Los fondos municipales asoman como el primer punto de tensión en la relación entre el intendente de la Capital, Germán Alfaro (Cambiemos), y las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, que responden al PJ.

Ayer, el jefe municipal firmó el veto parcial al proyecto de ordenanza del Presupuesto Municipal 2017, de ejecución en curso, que había sido aprobado por el cuerpo vecinal hace 10 días.

El monto para las erogaciones generales de la ciudad alcanza los $4.465 millones. Pero el rechazo a la iniciativa se refiere sólo a los recursos asignados al Concejo. Los ediles se habían fijado $ 318 millones en total; ahora, la cifra se reducirá a $ 240 millones, según las planillas a las que accedió LA GACETA.

Alfaro, que firmó el instrumento junto al secretario de Hacienda, Cristian Abel, expresó que la medida tiene sustento en el “inicio de un programa de profundas reformas fiscales, formuladas desde el Gobierno nacional con el propósito de reducir los llamados ‘gastos políticos’”. Y contrastó esta postura con la adoptada por los representantes vecinales. “No puede el Gobierno municipal desconocer -y más aún, actuar- en contrario (a esa decisión política) incrementando, en forma arbitraria y alejada de la disciplina fiscal que se busca, un gasto sin fundamento técnico”, redactó el intendente.

El jefe del Ejecutivo capitalino agregó un artículo que le da atributos respecto de los fondos que reciba o haya recibido la Municipalidad en concepto de “asistencias financieras” durante 2017. “El intendente de San Miguel de Tucumán podrá disponer de reestructuraciones presupuestarias incorporando (dichas asistencias) en el cálculo de recursos y en las partidas de gastos específicos, comunicando lo dispuesto al Concejo Deliberante”, indica el nuevo párrafo.

De regreso

Ahora la iniciativa volvió al cuerpo colegiado, que desde mañana será conducido por Armando Cortalezzi (presidente), José María Franco y Belén Cruzado Sánchez (vicepresidentes 1° y 2°), todos opositores a la gestión de Alfaro. De las 18 bancas de la capital, ocho responden a Cambiemos, ocho al PJ y dos a Fuerza Republicana -en las últimas votaciones de trascendencia apoyó la postura de los rivales del intendente-.

Ahora, los representantes vecinales deben resolver si insisten o no con la ordenanza. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, si el cuerpo acepta las observaciones del intendente “el proyecto se convertirá en ordenanza con las modificaciones que motivaron el veto”. Pero “si el Concejo insistiese en su sanción, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, el proyecto se convertirá en ordenanza”. Es decir que el PJ requiere 12 votos para torcer la postura del jefe municipal.

Según Alfaro, el veto parcial corresponde porque el aumento del gasto del Concejo “evidencia una conducta no comprometida con las circunstancias económicas del municipio”.