Organizaciones sociales conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), expresaron su "preocupación por la violencia policial en la provincia de Córdoba", aludiendo a ocho casos de “gatillo fácil”, en los que murieron "ocho jóvenes durante 2014, en situaciones que fueron denunciadas como ejecuciones extrajudiciales".

Según se informó desde la UNC, esa casa de estudios conjuntamente con organizaciones sociales elaboraron un documento alertando sobre "el incremento de la violencia estatal, la autonomización de la fuerza policial y las políticas provinciales de seguridad."

El pronunciamiento alerta que la "profundización de la violencia letal del Estado se produce en un contexto de automatización de la fuerza policial", por lo que reclaman al Poder Judicial el "pronto esclarecimiento de esos casos" y demanda "una gestión democrática de las instituciones de seguridad, donde la ciudadanía pueda participar en el diseño, control y ejecución de las políticas provinciales en la materia".

Al respecto, el rector de la UNC, Francisco Tamarit, recordó a las víctimas del "gatillo fácil" y destacó que "como Universidad -e independientemente de nuestras legítima y genuinas disputas internas-, es necesario que estemos al lado de nuestro pueblo, de quienes luchan en esta disputa por tener cada vez más derechos".

"Nuestra democracia necesita una seguridad ciudadana democrática, para acabar con el flagelo de la discriminación. Hoy es necesario -en Córdoba y en cada rincón del país- que discutamos una nueva política de seguridad ciudadana, que acabe con estos flagelos, que apueste a la inclusión, a detectar los verdaderos intereses detrás del delito. Como Universidad, debemos acompañar a la sociedad civil, a los organismos y a cada ciudadano en esta lucha", concluyó Tamarit.

Por su parte, Enrique Font, miembro del subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas e integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que la violencia institucional "se inscribe en un efecto de la forma en que se construyen las políticas de seguridad", y subrayó que éstas, "cuando son conservadoras y punitivas, producen lasobrecriminalización y la desprotección".

Sobre este punto, aclaró que los sistemas penal y judicial, "así como el diseño de las leyes, no se dirige de manera uniforme a todos los sectores de la sociedad, sino que se concentra en determinados sectores y tiene una distribución geográfica particular, enfocándose en algunos barrios, pero no en otros".