"El lobo cuida a las ovejas”; así podría llamarse la escena que se dio hasta hace algunas semanas en la provincia de Buenos Aires, prolongándose durante varios meses. Es que, durante el reinado de Zulma Ortiz al frente de la cartera de Salud bonaerense, uno de sus asesores habría aprovechado sus previos vínculos comerciales y profesionales para beneficiar a empresas vinculadas a su persona.

Se trata de Marcelo di Mario, quien era asesor personal de Ortiz, la exfuncionaria de María Eugenia Vidal que debió irse del Gabinete al dejar, prácticamente, al ministerio en llamas. En definitiva, varias acusaciones internas en la cartera sanitaria señalaron que el hombre en cuestión, a la par que se desempeñaba como mano derecha de la funcionaria titular, mantenía su actividad comercial y profesional en la empresa FARMATRACK, perteneciente al grupo FOBESA, de la cual también fue gerente comercial desde 1996 y aún figura en el directorio. 

Conforme a lo constatado por La Tecla, la relación público-privada se extendió por varios meses. Di Mario fue hombre de Salud desde la llegada de Ortiz, en diciembre de 2015, hasta hace sólo algunas semanas. No obstante, recién en la sociedad anónima se dio de baja en julio de 2017.

Es decir que durante el lapso de un año y medio compartió funciones públicas y en la empresa de trazabilidad de productos farmacológicos donde se desempeñó como “Socio Director Comercial”.

Allí aparece el principal conflicto, conforme a lo denunciado a este medio por fuentes sanitarias. Es que, durante su gestión en Salud, la empresa FARMATRACK, fundada en 2005, habría sido beneficiada por medidas del ministerio. 

Una de las denuncias contra el hombre en cuestión tiene que ver con los convenios públicos que habría rubricado con la Administración Nacional de Medicamen-tos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para la lucha contra la producción y distribución ilegal de fármacos. 

Los acuerdos de ANMAT con el Estado no son nuevos para este tipo de seguimientos; ya los hizo con los gobiernos de Daniel Scioli en Provincia y Cristina Fernández en Nación. Pero en este caso, Di Mario habría firmado con ANMAT convenios por los cuales su empresa se encargaría del trabajo.

Es que el funcionario, de esta manera, habría obtenido el beneplácito para que el seguimiento de la calidad de los productos, o el combate contra la comercialización ilegal, sea bajo el sistema que creó la empresa FOBESA (que creó FARMATRACK), donde figura en el cargo de gerente comercial. En definitiva, hasta el mismo sistema lleva el nombre de la otra sociedad anómina a la que él pertenecía: FARMATRACK. 

Se trata de un sistema de trazabilidad que permite identificar cada producto desde la elaboración hasta la comercialización. En pocas palabras, el ahora exasesor dispuso que “la lucha contra los productos ilegales” se lleve adelante con la empresa de la que es socio y gerente.

Con dicho panorama, y a pesar de las denuncias por faltas éticas que pesan sobre su cargo, Marcelo di Mario se mantiene en la órbita del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y mudó su rol de asesor en Salud a funcionario con firma incluida dentro de la cartera de Educación.

Junto con el pase de Gabriel Sánchez Zinny, también exintegrante de Salud, en el área del SAME, a la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Alejandro Finocchiaro, 

Di Mario logró ser nombrado como el nuevo director de Consejos Escolares bonaerense. Es decir que, lejos del rol de asesor, obtuvo personería oficial en el gabinete de la Provincia bajo el ala del ministro vinculado estrechamente a Esteban Bullrich.

En el medio del pase, las denuncias por el manifiesto conflicto de intereses se mantienen firmes, y no hay respuesta oficial al respecto.