Los legisladores solicitaron al ministro de Seguridad, Claudio Maley, una serie de informes respecto de la operación efectuada a fines de 2018.
El anuncio, por parte del vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo vargas Aignasse, de que impulsará una ley para que los Gobiernos municipales puedan adquirir pistolas taser para armar al personal de la Policía municipal, hizo que los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci (bloque Partido por la Justicia Social) se preguntaran qué pasó con el armamento que la Provincia había adquirido a fines del año pasado.
Entonces, elevaron una nota a Vargas Aignasse para que, en su carácter de presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, solicite al ministro de Seguridad, Claudio Maley, un informe detallado, acerca de la compra, por parte del Gobierno provincial, de armas y de equipos para la Policía de Tucumán, por U$S 9 millones, a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico, a fines de 2018. La compra incluía: 4.000 chalecos antibalas; 4.000 pistolas Jericho 9 mm; 100 escopetas calibre 12/70; 20 ametralladoras UZI; 20 lanzagranadas; cuatro equipos para francotiradores; cuatro equipos para detectarm vidas a traves de las paredes, y 50 equipos de miras. Se había acordado el pago en seis cuotas, de las cuales ya se pagaron cuatro: en diciembre de 2018, y en enero, en junio y en diciembre del año pasado.
No obstante, no llegó a Tucumán la totalidad de los elementos comprados. Entre otros, Albarracín y Berarducci quieren conocer: "cantidades recibidas de los bienes adquiridos; fecha y documentación respaldatoria de los reconocimientos y pagos de los gastos e impuestos por la nacionalización (N. de la R.: las armas provenían de Israel) y el traslado del equipamiento; habiendo transcurrido ampliamente el plazo establecido, el grado de cumplimiento de las entregas, intimaciones realizadas, respuestas obtenidas, acciones administrativas y/o judiciales interpuesta para obtener el pleno cumplimiento del convenio celebrado; el destino de las entregas parciales recibidas, las capacitaciones realizadas al personal, las pautas de distribución".
"Este pedido de informes obedece a la situación de inseguridad generalizada en nuestra provincia, que genera una creciente y gravísima preocupación y angustia en toda la sociedad", dijeron los legisladores.
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