“Queridos amigos y amigas de Osdepym. No quise estar ausente en la celebración del 51° aniversario. Hoy en funcionamiento y a cargo de mi querido amigo Horacio Alonso. Les deseo que la obra social siga funcionando bien, creciendo y cumpliendo el rol que las obras sociales deben cumplir: estar en auxilio de los afiliados. Les deseo lo mejor en este aniversario. Estoy con ustedes”. Con este mensaje, Alberto Fernández respaldó ayer la gestión de Alonso, un dirigente del PJ cercano a Sergio Massa, quien está a cargo de la intervenvión de la Obra Social Empresaria (Osdepym).

Osdepym, vinculada a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, fue intervenida durante el macrismo por presuntas irregularidades. La gestión de Fernández resolvió extender el control estatal y ubicó como interventor a Alonso, un dirigente peronista con influencia en Tres de Febrero. Desembarcaron también con cargos jerárquicos Marcela Durrieu, suegra de Massa, y Yanina Paula Zanarini, hija del por entonces jefe de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), organismo que debía auditar las tareas de la intervención de la obra social. Hoy, la obra social atraviesa una crisis financiera y estaría al borde de la quiebra, según denunció la autodenominada Comisión Normalizadora.

Más allá de las sugestivas designaciones, la gestión de Alonso está en la mira de la Justicia por la compra de alimentos y juguetes por casi 108 millones de pesos a una empresa constructora llamada Estructura Base SRL. El gasto habría sido hecho en concepto de “responsabilidad social” y se realizó entre abril y septiembre de 2020, durante el aislamiento estricto por el avance del coronavirus, según los registros que obtuvo LA NACION.

Durrieu, la suegra de Massa, dijo que renunció a su cargo “al inicio de la pandemia” y tomó distancia de la intervención. Hay una denuncia en contra de Alonso en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 que se realizó en octubre de 2020 y que no tuvo avances, según deslizaron a LA NACION fuentes vinculadas a la la autodenominada Comisión Normalizadora de Osdepym. En el expediente acusan al interventor Alonso y al fallecido Eugenio Zanarini, exjefe de la SSS, de presunta asociación ilícita y defraudación.

Desde la Comisión Normalizadora, el exdirector de Osdepym Mauro González advirtió sobre la caída en la prestación de servicios y la posible quiebra. Hasta el momento de la intervención, la obra social era superavitaria, según un comunicado de la comisión. “Se han efectuado contrataciones directas, que no responden al objeto de la obra social, de empresas de dudosas existencia por valores probados de, por lo menos, $108 millones”, precisaron. “Esto se refleja en el déficit en las prestaciones, los pago superan los 160 días. El gobierno tiene que ocuparse de forma urgente”, dijo González el sábado pasado en Radio Mitre.

Retraso en los pagos

Fuentes cercanas a González, deslizaron a LA NACION que antes de la intervención había reservas financieras y se pagaba a los prestadores a los 30 de presentada la factura. Hoy harían los pagos a medida que ingresan los fondos, pero pagan a los 120/150 días. Las quejas de los afiliados se multiplican, según los registros que tiene la comisión normalizadora. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Alonso, el interventor de Osdepym felicitado por el Presidente. Alonso, que lleva tres años como delegado normalizador, no resolvió aún si convocará a elecciones para resolver las autoridades de la obra social.

En las elecciones internas del Partido Justicialista a nivel distrital, que se realizaron en toda la provincia de Buenos Aires el 27 de marzo pasado, Alonso compitió por la presidencia partidaria en Tres de Febrero, pero no pudo quedarse con la conducción. Lo venció Juan Debandi, vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y excandidato a intendente, identificado con La Cámpora. Alonso ya había intentado desafiar al referente camporista local en las elecciones legislativas del año pasado, pero le negaron la interna y no pudo presentarse como precandidato a concejal. En la competencia partidaria, Alonso quedó segundo y el tercero fue Alejandro Collia (secretario de Calidad en Salud nacional y exministro de Salud bonaerense).