El 12 de enero, el Ministerio de Salud de la Nación, en acuerdo con el Banco de Drogas Especiales y el Instituto Nacional del Cáncer (INC), aprobó un nuevo vademécum que elimina 14 drogas oncológicas e incluye otras tres.

Entre los medicamentos que ya no formarán parte de los que se distribuyen a hospitales nacionales, universitarios y provinciales hay algunos "insustituibles" y de "eficacia probada", según plantean médicos de distintos puntos del país, quienes alertaron sobre los riesgos de esta medida en la evolución de la enfermedad de ciertos pacientes.

La Asociación Argentina de Oncología Clínica, que nuclea a la mayoría de los oncólogos, levantó la voz de alerta, que también se encendió en Santa Fe.

La novedad empezó a circular con fuerza este fin de semana a raíz de una nota publicada en el diario La Nación donde la entidad científica nacional plantea una preocupación bien concreta: "El Plan Médico Obligatorio (PMO) dispone que deben ser cubiertas todas las drogas aprobadas por la Anmat, pero este vademécum no las incluye a todas".

La situación "pone en riesgo a los pacientes", aseguran, ya que de necesitar determinado fármaco no incluido deberán "pelear" su acceso en la Justicia, con todo lo que ello implica para quien cursa una enfermedad compleja como el cáncer.

En Rosario, el primero en cuestionar públicamente esta decisión fue el médico Martín Riegé, expresidente de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica, quien dijo ayer a este diario: "Todas las drogas que se quitaron están probadas, no son experimentales y han demostrado aumento en la sobrevida y un aumento en la tasa de curación. Son drogas específicas, relativamente nuevas, que tienen mucho que ver con la genética y la inmunología de los tumores".

Agregó que "en cáncer de mama, de cuello y endometrio las utilizamos mucho, por lo tanto consideramos que es un problema grave que los pacientes no las tengan en la salud pública pero tampoco se las cubran algunas obras sociales, como Iapos, que ya no están aprobando pedidos de algunos de estos fármacos".

En las próximas horas la Sociedad de Oncología de Rosario también emitiría un comunicado al respecto.

Entre los medicamentos que se excluyeron está el pembrolizumab, un anticuerpo monoclonal inhibidor del PDL1 que tiene más de 25 indicaciones "y en muchos casos aumentó la sobrevida", según médicos que están en desacuerdo con la medida. El TDM 1 y los inhibidores del Parp para cáncer de mama y ovario metastásicos con mutaciones de los genes BRCA 1 y 2 tampoco están incluidos, afirman.

La Capital consultó a la titular de la Agencia de Control de Cáncer del Ministerio de Salud santafesino, Graciela López de Degani, quien señaló ante todo que la provincia tiene autonomía para la compra de las drogas oncológicas y que solo un 25 a un 30% provienen del banco nacional.

Agregó que los medicamentos de alto costo que se necesitan se consiguen con subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La funcionaria admitió que dados los "altos costos" de ciertos medicamentos "que tienen baja eficacia y alta toxicidad" se desarrolló a fin del año pasado un formulario terapéutico en acuerdo con oncólogos y oncohematólogos de la provincia, "con un criterio de equidad, que por otro lado está en cambio y actualización constantes".

Ese formulario terapéutico, indicó López de Degani, "incluye tecnologías de reconocida eficacia y eficiencia en el tratamiento de pacientes oncológicos y contempla todos los medicamentos denominados esenciales para el cáncer según la Organización Mundial de la Salud".

Aclaró que "el Estado debe buscar un equilibrio entre riesgos, beneficios y costos, generando mecanismos de cobertura explícitos con criterios de equidad y justicia y basados en la mejor evidencia científica disponible", avalando de este modo la determinación del ministerio nacional y el nuevo listado de la provincia.

El nuevo vademécum nacional (del que también se nutren los efectores santafesinos) provee de drogas a los pacientes que se atienden en los hospitales nacionales y universitarios del país.

El 60% de los pacientes con cáncer dependen del sistema público quienes serían los más afectados por esta medida, según la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

En Santa Fe el 20% de las muertes son por cáncer. En primer lugar están los eventos cardiovasculares.

Acciones legales

El médico Martín Riegé señaló que "ya hay muchos pacientes que están realizando acciones legales" con el "desgaste, preocupación y exigencias" que implica el camino en la Justicia para que se logre aprobar un determinado medicamento.

Lo mismo aseguraron desde la entidad que representa a los oncólogos a nivel nacional.

El especialista rosarino dijo sin vueltas: "Sería bueno que las autoridades sanitarias de la provincia se reúnan con los verdaderos expertos" antes de tomar medidas "que afecten la supervivencia de quienes necesitan tratamiento para el cáncer".

"La demora y los efectos anímicos que implica que los pacientes deban iniciar acciones judiciales para tener su medicación es inaceptable. Cada día que se demora en el inicio de un tratamiento de un paciente oncológico las chances de mejoría van empeorando. En cáncer de ovario, si se tarda un mes para iniciar la terapia después de la cirugía las pacientes ya tienen un peor pronóstico que las que lo inician antes del mes".

Riegé comentó que "nadie llamó a la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica ni a la Asociación Argentina de Oncología Clínica: no nos han pedido nuestras opiniones", lo que consideró un hecho "muy grave".

"Uno puede ajustar en un montón de otras cosas y no en indicaciones médicas puntuales aprobadas en el mundo", puntualizó.