El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, confirmó el envío del anteproyecto para crear una alcaidía en Quilmes en una reunión de comisiones de la Legislatura bonaerense.

La iniciativa pretende avanzar con la construcción en un plazo de 10 años de dos unidades carcelarias y diez alcaldías en el Gran Buenos Aires, en los municipios de Quilmes, Moreno, Merlo y La Matanza. El plan alcanzaría a tierras que podrían ser declaradas como utilidad pública y sujetas a expropiación, ante la carencia de la provincia de contar con terrenos propios.

En su presentación, Alak recordó que el distrito cuenta con una deuda histórica en el sistema penitenciario. El coronavirus y la controversia por las excarcelaciones al inicio de la cuarentena puso de manifiesto el déficit estructural, por el cual Argentina ya fue condenada por hacinamiento en un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La intención oficial es avanzar en la construcción de cerca de 1000 plazas para cada una de las dos cárceles, mientras que generaría otras 300 en el resto de las alcaidías propuestas. En la primera etapa, el grueso de la inversión tiene como origen una partida de $12.800 millones comprometidos por el presidente Alberto Fernández para atender la emergencia penitenciaria.

Para avanzar con ese plan de infraestructura, el gobierno de Axel Kicillof necesitará aprobar las expropiaciones ante la Legislatura bonaerense. Sin embargo, desde la oposición ya plantearon precisiones sobre los terrenos que se expropiarán y exigieron que las obras cuenten con el apoyo de los intendentes y de la comunidad.

Según las cifras oficiales, al 12 de diciembre de 2019, el sistema penitenciario bonaerense contaba con 51.725 internos y 24.000 plazas. Es decir, la superpoblación carcelaria alcanzaba un estimado del 120 por ciento. Durante la cuarentena, la presión para alojar detenidos se trasladó desde las cárceles hacia las comisarias bonaerenses, lo que agravó las condiciones de detención, según las denuncias de organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).

Desde el ministerio de Julio Alak comunicaron que la intención de construir cárceles en el conurbano bonaerense se desprende del hecho que el 70% de las personas detenidas tienen domicilio en la zona metropolitana. Es que uno de los criterios para la creación de nuevas plazas dependen de la cercanía al sitio del domicilio del interno, en un conjunto de recomendaciones de la Naciones Unidas (ONU) que son conocidas como las “normas Nelson Mandela”.

Ese compendio de requisitos, que buscará cumplir Kicillof, establecen que los espacios carcelarios no solo sirvan para efectivizar la sanción de una pena, sino que sean adecuados para la reinserción de los reclusos. Es decir, que tengan la infraestructura para desarrollar actividades de capacitación laboral, continuar sus estudios y realizar distinto tipo de emprendimientos productivos, como la creación de huertas y o vincularse con el mercado laboral con convenios con empresas y otro tipo de organizaciones.

Por lo pronto, el plan penitenciario de Kicillof tiene como meta finalizar hacia mayo de 2021 unas 2000 nuevas plazas comprometidas, además del anuncio de creación de los 15 hospitales penitenciarios. En esa planificación ya fueron inauguradas 364 plazas en Florencio Varela, San Martín y Magdalena.