Todo empezó con el pedido de Alberto Fernández al Congreso para que ejerza su función institucional de “control cruzado”. La forma que tomará ese ejercicio republicano será la conformación de una comisión bicameral que nacerá desde la Cámara de Diputados. Tras la declaración que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández el jueves, cuando dijo que su acusación por la llamada causa del dólar futuro no es más que “el lawfare al palo”, y en medio de los rumores de renuncia de la ministra Marcela Losardo, el presidente deberá encarar esta semana junto al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, los pasos a seguir para constituir esa comisión que, por lo pronto, no estaba en los planes legislativos para los primeros meses de este año.

Fuentes del Senado confirmaron a Tiempo que esta comisión nacerá en Diputados porque, argumentan, es la cámara en la que el oficialismo no tiene mayoría propia y es necesario reunir consenso previo para que esta comisión nazca con legitimidad. La herramienta legal para llevar adelante esta iniciativa podría ser un proyecto de ley que proponga la creación de esta bicameral, que se vote en Diputados y luego pase al Senado. Las funciones de una bicameral están estipuladas por ley y responden al pedido del presidente de ejercer ese control cruzado, propio del juego republicano: sus conclusiones tienen valor testimonial y no jurídico, se la convoca debido a su gravedad institucional, debe recopilar datos, instrumentar pedidos de informe, citar funcionarios y entregar información que puede servir de argumento en una eventual causa judicial. También puede solicitar –no obligar– que el órgano competente, que es el Consejo de la Magistratura, implemente mecanismos, según su propio reglamento, para remoción de magistrados y fiscales.

Sin embargo, esa tarea tiene que tener una conducción política desde el oficialismo y le corresponde a la ministra del área pertinente. A Losardo no se la notó muy cómoda con el asunto, ya que fue ella misma quien le bajó el tono a la iniciativa de su jefe político y amigo personal, Alberto Fernández. Fue entonces cuando los rumores de renuncia brotaron como hongos el viernes, lo que hizo que, por lo pronto, el presidente no tomara ninguna decisión al respecto. Es que el problema al que se enfrenta Alberto es grave: la reforma judicial es la iniciativa más apreciada de su gobierno, él mismo firmó el proyecto de multiplicación de juzgados federales que tiene media sanción del Senado pero duerme en Diputados.

Y su ministra no salió a defenderlo en los medios ni a juntar consenso en los colegios profesionales del mundo judicial. Alberto viene de perder un ministro hace dos semanas, Ginés González García, un compañero de ruta suyo, que le respondía políticamente, a diferencia de otros miembros del Gabinete que pertenecen al kirchnerismo o al massismo. Con Losardo pasa lo mismo. Su reemplazo es difícil ya que, por un lado, la manta es corta y, por otro, sería ceder un casillero importante a las otras fuerzas políticas. “Quien asuma ese cargo va a tener que pintarse la cara y salir a pelear. Y Losardo no se siente cómoda en esa tarea”, explicaban fuentes del Senado a este diario.

La danza de nombres para su reemplazo ya había empezado el mismo viernes a la noche. Desde el Ministerio del Interior volvieron a negar que su titular, Eduardo “Wado” De Pedro, cambiara de cargo. Otro que sonó fue el embajador en Chile Rafael Bielsa, autor de un libro sobre lawfare pero, ante la consulta de Tiempo, negó que haya sido consultado. La opción que sonó fuerte fue el diputado massista Ramiro Gutiérrez, pero también fue descartado por el propio espacio. Ayer, comenzaba a mencionarse el nombre del rionegrino Martín Soria, aunque también de manera extraoficial.

Es que la reforma judicial no es uno de los ejes del massismo. Allí insistían en que el lunes la Cámara Baja comenzará con el trabajo en comisión para tratar la suba del piso del Impuesto a las Ganancias. Pero las declaraciones de Alberto y Cristina pusieron a la tercera pata de la alianza en un brete. Ahora Massa tiene que encarar la conformación de esta bicameral que no formaba parte de la agenda legislativa acordada y no es un tema que le interese promocionar, como sí lo es la modificación de Ganancias. Por lo pronto, fuentes de la Cámara Baja adelantaron que el tema lo tienen que acordar Alberto y Massa, para luego, pasar a ser una iniciativa del bloque del Frente de Todos que conduce Máximo Kirchner.

Ese acuerdo podría comenzar a gestarse este domingo en Olivos, en una reunión que se llevará a cabo entre el presidente y el titular del Frente Renovador quien, como todo dirigente político, tiene aspiraciones de ubicar gente de su espacio en lugares de poder –como lo es el Ministerio de Justicia– pero que esta vez dejará pasar la oportunidad, a menos que Alberto lo convenza. “El problema no es legal, es político. Las leyes ya están escritas, pero hay que aplicarlas y no mirar para el costado. Esa es la tarea política y la hace el ministro”, sentenciaron cerca de Cristina Fernández, la autora de la ya célebre frase de los “funcionarios que no funcionan”. 

Los alcances de la comisión bicameral

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, se pueden crear comisiones especiales para investigar, juntar información, interpelar y emitir informes sobre temas específicos que sean requeridos por las autoridades.

En el artículo 104 de comisiones especiales se estipula que “la Cámara, en los casos que estime conveniente, o en aquellos que no estén previstos en este reglamento, podrá nombrar o autorizar al presidente para que nombre comisiones especiales que dictaminen sobre ellos”.

A su vez, estas comisiones tienen que ser representativas de todos los sectores políticos, según lo establece el artículo 105 que indica que “la designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara. Los vicepresidentes de la Cámara pueden ser miembros de las comisiones permanentes o especiales".

Los diputados y diputadas que no sean miembros de una comisión permanente o especial pueden asistir a sus reuniones y tomar parte en las deliberaciones, pero no en las decisiones ni en la suscripción de los despachos correspondientes. "Los autores de los proyectos deben ser especialmente citados".

Por Gimena Fuertes