales para este viernes 20, en horario aún sin confirmar. Por ello, hoy, los trabajadores judiciales de Santa Cruz aguardan más que nunca ese encuentro, donde la cuestión salarial se debe tratar y en la que se espera una oferta por parte de los representantes del TSJ. Pero, por sobre todas las cosas esperan la respuesta de las máximas autoridades del Tribunal ante un nuevo intento de avanzar sobre el sistema salarial de los trabajadores judiciales, que también los perjudica.