SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. El Estado nacional no firmará más convenios con organizaciones sociales para la construcción de viviendas. Si bien se mantendrá el esquema de trabajo de las cooperativas que actualmente se dedican a esas tareas, sus integrantes serán bancarizados y los contratos serán rubricados de manera directa con los estados provinciales, que tendrán el control.

La decisión fue anticipada ayer por el ex intendente de la capital tucumana y actual secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, quien dijo que el presidente Mauricio Macri anunciará próximamente los alcances de la medida.

El funcionario visitó esta capital junto con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, con el objetivo de avanzar con la proyección de un plan de obras de cara a los festejos por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, el próximo 9 de julio.

Amaya señaló que la decisión de eliminar la intermediación de las ONG en los planes de viviendas fue empujada por las sospechas de corrupción durante la anterior gestión, como el escándalo protagonizado en Jujuy por la organización Tupac Amaru, cuya titular, Milagro Sala, permanece detenida por múltiples denuncias en su contra.

"La nueva política de vivienda es no trabajar más con ninguna institución intermedia. En los próximos días, el Presidente y el ministro del Interior [Rogelio Frigerio] comunicarán la decisión de terminar con la intermediación de las ONG en estos planes", explicó Amaya. El funcionario agregó que "el Presidente quiere que todas las cooperativas sigan trabajando y construyendo viviendas como lo venían haciendo, pero con sus obreros bancarizados y en condiciones de recibir el pago del 100% de lo que les corresponda por su tarea".

Respecto de la organización dirigida por Sala, Amaya aseguró que, "por decisión del Presidente, la Secretaría de Vivienda y Hábitat no trabaja más de manera directa con la Tupac Amaru, sino que los proyectos ahora se encaran directamente con el estado de Jujuy". Amaya también mencionó el caso de la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, debido a un pago irregular ordenado durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Esto está siendo evaluado por los organismos de control, como la Sigen y la Oficina Anticorrupción, porque se detectó que el Estado nacional había girado incorrectamente fondos por $ 5,6 millones que se tienen que devolver a la Nación", detalló.