Por: Gastón Garriga.

En el último informe de este año, la municipalidad de La Plata obtuvo un cero en transparencia por parte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que mide el acceso ciudadano a información de los 135 municipios de la provincia. 

Esa discrecionalidad le permitió al intendente saliente, Julio Garro, contraer un endeudamiento récord de 14 mil millones de pesos y triplicar la planta de empleados municipales, llevándola de 4 mil a 12 mil. Desde hace años, los concejales opositores reclaman las claves de acceso al sistema RAFAM, que permite a los legislativos el control administrativo de la gestión.

Estos son algunos de los elementos centrales que conforman la herencia que deberá remontar Julio Alak, quien asume por quinta vez el próximo martes 12. Fuentes cercanas el intendente electo de Unión por la Patria  manifiestan preocupación por el diagnóstico de la ciudad que recibirán.

Cero en transparencia

La Asociación ASAP es una entidad profesional que publica un ranking semestral del nivel de cumplimiento de los municipios bonaerenses de la normativa vigente en cuanto a transparencia y acceso ciudadano a la información en estos ítems: presupuesto vigente, evolución de la ejecución, composición y finalidad del gasto y volumen y composición de la deuda pública.

Fue en el informe más reciente, publicado hace apenas dos semanas, que La Plata obtuvo un cero. La calificación está en línea con un “apagón informático”, sobre el que Garro aún no rindió cuentas. En el último informe de 2022, había obtenido un cien, la puntuación más alta, de manera que descendió de cien a cero en su último año, coincidiendo con el calendario electoral.

Argentina cuenta con una ley nacional de ética pública y once provincias tienen leyes similares. Para saldar esta deuda, en su calidad de ministro de Justicia Alak fue comisionado por el gobernador Axel Kicillof para encarar el proyecto. El proceso de trabajo, con distintos actores sociales, políticos y académicos, comenzó en 2020. El borrador se presentó en 2022 y aún continúa su tratamiento legislativo. En su entorno, descuentan que Alak implementará políticas públicas de transparencia a nivel municipal, pero se niegan a adelantar medidas.

"El Julio que sabe", como le dicen los militantes, esconde muy bien las cartas con que integrará su gabinete, pero sus allegados confirman que reflejará el amplio acuerdo político con que ganó las elecciones.

Por tres

En 2007, cuando Alak dejó el gobierno en manos de Pablo Bruera, esa cifra rondaba los cuatro mil. A lo largo de los dos mandatos de Bruera se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, de 2015 a la fecha se triplicó y supera los 12 mil, sin contar los cooperativistas y monotributistas contratados. 

El dato es confirmado por Gustavo Hernández, secretario general del sindicato municipal opositor, el SOEMLP, al que Garro nunca convocó a paritarias. Dice Hernández: "Triplicaron la planta y la llenaron de gente que no iba a trabajar. Esa es la razón de nuestros salarios paupérrimos. El que vive de otra cosa y tiene el sueldo municipal como un extra no reclama, aunque pierda con la inflación. El problema lo tenemos los laburantes reales".

La Plata es el segundo distrito más poblado de la provincia (773 mil habitantes), sólo superado por La Matanza, 1,8 millones, de manera que la comparación entre ambos es totalmente válida. La Matanza, con un millón más de habitantes, tiene 7 mil empleados, es decir poco más de la mitad que la ciudad capital. Pero buena parte de los matanceros trabaja en alguno de los cinco hospitales de gestión municipal. La Plata, en cambio, no tiene ninguno.

¿Entonces? ¿Son contratos políticos, destinados a financiar la estructura del PRO? Algo de esto comenzó a verse en los meses previos a las PASO, cuando Garro y su rival interno Juan Pablo Allan discutieron públicamente en torno a la baja de una serie de contratos. Para Allan, estaba en juego el salario de los trabajadores. Para el propio Garro, eran políticos.

La otra gran preocupación de la administración entrante es el enorme endeudamiento que dejan Garro y el PRO. En volumen, son 14 mil millones de pesos. En porcentaje, 20 puntos del presupuesto. La Plata es el distrito con mayor cantidad de villas miseria, censadas por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Son 190 en total. A la vez, 200 mil platenses viven sobre calles de tierra, con la consiguiente dificultad para entrar y salir de sus viviendas.

Historia reciente

El escrutinio provisorio de la noche del 22 de octubre le daba una luz de ventaja a Alak, pero no dejó un ganador definido. Fue el inicio de una novela que se prolongó durante dos semanas. Al concluir el escrutinio definitivo de extranjeros, el miércoles siguiente, en el hipódromo, Alak era claro ganador, por poco más de mil votos.

Garro, en vez de reconocer el resultado, reclamó ante la junta electoral abrir 75 urnas, Alak no objetó la medida. Se abrieron varias y se encontró una con los sobres pero sin las boletas y enseguida se constató que se las había llevado un fiscal de JxC, lo que constituye un delito penal. Recién a la semana siguiente Garro reconoció la derrota y convocó a su vencedor al palacio para sacarse la foto e iniciar la transición.

En los últimos días, aliados de Garro protagonizaron varios episodios y hechos de pillaje. Diez días atrás, el Ministerio de Trabajo de la Nación impugnó una elección de delegados sindicales por considerar, en su dictamen, que “no se debe utilizar la figura del delegado sindical para fines espurios”. En este caso, se trataba de garantizar la continuidad laboral de los punteros y dirigentes afines al PRO.

La administradora del centro comunal de Etcheverry, Gabriela Gramajo, recibió en estos días una doble denuncia penal, por parte de una de sus empleadas, Belén Carrizo. La primera, por llevarse del depósito máquinas y elementos de valor del municipio, donde hay un depósito dedicado a la asistencia, especialmente, en situaciones de inundación (colchones, heladeras, herramientas, garrafas, etcétera).

Gramajo vació el depósito y luego le ordenó a Carrizo que hiciera de agente inventariador. Ante la evidencia de que en ese caso sería responsable del delito del que acababa de ser testigo, Carrizo se negó, lo que le valió, primero hostigamiento y amenazas y luego agresiones físicas, constatadas en el expediente judicial. Esos son los motivos de la segunda denuncia. 

Gramajo, cercana al secretario general del STMLP, Darío Alfano, era una de las candidatas a delegada en la elección fallida.