Otra vez una tragedia con jóvenes en un boliche enlutó a la sociedad. Y otra vez aparecen funcionarios públicos involucrados. Ocurrió con el incendio en Cromañón, el de Kheyvis, en el derrumbe en Beara, en una fiesta clandestina de Año Nuevo en una quinta de La Plata y en la electrocución en Puerto Madero. Ahora, sucedió en la fiesta electrónica Time Warp, en Costa Salguero, donde cinco chicos perdieron la vida y otros cuatro permanecen internados inconscientes por el consumo de drogas dentro del lugar.

El evento fue organizado por Adrián Conci y Martín Gontad, inminentes imputados en la investigación que promueven el juez Sebastián Casanello y los fiscales Diego Iglesias y Federico Delgado en el fuero federal. Conci es presidente de Dell Producciones S.A., la firma que montó el show.

Dell está habilitada para la "producción y organización de todo tipo de eventos artísticos; la contratación de espacios de radio y televisión el arrendamiento de espacios y/o lugares necesarios para la realización de los mismos". El socio de Conci es Diego Hernán Herrera, que figura en la S.A. cono director suplente. Las oficinas de Conci quedan en Armenia 2104. En esa misma dirección operaría la importadora CRZ GLOBAL TRADING. Uno de los despachantes de Aduana que trabaja allí se ofrece como gestor de "intervenciones ANMAT, INAL, SEDRONAR y otros organismos oficiales". A nombre de Herrera se inscribieron otras empresas: Daitho S.R.L. y Chateaux 2020 S.A..

Gontad carga con el mote de "pionero" de las fiestas electrónicas. Su primera incursión en el rubro fue en 1991 y desde entonces se autodefine como "promoter". Fanático del actor Ricardo Darín y del paseo de la fama Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, asegura que a sus eventos las únicas personas que no pueden faltar son sus hijas.

Gontad es director de la empresa 2NET. En 2014 recibió el IMS Pioneer Award, un "reconocimiento mundial" por la "gran contribución a la música electrónica en el mundo y a su principal responsabilidad en el desarrollo del género en Sudamérica". Ese galardón lo entrega Ibiza International Music Summit (IMS), donde opera la meca del "punchi punchi". En la región dio un salto con la organización de los festivales masivos con Creamfields, Southfest, Brahma Beats, Moonpark y Sonar Sound Buenos Aires, entre otras. Sus exempleados lo recuerdan como una persona irritable, de mal carácter y ambicioso.

Registros oficiales revelan que Gontad constituyó en 2005 la empresa SOUND-Z S.R.L., de la que Cruz Miguel Pereyra Lucena fue socio. La compañía está habilitada para realizar actividades creativas, artísticas y de entretenimiento y producción de espectáculos teatrales y musicales. Fijaron domicilio en Cabello 3627, donde hoy funcionaría un centro de nutrición. A Gontad y Pereyra se les atribuye a través de SOUND-Z la dirección de Surface Bookings & Management, una agencia dedicada al desarrollo artístico de los Djs, productores y músicos ubicada en Mendoza 1018.

A la hora de armar la Time Warp 2016, Conci y Gontad no dudaron y volvieron a llamar a Telemetrix S.A., la polémica concesionaria del Complejo Costa Salguero. Ya lo habían hecho en 2014 y 2015. En esta edición alquilaron los pabellones 2, 3 y 5 por dos noches. Según números oficiales, la capacidad máxima era de 12.500 personas, pero se estima que había más de 20.000. Los accesos para las dos sesiones costaban $ 945. Funcionarios del PRO recibieron entradas de cortesía. Testigos vieron en los VIP a varios grupos de dirigentes macristas y a sus hijos. No descartan que sean llamados a declarar.

• Irrisorio

Según denunciaron recientemente la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Telemetrix S.A. paga $ 263.576 como canon por todo el predio por mes. "Son aproximadamente 17 hectáreas (170.000 m2) donde existen 23 subconcesionarios que explotan distintos emprendimientos, es decir que el GCBA está cobrando $ 1,5 por m2 por mes", detallaron las ONG en un comunicado.

Las entidades consideraron que es "canon en extremo irrisorio" si se compara lo que se paga en zonas cercanas donde el alquiler del metro cuadrado se paga entre $ 160 y $ 250. "La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece", aseguraron.

Pero además, advirtieron que con la organización de fiestas como Time Warp se incumple la resolución de la Autoridad General de Puertos (S.E. N° 025/92), que concesionó los predios a Telemetrix S.A. por 30 años. "Las actividades que se desarrollan en los establecimientos exceden ampliamente el objetivo inicial", alertaron.

Pero como como ocurre en estos casos, empresarios y funcionarios se echan culpas mutuamente. Los organizadores del evento se defendieron a través de un comunicado en el que destacaron que "los requisitos exigidos, previamente cumplimentados y verificados durante el evento por el Gobierno porteño para permitir el desarrollo de un show como este, fueron ampliados y reforzados por la empresa".

Desde la Time Warp dicen que hubo seis médicos, 25 socorristas, un puesto sanitario, personal de Prefectura -incluido personal especializado en la lucha contra el narcotráfico- y 70 encargados de seguridad privada. Sin embargo, cinco jóvenes murieron intoxicados por el consumo de éxtasis en el interior de la fiesta electrónica.

El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, advirtió que "la seguridad de las puertas para adentro es responsabilidad de la organización".

• Panamá Warp

Telemetrix S.A. pertenece a Federico Bensadón y Alberto Gutiérrez, dos de los inversionistas iniciales del megaproyecto frente al Río de la Plata, que en 1991 logró la habilitación para la explotación del emprendimiento hasta 2021. Los otros fueron Fernando Adolfo Polledo Olivera, Enrique Alfonso Pichón Riviére, Adrián Pablo Ollivier, Jorge Gómez. Telemetrix subconcesiona el complejo a través del Centro Costa Salguero S.A., Salguero Eventos S.A. y Dr. S.A..

Centro Costa Salguero S.A. administra el centro de exposiciones y su presidente es Polledo Olivera, el esposo de la diputada del PRO y vicepresidenta 1 de la Legislatura porteña, Carmen Polledo. En uno de los cinco pabellones que posee, en el salón de fiestas TEB S.R.L. (exTazz), Mauricio Macri se casó con Juliana Awada. También allí se montó en varias oportunidades el búnker electoral del PRO. Este fin de semana se utilizó para la fatídica Time Warp.

Carmen Polledo ocupó las primeras planas la semana pasada por figurar en el directorio de una sociedad offshore radicada en Panamá. Se llama Rank International Corporation y fue abierta por el estudio Fonseca y Asociados el 23 de septiembre de 1988. Carmen aparece como secretaria y su marido Fernando Adolfo como presidente. Al igual que Macri, la legisladora dijo que fue una empresa que agrícola que nunca funcionó y que no la declaró en su patrimonio porque nunca recibió dividendos. Hoy, está en mira de la Justicia.

• Cultura rock

Otro funcionario público vinculado a la tragedia de Time Warp es Alejandro Gómez. El "Conejo" es el actual director del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires y sería socio de Gontad. Gómez carga en su espalada con un procesamiento por otra tragedia en show musical con miles de jóvenes.

En junio de 2002 Gómez fue procesado por "doble homicidio culposo" y embargado hasta $ 500.000 por el juez Omar Facciuto tras la muertes en 1999 de dos jóvenes en el recital Buenos Aires Vivo III, realizado en Puerto Madero. En ese momento, el "Conejo" era jefe del Programa de Recuperación y Utilización del Espacio Público del Gobierno porteño de Fernando de la Rúa y estaba encargado de revisar la seguridad de los recitales gratuitos al aire libre. Sin embargo, Alejandro Lumelli y Diego Aguilera, de 21 años, fallecieron calcinados luego de electrocutarse con un alambrado que delimitaba el predio que había sido acondicionado para un show de rock. Tras cinco años de vericuetos judiciales, Gómez zafó del juicio oral y salió ileso por la prescripción anticipada de la causa, amparado en la ley 25.990, que acorta los plazos para finiquitar expedientes.

El ministro de María Eugenia Vidal llegó a la función pública a fines de los 90, de la mano del radicalismo y su amigo Darío Lopérfido. Gómez fue su jefe de asesores del actual ministro de Cultura de la Ciudad hasta que se ocupó de la dirección nacional de Programación Cultural y Eventos Especiales de la Secretaría de Cultura de la Nación, entre 2000 y 2001. Fiel al grupo Shushi, Gómez se acomodó en el Estado hasta pegarse a Hernán Lombardi. Su esposa, Viviana Cantoni, organizó los festivales culturales durante la gestión de Macri y hoy es subsecretaría de Gestión Cultural con Lopérfido. Ella tomó el cargo que dejó su marido.

• Explicaciones

Gómez se vende como "gestor cultural y docente universitario (UBA, UNC y Palermo) y de posgrados (Flacso)", pero nada dice de su vínculo con Gontad y 2NET Producciones. "Vidal debe explicar los vínculos de Gómez con la organización de Time Warp", reclamó la senadora bonaerense de NE, Mónica Macha. "Es inadmisible que la Provincia tenga un ministro que estuvo procesado por la muerte de dos jóvenes en un evento similar a la fiesta electrónica en la que murieron cinco personas. Como mínimo Vidal tiene que aclarar la situación de Gómez", agregó.

Laura González Velasco, de Libres del Sur, exigió investigar y esclarecer por qué en el Complejo Costa Salguero los jóvenes tuvieron "fácil acceso" a las drogas sintéticas que aparentemente produjeron sobredosis. "Muchas veces en complicidad con los dueños de los lugares se ofrecen en estas fiestas drogas experimentales y luego cortan el agua en los baños para que los jóvenes la compren en las barras. Estas drogas producen fuertes cuadros de deshidratación. Están jugando y comerciando con la vida de nuestra juventud", alertó.

El legislador por el Partido Socialista Auténtico Adrián Camps remarcó que el lugar "no estaba habilitado para que se realice una fiesta porque es una urbanización parque prevista para actividades deportivas".

"Sabemos que en estas fiestas se consumen drogas sintéticas; se debieron tomar prevenciones que no se tomaron, había un servicio de ambulancias desbordado, temperaturas sofocantes, dificultades para acceder al agua y falta de puestos sanitarios", indicó Camps.

El Frente de Izquierda en la Ciudad señaló que detrás de la tragedia operó "una verdadera asociación ilícita para reventar la vida y la salud de la juventud" y denunció que "la responsabilidad se extiende a los propietarios del gigantesco salón, que no podían ignorar este manejo".