Entre 2008 y 2014, se desmontaron 243.000 hectáreas ilegalmente, según datos expuestos en la Cámara de Diputados de la Provincia. La extensión de Capital Federal es de 203,3 km2; equivalentes a 20.330 hectáreas.

Los diputados de la comisión de Ambiente y Recursos Naturales abordaron junto a la Fundación Refugio el impacto de los desmontes en la provincia, como también los alcances del reordenamiento territorial y la aplicación de la Ley Nacional de Bosques Nativos en la región. Según datos oficiales, entre 2008 y 2014 se desmontaron unas 440 mil hectáreas, con un promedio de 198 mil con desmontes legales y 243 mil desmontadas ilegalmente.

El ingeniero Andrés Leake, de la Fundación Refugio, expuso un informe presentado recientemente ante la Auditoría General de la Nación en el que advierte el crecimiento paulatino de los desmontes en el territorio provincial, y principalmente los ilegales. 

Resaltó que uno de los principales factores en el proceso de pérdida de superficie de bosque nativo en la provincia fue el avance de la frontera agropecuaria, lo que provocó tanto la desaparición de hábitats y biodiversidad, la alteración de la estructura, capacidad y funcionamiento de los ecosistemas, afectando el clima, los recursos vitales y el desarrollo de comunidades de cada región.

De acuerdo a datos oficiales, el especialista señaló que entre 2008 y 2014 se desmontaron unas 440 mil hectáreas, con un promedio de 198 mil con desmontes legales y 243 mil desmontadas ilegalmente. Precisó que los departamentos con mayores avances de la deforestación legal e ilegal son Anta con casi 170 mil hectáreas deforestadas, seguido por San Martín con unas 80 mil, Orán con unas 64 mil y Metán con unas 55 mil.

Leake advirtió que si bien la situación en Salta se modificó con la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos en 2009, otras normas provinciales y diversos fallos judiciales que ordenaron el cese a los desmontes en diversas zonas, continúan múltiples denuncias realizadas por organizaciones campesinas, pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y ambientalistas, lo que evidencia un aumento de la deforestación a pesar de las prohibiciones estipuladas.

Consideró trascendental avanzar en los controles y sanciones a la actividad ilegal,  y agregó que las superficies desmontadas sin autorización y sin análisis fehaciente de impacto ambiental deben ser restituidas a su estado natural, además de profundizar y mejorar los sistemas de acceso a la información y las audiencias públicas para fortalecer la participación pública en la toma de decisiones sobre el uso de los suelos, entre otros puntos.

Por último, los diputados realizaron consultas sobre el impacto de desmontes en áreas protegidas, la instrumentación de la normativa vigente, acciones de acompañamiento a las áreas de gobierno en el abordaje de políticas ambientales, la situación de comunidades originarias y el cumplimiento efectivo de la Ley 7070.

Estuvieron los diputados Ramón Villa, Dionel Ávalos, Baltasar Lara Gros, Julio Quintana y Cervanda Díaz.