Llamados telefónicos en la previa. Charlas en el comedor. Mensajes y más mensajes de texto. Cuando parecía que las diferencias por el armado de la comisión especial de la Reforma Política eran insalvables, el acuerdo mayoritario llegó en el recinto.

La bancada oficialista Tucumán Crece aceptó un cambio propuesto por el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), José Canelada, y con el aval del bussismo y del sindicalismo bancario, quedó sancionada la nueva resolución referida a la integración del equipo legislativo, cuya misión será la revisión y modificación del sistema electoral que regirá en los comicios de 2019.

La votación terminó 35 a cuatro. Por la negativa se expresaron los integrantes del bloque Peronismo del Bicentenario, aliados del intendente capitalino Germán Alfaro (ApB).Stella Maris Córdoba, jefa de esa bancada; Christian Rodríguez, quien había objetado formalmente el decreto de integración de la comisión especial; Alfredo Toscano y Silvio Bellomío rechazaron la composición del comité, e incluso criticaron al vicegobernador,Osvaldo Jaldo, por la forma en que instrumentó la resolución original, aprobada el 1 de septiembre y renovada ayer.

Finalmente, la elaboración de un eventual anteproyecto de reforma política y electoral quedó en manos de Jaldo (como presidente del equipo legislativo); de la mesa de autoridades de la Legislatura (el titular subrogante Julio Fabio Silman y el vicepresidente 1° Guillermo Gassenbauer, ambos oficialistas; y vicepresidente 2°, el radical Ariel García), de los jefes de las ocho bancadas del cuerpo colegiado; y de un legislador por cada partido con representación parlamentaria.

De esa manera, la comisión especial estará compuesta, en principio, por 26 legisladores (resta ver la situación del oficialista Emiliano Vargas Aignasse, del partido Tucumán en Positivo, a quien le concedieron licencia médica) y por el vicegobernador. Así, el 55% de los legisladores activos participarán del comité. El resto, si bien no podrá votar por la aceptación o rechazo del anteproyecto de reforma política, sí estará habilitado a expresar opiniones y a aportar iniciativas.

Todavía falta que Jaldo emita un nuevo decreto, mediante el cual quedaría resuelta la integración del grupo y citaría a la primera reunión, en la que se definirá el reglamento y las funciones que desempeñarán sus miembros.

Un posible alcance

En el debate de ayer, además de opiniones cruzadas por el armado de la comisión, quedó a las claras que una eventual reforma de la Constitución provincial puede aparecer en la agenda del oficialismo, en caso de que se considere necesario revisar esa normativa para poder actualizar el sistema político y electoral y para poner en marcha institutos cuestionados judicialmente (como el sistema de enmiendas y la Junta Electoral Provincial). “Esto tendrá que ver con un profundo análisis de todas las instituciones de la Provincia, y se debe evaluar un posible (cambio) en la Carta Magna. Muchos temas previstos allí tienen reparos, hasta el día de hoy”, indicó Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y apoderado del Partido Justicialista. El radicalFernando Valdez aportó que, pese a las objeciones judiciales, se debe evaluar el momento. “Si hay voluntad política de los partidos, se puede sortear lo referido a la reforma de la Constitución provincial”, advirtió Valdez.

El origen de la polémica

El 1 de septiembre se había aprobado por unanimidad una resolución que establecía la integración de la comisión con “un miembro por cada partido con representación parlamentaria”. 

Luego Jaldo, por decreto, se incluyó como presidente y también añadió a la mesa de autoridades. La semana pasada, el peronista disidente Rodríguez marcó presuntas anomalías en la aplicación del instrumento, por lo que Gassenbauer elevó un proyecto de resolución proponiendo una idéntica composición a la fijada por el vicegobernador. Al recinto llegaron tres dictámenes: el oficialista (de Gassenbauer), uno de Canelada (eliminaba la mesa de autoridades y aceptaba a Jaldo) y uno de Córdoba (pedía respetar la resolución original). Finalmente, el oficialismo y el radicalismo llegaron a un consenso. El peronismo disidente, al rechazar la propuesta, dio indicios de que los cuestionamientos por el armado de la comisión no finalizaron ayer.

“Mayor participación”.- El legislador José Canelada (UCR) había elevado un dictamen de minoría en el que, además de un miembro por cada partido con representación parlamentaria, estaba el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “No me parece carente de razonabilidad”, advirtió el opositor, quien sí objetaba la participación de la mesa de conducción porque implicaba un desequilibrio en la composición. El radical aseguró que, si se añadía a los jefes de los bloques políticos, estaba dispuesto a dar su voto favorable. “Estaríamos ante un escenario de mayor participación”, alegó. Sus “correligionarios”, luego de que el PJ aceptara su propuesta, también se expresaron por “la positiva” al momento de resolver.

Críticas.- Stella Maris Córdoba, jefa del bloque Peronismo del Bicentenario, señaló en su dictamen que no debían participar de la comisión especial ni Jaldo ni la mesa de conducción (Silman, Gassenbauer y García). Ayer, señaló que el decreto de integración firmado por el vicegobernador carecía de legalidad y de legitimidad. “No es democrático ‘autointroducirse’ como presidente de una comisión, (ni añadir también) a la mesa de conducción”, dijo.

Discurso.- “La falta de transparencia a la que aluden (algunos) forma parte usualmente del discurso de quienes han perdido las elecciones”, afirmó el oficialista Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y apoderado local del PJ.

Intenciones.- “Si alguien piensa que está en la intención del bloque oficialista elucubrar un sistema que nos sea afín, se equivoca; yo no seré parte de eso”, afirmó Fernando Juri (Tucumán Crece).

Interrogante.- “¿Qué necesidad hay (en el oficialismo) de hablar de reforma de la Constitución, si no podemos siquiera conformar esta comisión?”, señaló el peronista disidente Christian Rodríguez.

Error.- “El error estuvo en llamarle ‘comisión’; en mi opinión, se trata más de una mesa de diálogo. Las comisiones son las que le darán dictamen al anteproyecto”, afirmó el bussista Claudio Viña (FR).

Acusaciones.- En su alocución, el radical Ariel García, “vice” 2° de la Cámara, cuestionó a los dirigentes afines al intendente Germán Alfaro (APB) por “querer dejar fuera de juego a quien preside la Cámara (Jaldo)”. Y acusó a los aliados al jefe municipal de pasar “del gatopardismo al gataflorismo”. “No hay ‘una’ que les venga bien”, lanzó García. El peronista disidente Alfredo Toscano le salió al cruce, admitiendo que pertenece a ese espacio, e ironizó: “en este cuerpo colegiado hay también dirigentes de todos los espacios: alperovichistas, manzuristas. Ahora celebro la llegada del legislador García al Frente para la Victoria”, vinculándolo políticamente a Jaldo. El radical, que se sienta detrás de Toscano, exclamó: “vos sos el que venís del FpV; mirate al espejo”.

AprobadosSobre producción e interés socialLa Legislatura adhirió a la ley nacional N° 27.142, que declara de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de la stevia (iniciativa del peronista Juan Antonio Ruiz Olivares). Seinstituyó además el 16 de septiembre de cada año como “Día Provincial de los Derechos del Estudiante Secundario”, en homenaje a las víctimas de la matanza conocida como “La noche de los lápices” (proyectos de Silvia Rojkés y de Sara Assán). A pedido del PE, se declaró de utilidad pública además un inmueble en Cevil Pozo, Cruz Alta, donde se instalará una multimodal de cargas, en convenio con la Nación. También se aprobó la creación del Hogar de Adultos Mayores en Simoca, que dependerá del PE (proyecto del radical Luis González).

Aprobados

Sobre producción e interés social

La Legislatura adhirió a la ley nacional N° 27.142, que declara de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de la stevia (iniciativa del peronista Juan Antonio Ruiz Olivares). Se

instituyó además el 16 de septiembre de cada año como “Día Provincial de los Derechos del Estudiante Secundario”, en homenaje a las víctimas de la matanza conocida como “La noche de los lápices” (proyectos de Silvia Rojkés y de Sara Assán). A pedido del PE, se declaró de utilidad pública además un inmueble en Cevil Pozo, Cruz Alta, donde se instalará una multimodal de cargas, en convenio con la Nación. También se aprobó la creación del Hogar de Adultos Mayores en Simoca, que dependerá del PE (proyecto del radical Luis González).