El Presidente debe reconstruir su autoridad para dar la batalla más importante de su mandato contra los miembros de la Corte Suprema. Apoyos internos y externos.
Por: Nicolás Lantos.
Dice el refrán que existen tres cosas que no pueden deshacerse: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Alberto Fernández no tiene margen para perder más oportunidades; quizás por eso decidió usar la palabra y lanzar la flecha al flanco que dejó expuesto la mafia empresarial, político y judicial cuando comenzaron a salir a la luz sus vínculos promiscuos.
Ahora no hay vuelta atrás. Con el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la nueva mayoría automática de la Corte Suprema se pusieron en marcha mecanismos y secuencias que ya no pueden detenerse y que, inevitablemente, transformarán el país, en un imprevisible efecto cascada. Para bien o para mal, la Argentina será un país distinto cuando concluya este año.
La contienda institucional en ciernes vuelve a darle al Presidente la chance de ocupar el centro del escenario, del que había sido desplazado, en los últimos meses, por el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a espacios de mayor protagonismo en el debate público y por la gestión de Sergio Massa en el área económica. El apoyo de gobernadores a su iniciativa le restituye parte del protagonismo resignado en los tres años anteriores.
La presión mafiosa sobre los gobernadores del centro peronista (geográfica y políticamente hablando) consiguió privar a Fernández de algunos alfiles para su batalla, por ahora, pero todavía no hizo mella en la contraparte parlamentaria, donde el Frente de Todos tiene los patitos alineados, incluso aquellos que vienen de provincias donde el jefe del distrito decidió sacarle la cola a la jeringa. De nuevo: por ahora.
El próximo objetivo de los acusados, que procuran extender su impunidad hasta la llegada de un nuevo gobierno menos hostil, con el que pactar nuevas condiciones, será voltearle al oficialismo al menos un vocal en la Comisión de Juicio Político, donde se deberá votar la admisión de la denuncia, cada una de las medidas de prueba y los testimonios que se consideren necesarios para la investigación y por último la elevación del dictamen al recinto.
El Frente de Todos cuenta con 16 votos sobre 31 miembros de la comisión, suficiente para saldar cada uno de esos pasos. En tanto que la oposición tiene 14 votos y hay uno suelto del lavagnista Alejandro Rodríguez, que ya anticipó su rechazo al juicio político. Así las cosas, si por cualquier motivo, alguno de los legisladores del peronismo se ausenta o cambia el sentido de su voto, la oposición tendrá poder de bloqueo.
A esta altura del partido, la meta del oficialismo no es, aún, alcanzar los dos tercios de los votos de ambas cámaras para concretar el castigo sobre los cuatro supremos. Esperan, en cambio, que el proceso les permita seguir ventilando las miserias de jueces, fiscales, empresarios y dirigentes de la oposición. Todos, en los dos lados de la grieta, actúan asumiendo que las filtraciones todavía no exhibieron los secretos más comprometedores.
Un detalle se pasó por alto en el relato de las filtraciones y la guerra de bandas que protagoniza la interna opositora. En noviembre, cuando se denunció por primera vez el hackeo de teléfonos de Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli, se ubicó la fuente de esa intrusión en la provincia de Misiones. Desde allí también se había montado, en 2007, la base desde donde se llevaron a cabo las escuchas ilegales que desataron el primer escándalo de espionaje de Mauricio Macri. Curiosidades.
Las ramificaciones posibles de este conflicto son demasiadas y difíciles de prever, por la cantidad de variables en juego. Sin embargo, una idea sobre el futuro inmediato puede ser un insumo valioso para el análisis. Tras una consulta con fuentes de distintos sectores del FdT y de JxC, las respuestas, diversas y sin cassette, giraron siempre en torno a uno de cinco escenarios base, ordenados aquí de peor a mejor para facilitar la lectura.
- El conflicto político e institucional vuelve a impactar en la economía y las finanzas, interrumpiendo la baja de inflación, condicionando la recuperación del poder adquisitivo y haciendo incumplibles las metas del acuerdo con el FMI. Una nueva espiral de inestabilidad amenaza el final del mandato de Fernández y la integridad del Frente de Todos, pero las esquirlas de la crisis pueden terminar arrasando también con la oposición.
- El cepo a la política que practica la oposición se endurece, fruto del enfrentamiento. Un bloqueo legislativo y judicial a cada iniciativa del gobierno termina causando una parálisis aún mayor que la actual. Sin cimbronazos pero sin éxitos tangibles en materia microeconómica, los meses hasta las elecciones serán una larga agonía supervisada, que desembocarán en una derrota electoral del peronismo.
- La investigación avanza, revelando nuevos detalles sobre la corrupción de la Corte Suprema, Comodoro Py, Juntos por el Cambio y Clarín. Se da un cambio sensible en la agenda y la sociedad, en la medida que sienta una mejora en su economía cotidiana, también irá revisando preconceptos sobre unos y otros. El peronismo, si puede resolver sus internas, llegará competitivo y con chances a las elecciones de octubre.
- La aparición de nuevas evidencias y/o el recálculo político ante una oportunidad inesperada causa un quiebre en el pacto opositor, aislando a los sectores de JxC más comprometidos. Esta nueva correlación de fuerzas permite avanzar, trabajosamente, en el juicio político y, quizás, también en otras iniciativas de reforma judicial en el Congreso antes del final de este mandato.
- Un escándalo de proporciones históricas que termine con renuncias masivas de los funcionarios judiciales y políticos involucrados y llegue a reordenar profundamente el escenario. Parece improbable, pero en este tipo de procesos, algunas cosas maduran de forma subterránea y cuando salen a la luz lo hacen con la fuerza imparable de un torrente que arrasa con cuestiones que parecían, hasta hace poco, inscritas en piedra.
Por caso: hasta el 23 de julio de 1973, un año, un mes y cuatro días después de que se detuviera a un grupo de espías a sueldo de la Casa Blanca pinchando teléfonos en oficinas de la oposición en el edificio Watergate, ningún legislador republicano había quitado su respaldo al presidente Richard Nixon. Ese día, el primero de ellos anunció que apoyaría un juicio político. Dos semanas más tarde, el 8 de agosto, acorralado, Nixon renunció.
Que el final de esta historia se parezca más a esto último y se aleje de los escenarios de pesadilla anteriores depende, en gran parte, de tres cosas. La primera es mantener estables las condiciones macroeconómicas y conseguir, en simultáneo, una mejora fuerte en el poder de compra de los salarios. La segunda es la interna en el Frente de Todos, que tarde o temprano deberá definir a qué está jugando. La tercera es el propio Fernández.
Desgastado después de tres años de gobierno pesadillesco, con una pandemia, una guerra de alcance global, un montón de fuego amigo y una pila de errores no forzados, el presidente necesita reconstruir su autoridad para sortear con éxito el desafío a los poderosos cortesanos. Un mandatario débil no podrá, en ningún caso, sostener durante un año la tensión que significa una batalla como la que decidió o se vio forzado a emprender.
En el plano interno, eligió a los gobernadores para construir su sostén. A pesar de los aprietes y embates, sumó la banca de once provincias y en la Casa Rosada confían en que en las próximas semanas pueden recuperar a alguno de los mandatarios provinciales que se bajaron en la última vuelta: apuntan a negociar con “los Sergios”, el entrerriano Bordet y el sanjuanino Uñac y con el puntanto Alberto Rodríguez Saa.
En simultáneo, con ocasión de la próxima cumbre de la CELAC, que se celebrará el 24 de enero en Buenos Aires, Fernández intentará importar a la Argentina parte de la red de apoyos y sociedades internacional que supo construir, con éxito, desde 2019. El encuentro también servirá como plataforma para el regreso del brasileño Lula da Silva a la arena exterior, en la primera salida fuera del país de su tercera presidencia.
Lula llegará un día antes para sostener una serie de actividades y una segunda bilateral con su par local, que ya lo visitó a principios de mes en Brasilia, en ocasión de la toma de mando. El encuentro servirá para firmar un acuerdo de más de treinta puntos entre ambos países, el acto de integración y coordinación más importante entre los socios estratégicos desde que Néstor Kirchner y el brasileño decidieron en simultáneo cortar lazos con el FMI.
La presencia de alrededor de 25 de mandatarios en Buenos Aires podría verse elevada tras la invitación que cursó Fernández a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, para que participen de la cumbre. De difícil cumplimiento, la movida busca darle más relevancia a las relaciones exteriores que cultivó, no sin dificultades, el gobierno argentino durante los últimos años.
Las apretadas agendas de Biden y Xi son un obstáculo para concretar la visita con tan poco tiempo de antelación. Por ejemplo: el gobierno chino confirmó recientemente su participación en el Foro Asia Pacífico que se realizará este año en Estados Unidos en noviembre de este año, dentro de más de diez meses. La cancillería argentina trabaja por estas horas en un plan B: que los dos mandatarios participen del encuentro por zoom.
Además de la visita de dos docenas de presidentes (una nómina que incluye, junto con Lula, al mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y, probablemente, también el venezolano Nicolás Maduro), pasarán por el país en los últimos días de enero el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michell, y el ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa.
Ninguno de ellos tiene voz ni voto en el juicio político a la Corte, pero Fernández intentará que sus logros en la arena internacional le den un renovado capital político y, sobre todo, contrarresten la imagen de un presidente aislado y sin poder. Y que le abran una salida diplomática si no busca la reelección al final de su mandato: la secretaría general de una renovada Unasur, cargo que supo ocupar, después de dejar la Casa Rosada, un tal Néstor Kirchner.
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