"Algo huele mal en el gobierno bonaerense”, podría haber escrito William Shakespeare si su obra maestra Hamlet estuviese ambientada en el turbio ambiente de las estructuras corruptas que existen en la administración pública bonaerense. Y que, en algunos casos, podrían tener continuidad en la gestión de María Eugenia Vidal.
Sorprendió a propios y extraños el aumento presupuestario que se le otorgó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una de las principales cajas negras de la política bonaerense. Concretamente, según el proyecto de Presupuesto 2016 que fue elaborado por el flamante gobierno, el Ioma será una de las áreas del Estado más beneficiadas con las asignaciones: el año que viene manejará una caja total de 21.164 millones, 6381 millones más que en 2015, lo que representa un aumento del 43%. Algunas comparaciones hablan por sí solas en una provincia que, según la propia Vidal, se encuentra quebrada. Por ejemplo, el aumento asignado al Fondo Provincial de Trasplante de Organos será de sólo el 20%, muy por debajo de la inflación real.
Ante esta situación existen muchas sospechas sobre cómo se manejará este fabuloso caudal de recursos de la obra social, que saldrán de los bolsillos de todos los trabajadores del Estado bonaerense, teniendo en cuenta que en los últimos años se eliminaron prácticamente todas al auditorias de campo y las auditorías externas en el IOMA. Los controles fueron tercerizadas en las mismas gerenciadoras que controlan los negocios, especialmente en lo que se refiere a las internaciones que representa el 32,82% del presupuesto de la obra social.
Otro factor que demuestra que nada cambió es que integrantes del directorio de la gestión sciolista, imputados en al menos 15 denuncias penales -estafas con medicamentos, malversaciones de caudales públicos, entre otras groseras irregularidades- seguirán en funciones. Tal es el caso Patricia Nisembaum y Luis Pérez, que responden a las sindicalistas Carlos Quintana (UPCN) y Roberto Baradel (Suteba). En las últimas semanas, se lo vio a Quintana transitar por distintas oficinas del IOMA, donde habría mantenido diversas reuniones para garantizarse la continuidad de sus negocios. Por ejemplo, a través de presuntos testaferros, manejaría distintas empresas de internaciones domiciliarias que le facturarían cifras millonarias al IOMA. Eso no es todo: Marcelo Piergiácomi, un hombre de su riñón político, que se desempeño en el área de Farmacia y Bioquímica del IOMA, estuvo en la cárcel por una causa en la que sigue imputado, muy cerca de ir a juicio oral. ¿De qué se lo imputa? De haber montado una red para comercializar clandestinamente medicamentos oncológicos de alto costo, para lo cual hacia figurar como receptores de esas drogas a afiliados de la obra social ya fallecidos.
Asimismo, llamó mucho la atención la elección del nuevo presidente del IOMA. El elegido es Sergio Cassinotti, que se desempeñaba como director ejecutivo de la Cámara Argentina de Droguerías y de Distribuidoras Especializadas. Se trata de una asociación creada el año pasado, estrechamente ligada al IOMA. Las empresas que la integran hacen negocios con la obra social, por lo cual Cassinotti es considerado como un funcionario que fue “puesto por las prestadoras”. Otro dato que llama la atención es que, antes de asumir en la Cámara de Droguerías, Cassinotti estuvo a cargo de Unión Personal, la obra social de UPCN.
Según pudo saber Hoy, la nueva gestión se está recostando en las estructura corrupta heredad de la anterior gestión. “Cassinotti aún ni siquiera designó un director general de administración en el IOMA. Se está recostando en los mismos nefastos de siempre”, dijeron a Hoy profesionales de carrera de la obra social, hartos de los negociados que se tejen en el instituto y que llevan a que la salud de 2,4 millones de afiliados esté en serio riesgo.
Evidentemente, en la principal obra social de la provincia, todo queda entre amigos.
Lotería, una caja millonaria en la mira
Otra de las cajas millonarias de la Provincia, de la que nutre la política, es el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia que, de acuerdo al proyecto de presupuesto 2016, tendrá recursos que ascenderán a $28.664.818.440, lo que representa un incremento del 34% con respecto a 2015.
Sin hacer ningún tipo de anuncio o presentación formal, el gobierno provincial designó como titular de Lotería a Melitón Eugenio López que tiene, entre sus antecedentes, ser un agente FIFA internacional que tuvo una participación en el pase de varios jugadores, entre ellos el goleador Guido Carrillo que pasó de Estudiantes de La Plata al Mónaco de Francia en julio de este año. López viajó a Francia con el gerente general de Estudiantes, Sebastián Russo, y cobró comisiones por participar como intermediario entre los clubes.
De acuerdo a lo expresado por fuentes consultadas por Hoy, su designación en Lotería no es del todo compatible con su rol de empresario del fútbol. Es más, sigue registrado como agente internacional y aparentemente no dejaría de cumplir funciones como representante de Marco Torsiglieri (ex Boca Juniors) y la estrella de la Selección Nacional, Angel Di María. En el caso del Fideo Di María, quien pasó del Real Madrid al Manchester y luego del Manchester al Paris Saint Germain, las operaciones estuvieron investigadas por la justicia española por presunta evasión impositiva.
En este contexto, el gran negocio que se viene es el de las apuestas deportivas on line que, para poder instrumentarse en la Provincia, necesitará aprobación legislativa y el ente de aplicación debería ser el instituto a cargo de López.
El flamante titular de Lotería también es representante del ex DT de la Selección y de Estudiantes, Alejandro Sabella, y fue quien trabajó en una docena de ofrecimientos que tuvo Pachorra desde la finalización del último Mundial a esta parte.
Según pudo saber Hoy, López tendría la venia del presidente de Boca Daniel Angelici, operador judicial del macrismo y dueño de los bingos de Pergamino y Ramallo, y del Asesor General de Gobierno, Gustavo Ferrari.
Profunda preocupación en la Justicia bonaerense
El proyecto de Presupuesto 2016 generó una profunda preocupación en la Justicia Bonaerense, especialmente en la Supera Corte. Según pudo saber Hoy, en el máximo tribunal dicen no haber sido consultados por el Poder Ejecutivo y afirman que el incremento presupuestario es la mitad de lo que tenía previsto para que la Justicia en la Provincia pueda funcionar con normalidad.
Según pudo saber Hoy, la Justicia necesitaría contar con un presupuesto en 2016 que ascienda a 18.080 millones, pero se le asignó 15.892 millones. Es decir, hay una diferencia de 2100 millones que se sentirá sensiblemente. El diagnóstico que realizan varios jueces es lapidario: “Es la primera vez en año que la Corte no es consultada antes de la elaboración del presupuesto. Hay un retroceso en la propuesta de este año que va a afectar inversiones tendientes a mitigar la emergencia edilicia que fue declarada hace años. No se podrán habilitar nuevos juzgados y tribunales, creados hace tiempo y pendientes de funcionamiento, como así tampoco avanzar en distintos proyectos tendientes a la modernización del servicio de justicia. Tampoco se podrá concretar la ansiada autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera. Esta situación dificultaría sensiblemente la labor del Poder Judicial, complicando indirectamente la seguridad y limitando el acceso a la justicia”.
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