Hay un momento, si uno analiza la historia de los gobiernos -podríamos identificar ese momento en muchos gobiernos de la historia argentina y sobre todo desde la reposición de la democracia en 1983 hasta ahora- en que definen su perfil. Definen la identidad, los contornos con los cuales van a entrar en los libros de historia.

Probablemente este gobierno, el de Alberto Fernández, esté encontrándose, en los próximos días, en las próximas semanas con una encrucijada que lo va a obligar a definir mejor su identidad y sobre todo a salir de la ambigüedad. Es un problema para el oficialismo, porque la ambigüedad hasta ahora ha sido, para el peronismo que gobierna, y sobre todo para el kirchnerismo, estratégica.

En alguna medida es un vicio, porque la ambigüedad impide definiciones de mediano y largo plazo, impide fijar un rumbo nítido. Pero para muchos de ellos es una virtud, porque gracias a la ambigüedad han podido lograr la convivencia de sectores muy distintos.

La elección de Cristina Kirchner de Alberto Fernández, su proclamación a través de un tuit fue una apuesta a la ambigüedad, a elegir como presidente a un delegado no a pesar de, sino porque expresaba, o nos había hecho creer que expresaba, ideas distintas de las de Cristina Kirchner. Pero ahora esa ambigüedad está en tensión. Y es difícil de sostener, por dos razones. Una encrucijada económica; el Gobierno tiene que definir un programa económico para poder renovar la deuda de US$42.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Además, ligada a esa encrucijada económica hay otra encrucijada, geopolítica, porque le están pidiendo desde el exterior que defina su alineamiento. Y esto está sucediendo esta semana por una invitación del gobierno de Estados Unidos a participar de una cumbre de democracias.

Estos dos temas están estimulando fricciones, discusiones preexistentes dentro de la coalición que gobierna. El primer problema tiene que ver con la definición de un programa económico. Alberto Fernández le dijo hace ya un tiempo al Financial Times que él menospreciaba los programas económicos, que prefería no tener programa económico. Probablemente haya sido una decisión, como decía antes, estratégica. Porque una vez que cifrara en un programa, que pusiera en números en medidas concretas, una visión de la economía y una visión del futuro, probablemente algunos pasajeros, algunos tripulantes del barco iban a querer bajarse. Es lo que estamos viendo que está pasando ahora dentro del oficialismo. Pero va a ser imposible negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo, que le evitaría al Gobierno tener que entrar en default, sin fijar ese programa económico.

El Presidente prometió -siempre hay un problema con los tiempos en este Gobierno, muy llamativo- que para esta semana iba a mandar al Congreso un programa plurianual de cinco años, de tal manera de distribuir en esos cinco años los ajustes a los que está obligada la economía argentina. No lo mandó. Pero no solamente el Congreso no está en condiciones de empezar a tratar el programa plurianual. Hay un detalle que pasó prácticamente inadvertido: ni siquiera empezó la discusión del presupuesto convencional, que el Gobierno sí mandó. Y esa demora para tratar el presupuesto también tiene que ver con la imposibilidad del oficialismo y de los bloques oficialistas de defender en público los ajustes que están contenidos en los números cifrados de esa contabilidad del presupuesto.

Hasta ahora, todo este problema, que tiene que ver con la normalización de la economía argentina y con la salida de la crisis, ha sido cubierto con espesas capas de humo.

Sobre todo, la negociación con el Fondo. Primero se habló de que iban a conseguir (y el bloque de senadores peronistas se lo fijó por escrito) cambios en los plazos para devolver el dinero. No pudieron. La segunda bandera política era que iban a conseguir un recorte en la tasa de interés que se paga por aquellos recursos que exceden la cuota de la que tiene derecho el país en el Fondo. Tampoco pudieron. Se habló de reducir, aliviar exigencias monetarias del Fondo, a cambio de cumplir exigencias climáticas: pasó como un delirio.  aproximación con China, cediendo a China iniciativas de carácter nuclear, a cambio de que el gigante asiático financiara a la Argentina en sustitución del Fondo Monetario.

La última ocurrencia fue intentar una aproximación con China, cediendo a China iniciativas de carácter nuclear, a cambio de que el gigante asiático financiara a la Argentina en sustitución del Fondo Monetario.

Y los chinos, que como vamos a ver ocupan un lugar muy importante en el Fondo, le dijeron “no, China no va a poner un dólar en la Argentina sino arreglan con el Fondo”. Era obvio que China, que es una de las dos grandes potencias que hoy rigen la escena internacional, no iba a elegir a la Argentina en detrimento de la arquitectura financiera mundial a la que China quiere pertenecer y dominar.

El Presidente le “exigió” ahora al Fondo, en una picardía criolla, que antes de sentarse a negociar, el organismo haga una autocrítica por el programa acordado en el gobierno de Mauricio Macri, que es el que surgió como contrapartida de aquel crédito de US$57.000 millones que el FMI le dio a Macri. Desde el Fondo aclararon: “No, no, no hay ninguna autocrítica, lo que vamos a hacer es una revisión de rutina, como hacemos siempre, de los programas que implican mucho volumen de dinero”.

Y es obvio que no va a poder hacer una autocrítica, porque sería muy raro que el Fondo se autoflagelara por un programa que permitió cinco desembolsos seguidos de dinero. Si dijeran que ese programa no funcionó, los que prestaron ese dinero, que son los países que rigen el Fondo Monetario, incluidos China y Rusia, tendrían que explicar por qué cedieron plata a cambio de un programa fallido. O sea que es una ilusión pensar que el Fondo Monetario va a decir algo así como: “Nos equivocamos con Macri”.

Todo este humo confronta ahora con la negociación concreta. Viajaron a Estados Unidos, a Washington, cinco funcionarios. Este viaje es muy importante porque nos revela cuál es la lógica del Fondo Monetario. Los que viajaron son cinco funcionarios técnicos. Tres del área de Hacienda, entre ellos el secretario de Hacienda. Estos tres son los expertos en presupuesto; y dos funcionarios de una institución que es clave en este problema, el Banco Central.

Recuerden ustedes que cuando el gobierno de Macri negociaba con el Fondo los que se caían eran los presidentes del Banco Central, no los ministros de Economía. Porque el problema clave está en la enorme masa de emisión monetaria que lleva esta política económica como eje, y en la política cambiaria, que va a ser un tema dificilísimo de discutir en Washington. Entonces, fueron estos funcionarios a discutir política cambiaria, tarifas de los servicios públicos -es decir, subsidios al consumo de energía y gas que es el gran rubro del gasto público-, emisión monetaria, entre otros temas. Se encuentran del otro lado no con Georgieva, sino con seis funcionarios cuyo nombre uno no conoce, que son expertos del Fondo Monetario Internacional en esas materias.

Es gente que sigue la política económica argentina en tarifas, gasto público, emisión monetaria, política cambiaria. Y empieza una discusión que es lo contrario del humo. Hay que sacar los cuadros de Excel y empezar a ver número por número, partida por partida, y discutir algo que, con perdón de la palabra, se llama ajuste. Este es el centro del problema y lo que al final va a generar seguramente una discusión política en el seno del propio oficialismo.

Aparte de todo esto, hay un problema específico de Martín Guzmán, que hace del tema de la negociación con el sector privado, es decir, con los bonistas, su bandera, política y académica. Esa deuda fue tan mal negociada que hoy los bonos argentinos rinden una tasa que sólo tienen activos de altísimo riesgo, como las de los que muy probablemente entren en default. 1750 es el nivel al que llegó el Riesgo País, es decir, el riesgo de esos bonos.

Guzmán espera que el Fondo no descalifique esa negociación. Pero es muy difícil que el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo con la Argentina pueda decir que esa deuda es sustentable con alta probabilidad, que es la fórmula prevista para cuando un país emite bonos de alta calidad y no tienen riesgo. Porque los bonos argentinos hoy presentan un riesgo de default. Como si dentro de 5 años fuéramos a entrar en cesación de pagos. Como si dentro de cinco años hiciera falta otra negociación como la que se hizo el año pasado. Acá se juega el prestigio de Guzmán frente a su espejo. Y esto también está demorando la negociación.

Una vez que se discute todo el esqueleto de la economía argentina con esos técnicos sin nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, hay que redactar una carta de intención. Obviamente la redacta el país, pero la tiene que aprobar el que concede el crédito. Acá hay que aclarar algo: es como si el Gobierno volviera a pedir el crédito que pidió Macri. Entonces esa carta de intención va a obligar al Gobierno a fijar números concretos, partidas del presupuesto que van a tener que ser modificadas. Y todo esto va a llevar semanas. Muy probablemente no logre hacerse antes de fin de año, como ya anticipó Georgieva. Va a seguir la negociación en enero. ¿Por qué esto es importante? El área de la que depende la Argentina en el Fondo Monetario hoy está vacante. El que era el director de esa área, Alejandro Werner, se fue, entre otras cosas, por el fracaso en la implementación del programa que se pactó con Mauricio Macri. Ahora llega un economista ortodoxo. Se llama Ilan Goldfajn, es un brasileño, prestigioso en el mundo de los economistas, que fue el presidente del Banco Central de Brasil con Michel Temer.

Quiere decir que es alguien que nos conoce de ida y vuelta y que no va a querer correr el riesgo de que su carrera se vea mancillada por un programa mal hecho. Entonces Guzmán, que quería cerrar con el Fondo antes de la llegada de Goldfajn, va a tener que negociar con este economista que mira la economía, el gasto público, la emisión monetaria con los ojos de, por poner un ejemplo local, Ricardo López Murphy. Es decir, distante de las premisas con que mira el problema Guzmán, y mucho más distante todavía de los criterios con los que lo puede mirar Cristina Kirchner.

El Gobierno se encuentra frente a un problema: debe lograr la aprobación de esta gente en el Fondo. Pero, además, cuando se da vuelta tiene que lograr la aprobación de Cristina Kirchner, que ya mandó una carta, un poco desesperada, contradictoria, que contiene algo tan insólito como decir que como la deuda la contrajo el gobierno de Macri es la oposición en el Congreso la que se tiene que encargar de este problema. Es algo así como si Macri cuando llegó hubiera dicho “como este déficit no lo generé yo que se encargue el peronismo de hacer los ajustes en el Congreso, como oposición parlamentaria, porque yo no me hago responsable de este problema”. Es una idea delirante del Estado.

Además, Cristina Kirchner le recuerda al Presidente, ya no a Guzmán, declaraciones que él hizo en Tucumán diciendo que él no estaba dispuesto a hacer ningún tipo de ajuste. Es decir, le fija límites muy severos al Gobierno. Ahora, a su vez, hay un sector del kirchnerismo que le fija límites a Cristina. Alicia Castro, Milagro Sala, Amado Boudou, el Partido Comunista, Gabriel Mariotto constituyen un sector interno que fue nada menos que a la Corte Penal Internacional de La Haya a acusar al Fondo por lo que hizo la Argentina. Eso sí está muy lejos de un acuerdo. Y le están diciendo a Cristina “a dónde nos están llevando con los ajustes que nos propone Guzmán”. ¿A quién está mirando este sector? ¿A quién mira Cristina? Así como Macri, Patricia Bullrich, cuando miran el mapa político están viendo a Javier Milei, a José Luis Espert, que son dos actores que se llevan votos de la derecha del Pro, este sector del kirchnerismo mira al trotskismo, que duplicó sus votos en la última elección. Y no están dispuestos a seguir perdiendo votos frente a esa opción, por lo tanto, se radicalizan dentro del propio oficialismo. Y miran a Cristina, no a Fernández, al que no miran desde hace tiempo.

A su vez está el problema de Alberto Fernández que mira cada vez con más desconfianza a Guzmán. Es otra grieta interna que se abrió. Alberto Fernández le encargó a un economista de su máxima confianza que revise los números que le lleva Guzmán y ese economista le devolvió un dictamen diciéndole que Guzmán lo engaña con los números. A partir de ese dictamen, Fernández cree que el ministro de Economía le está presentando ajustes superiores a los que se requerirían y que, por lo tanto, si se sigue el camino planteado por Guzmán la recuperación va a ser más lenta. Y, por lo tanto, será más lenta la recuperación de los votos. Habrá que ver cuando Guzmán firme la carta de intención, ya no si se la aprueba Cristina, sino si se la aprueba Fernández.

Después de todo esto hay que mirar al Congreso. En el Congreso tenemos primero un actor que es Sergio Massa, que estuvo reunido con Fondos de Inversión que visitaron la Argentina, la semana pasada, para tomar la temperatura de la economía argentina, y sobre todo, de la posibilidad o no de un acuerdo con el Fondo. Y Massa les dijo -no sabemos basados en qué, porque la información que les dio Massa no coincide con la que manejan los propios actores del problema-, que el acuerdo está prácticamente hecho. Y que hay dos detalles para definir, si se llega al déficit cero en 2024 o 2025, en el recorte paulatino de déficit en este programa plurianual, y que lo otro que está en discusión es la segmentación de los aumentos de tarifas. Les dijo algo más. Que probablemente en marzo Guzmán se vaya. Es rarísimo que se vaya un ministro que acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aunque, si miramos la desconfianza de Fernández sobre Guzmán, es probable que en la cabeza del Presidente esté que Guzmán se vaya después de esta negociación.

A su vez está el problema del Congreso, de un Congreso que es otro Congreso. Con tensiones en todos los bloques. Se acaba de partir el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, anticipando algo de más largo plazo. La fractura expresa una pelea entre dos cordobeses, entre Mario Negri, que perdió la elección en Córdoba, y Rodrigo de Loredo que la ganó. Sobre esa pelea de dos cordobeses se proyectan las candidaturas presidenciales del radicalismo para 2023. Pero no es la única fractura. Hay diputados del Pro que van a armar sus propios bloques más las disidencias del propio oficialismo. Hay gente experimentada en política, como Carlos Ruckauf, que se está preguntando si cuando vayan todos estos acuerdos al Congreso no empezará una discusión caótica. Está pasando en Costa Rica, donde también hubo un compromiso innecesario de convalidar el acuerdo en el Congreso. Y hoy Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, está diciendo públicamente: “No me pregunten más por el acuerdo con el Fondo, porque es un tema del Congreso; allá lo mandé y todavía no vuelve”. ¿Le puede pasar esto a Alberto Fernández? Sí. ¿Le va a pasar? Todavía no sabemos. Pero puede pasar que el acuerdo entre en una negociación legislativa endiablada que obligue al Presidente a sacarlo por un DNU. Eso sí lo pensó Alberto Fernández. Lo está pensando desde hace tres semanas.

Todo esto, que es la encrucijada económica a la que se está enfrentando el Gobierno, hace juego con una encrucijada geopolítica, de política exterior, de ubicación de la Argentina y del kirchnerismo en el mundo. Por qué. Porque el Gobierno no está negociando con fondos privados, con bancos de inversión: está negociando con potencias. La negociación con el Fondo es una negociación, básicamente, con el G7. Por lo tanto, es una negociación que tiene además de una dimensión técnica, otra política. Mientras se produce esta negociación Joe Biden convoca a una cumbre virtual de defensa de la democracia. De defensa de tres políticas: política anticorrupción, antiautoritarismo y proderechos humanos. Podemos encontrarle mil modulaciones, pero tiene una indiscutible: es una política anti-China. El chino es un régimen autoritario, violador de los derechos humanos, que además está contaminado por la corrupción. Cuando la Argentina mira la lista de invitados, ve que de esta convocatoria están excluidos China, obviamente, Rusia, Nicaragua, Irán y Bolivia. Y que, al revés, está incluido Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, y está incluido Taiwán, cuya condición de país China popular desconoce. Tiene que decidir Alberto Fernández. Y está buscando qué decidir. Probablemente el embajador en Estados Unidos Jorge Argüello, que está en Yakarta, en Indonesia, donde hay una reunión preparatoria del G20, esté hablando de este problema con el segundo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Daleep Singh.

Desde el kirchnerismo, en una nota muy interesante que publica en su sitio El Cohete a la Luna, Horacio Vertbisky observó ayer algo así como: No puede haber una excusa formal, como ‘me llegó tarde la invitación’. Acá hay una discusión política e ideológica y esperamos que el Gobierno se defina. Obviamente la expectativa es que no vaya. Pero hay que ir a explicar al Fondo que no se va. Por qué. Porque esta es la composición del Fondo Monetario Internacional en cuanto a su conducción. Sería bueno prestar atención a estos dos elementos gráficos.

En este mapa del Atlántico Sur se señalan dos lugares: Bata, en Guinea Ecuatorial, y Montevideo, en Uruguay. ¿Qué tienen que ver estos dos lugares? The Wall Street Journal acaba de publicar un informe de inteligencia de Estados Unidos, que el gobierno norteamericano aún no convalidó, diciendo que China está negociando con Guinea Ecuatorial una base militar en la ciudad de Bata. Lo presenta como una alarma del Pentágono. Y en Montevideo hay una presión permanente del gobierno chino y, en sentido contrario, del gobierno de los Estados Unidos, porque los chinos quieren crear un puerto sobre el Río de la Plata. Sabemos ya que China le ofreció al gobierno uruguayo un acuerdo de libre comercio. ¿Cuánto puede implicar para las cuentas chinas ese acuerdo de libre comercio?: casi cero. Poquísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la aspiración de China a establecerse en el Atlántico.

Ahí es donde la Argentina juega un papel, como lo juega Brasil.

De esto se está hablando también en el FMI. ¿Quiénes mandan en el organismo? Estados Unidos tiene el 17,5 por ciento de las acciones, le sigue con 6,5 Japón. Es decir, en el Fondo mandan, antes que nadie, Estados Unidos y Japón. ¿Dos enemigos, rivales de China? Sí. ¿Qué relación tiene el gobierno argentino con el gobierno japonés? ¿Cuánto entiende el gobierno argentino el rol del gobierno japonés en este juego? Casi nada. Lo demostró el embajador de Japón cuando tuvo que avisarle públicamente al Gobierno que había que pagarle la deuda al Club de París si le iban a seguir pagando la deuda a China. China es el tercero en la conducción del Fondo. Y el cuarto es Alemania. Después siguen los demás. Nosotros no figuramos. Estamos en el resto del mundo, con una participación de 0,6 por ciento. ¿Qué están mirando Estados Unidos y Japón? El mapa del Atlántico Sur, ese mapa donde China avanza.

Todo esto se discute en medio de una gran recomposición política en el Gobierno y en la oposición. Primero, una recomposición dentro del oficialismo. Alberto Fernández intenta ganar fuerza para venderle a Cristina este programa. Por ejemplo, con la CGT. Por ejemplo, Débora Giorgi, echando a Débora Giorgi, que no llegó a ser subsecretaria de Comercio Interior porque cometió un error, que no sabía tal vez que lo estaba cometiendo. Se reunió con una gran empresa alimenticia y dijo una cantidad de cosas relacionadas con la política de precios, muy alineadas con las ideas de intervencionismo de Roberto Feletti, que es el que la llevó al Gobierno. Cuando los directivos de esa empresa, que es una de las más importantes del país en el rubro alimenticio, le preguntaron en nombre de quién hablaba, dijo: “En nombre de la persona más importante de la Argentina, de la primera persona en términos de poder político, que es Cristina Kirchner”. Cuando le explicaron esto a Alberto Fernández le dijo a Matías Kulfas que le avisara a Giorgi que su decreto de designación no iba a ser firmado. Quedamos ante una situación insólita: hubo alguien, un particular, que estuvo actuando durante semanas como subsecretaria de Comercio Interior sin serlo. Convocaba a reuniones, servía el café, discutía precios y nadie sabe en nombre de qué Estado lo hacía.

Otros actores le pasan factura al Gobierno a cambio de dar apoyo a Alberto Fernández, que necesita recomponerse frente a Cristina Kirchner, después de haber perdido 40 por ciento de los votos en dos años. Uno de ellos es Massa, que relanza el Frente Renovador y dice: “Quiero otra participación en el oficialismo”. Y de paso pone, sin que se note la dependencia con él, a Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, nada menos que al frente del control de vías navegables, de una zona del país que es por donde pasa, entre muchas otras cosas, el narcotráfico. Es el control de todo el Río de la Plata y del Paraná hasta llegar a Rosario, donde hay ataques cada vez más frecuentes del narcotráfico. También hay otros problemas, como el estallido de un gran escándalo de una empresa Grupo Unión, de los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, que están siendo allanados por estafar a un fondo privado internacional por planilla de sueldos de créditos dados por mutuales. Salpica esto también al gobierno de Santa Fe.

Nombré recién a Sujarchuk, que pasa al Poder Ejecutivo. No es el único intendente que salta al Gobierno en la expectativa de renovar su mandato, diciendo: “Yo no terminé el mandato actual y por lo tanto puedo evadir la ley y postularme dentro de dos años”. Algo que está prohibido por una ley de Sergio Massa y María Eugenia Vidal, que fue aprobada en 2016 en la Legislatura bonaerense.

Hace bastante tiempo comentamos que la Legislatura bonaerense había renovado la designación a Guido Lorenzino, que era una de las llaves de Daniel Scioli con la policía y la Justicia, como Defensor del Pueblo de la provincia. Lo hizo a cambio de que Lorenzino usara sus contactos para que la Justicia diera de baja esa restricción que pesa sobre los intendentes y que implica que no pueden tener más de una reelección consecutiva. Es decir, dos mandatos.

Ahora, el 10, Lorenzino tiene que volver a renovar su mandato como Defensor del Pueblo. Y está por salir en las próximas horas un dictamen de un juez de San Martín, del fuero contencioso administrativo, íntimamente ligado a Lorenzino, en contra de esta restricción que tienen los intendentes para ser reelectos. Es decir, Lorenzino está pagando aquello que le habían pedido. Todo esto ocurre delante de una opinión pública que está desencantada, que protagonizó el mayor nivel de abstención desde el 83, que manifiesta niveles de pesimismo del 70 por ciento en todas las encuestas, y que empieza a optar por fuerzas radicalizadas distintas de las fuerzas que dominan el centro.

En este marco, va a ir Martín Soria, el ministro de Justicia, por primera vez a hablar con la Corte. Inquieto porque la Corte pueda, dicen que el 16, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura. Y volver a la composición anterior que pondría al Consejo bajo la presidencia de la Corte. Es una discusión central entre la Corte y la política respecto de quién designa a los jueces en un país donde la Justicia está cuestionada. Habrá que ver si Soria [es la segunda visita que hace un ministro de Justicia en dos años. La primera la había hecho protocolarmente la anterior ministra, Marcela Losardo] se anima a balbucear algo respecto de las causas que tanto inquietan a Cristina Kirchner. Ella empezó a preocuparse más por su situación judicial cuando vio que el oficialismo perdió 40 por ciento de los votos y que el futuro puede ser incierto en materia electoral y de poder. Para coronar esa situación, donde el oficialismo habla de Lawfare, los peronistas van a festejar, el 10 de diciembre -fecha en la que asumieron hace dos años y que van a asociar con la defensa de los derechos humanos- con alguien que encarna el mismo drama que Cristina. Lula da Silva, en la Plaza de Mayo.