Los reclamos constantes de la Municipalidad por el incremento en los fondos coparticipables nacionales y para que se distribuya la recaudación de más impuestos provinciales entre las intendencias fueron el puntapié inicial. Ahora, la gestión de Germán Alfaro se prepara para una auténtica cruzada política contra la Provincia: contratarán al abogado cordobés Antonio María Hernández para demandar al Poder Ejecutivo. El objetivo es garantizar la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional del municipio, como lo establece la Constitución Provincial sancionada en 2006. 

“El intendente Alfaro ha tomado la determinación, ante la falta de resultados de las gestiones que se hicieron para que el municipio obtenga lo que legalmente le corresponde, de avanzar como última instancia con una presentación en la Justicia Provincial”, confirmó el Secretario de Relaciones Institucionales, José Luis Avignone. La posibilidad de demandar a la Provincia comenzó a barajarse desde comienzos de año. La maniobra ganó fuerza en los últimos meses y terminó de pergeñarse en la mesa chica de la Municipalidad. Hernández inclusive había sido invitado como disertante a un ciclo organizado por la Municipalidad sobre autonomía de municipios, hace dos meses. Hace dos semanas, el subsecretario de Hacienda y Presupuesto, Cristian Abel, viajó a Córdoba a entrevistarse con el abogado, acompañado por el fiscal Hernán José Colombres, aseguró Avignone.

Hernández fue uno de los ideólogos de la autonomía municipal incorporada a la Constitución Nacional durante la Convención Constituyente de 1994, y ya patrocinó a la ciudad de La Rioja que logró el reconocimiento del derecho a la autonomía financiera en una sentencia de 2014 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Esperamos que la presentación sea antes de la feria judicial. Mal se puede decir que se ha judicializado la política porque lo que se judicializan son los actos, ya sea por omisión o por no reconocimiento de los derechos que realmente le corresponden al municipio”, finalizó Avignone.

Luego del alto el fuego entre la Municipalidad y Casa de Gobierno por la celebración del Bicentenario de la Independencia, Alfaro encabezó los reclamos por la ampliación de la torta de recursos coparticipables de los cuatro intendentes del Acuerdo para el Bicentenario -junto a Sebastián Salazar de Bella Vista; a Mariano Campero de Yerba Buena; y a Roberto Sánchez de Concepción-. En nuestra provincia, el régimen de coparticipación (forma en que se redistribuye la recaudación de impuestos nacionales y provinciales), establece que el 13,05% de los recursos de coparticipación nacional sean distribuidos entre las 19 intendencias.

El reclamo por modificar el sistema tuvo su correlato en la Legislatura, cuando 14 de 16 parlamentarios de la oposición presentaron en septiembre un proyecto de ley para elevar la masa de recursos nacionales que se reparten al 21,5%, para repartir el 16,75% entre las intendencias y el 4,75% entre las 93 comunas. Contemplaba distribuir un 21,5% de Ingresos Brutos (nuestra provincia se encuentra entre las tres que no reparten la recaudación por ese impuesto), un 23% de Impuesto a la Salud Pública (pocos distritos lo incluyen en el reparto) además de modificar las alícuotas de otros impuestos. El gobernador Juan Manzur había rechazado la modificación del sistema de distribución de recursos.

El artículo 132 de la Constitución provincial consagra la autonomía de los municipios. Establece que las intendencias podrán dictar sus constituciones mediante una convención convocada por cada Intendente. El artículo 165 establecía que las convenciones para el dictado de Cartas Magnas municipales debían realizarse hasta 2007.