Alejandro Rebossio

Si el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirma con claridad que el ajuste fiscal se planteaba en los proyectos de ley Bases y del impuesto a las Ganancias ahora correrá por cuenta de las provincias, habrá que preguntarse si los gobernadores mandarán a sus diputados a aceptar con mansedumbre este miércoles la aprobación de lo que queda del proyecto ómnibus o lo rechazan. Pero está claro que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, reiteran que la meta de ahorro fiscal de 5 puntos porcentuales del PBI se mantiene y buscará otros presupuestos donde reponer el 1,6 puntos que se pierden por las frustradas leyes Bases y de Ganancias. Las provincias, que gastan sobre todo en educación y salud, y las jubilaciones apuntan a convertirse en las principales víctimas. Es decir, se trataría de un ajuste menos progresivo del planeado en un principio, cuando se preveía una suba de retenciones a los exportadores.

Las jubilaciones perderían entre 19% y 33% del poder de compra en los primeros cinco meses de Milei

La iniciativa de la ley ómnibus incluía en un principio un alza de derechos de exportación que sumaba 0,3 puntos de recaudación tributaria, una moratoria impositiva, un blanqueo de capitales y un adelanto del pago de Bienes personales que aportaban otro 0,5 y una suspensión de la movilidad jubilatoria que reportaba otro 0,4. Aparte, el Gobierno había enviado al Congreso otro proyecto para reponer Ganancias a los empleados que más cobran y que suponía 0,4 puntos. Ambas leyes totalizaban 1,6 puntos. Ya en las correciones de la ley Bases hubo algunos decimales perdidos porque se acotaba la suba de retenciones, se mantenía el aumento jubilatorio dispuesto por la fórmula actual en marzo y se creaba otro método de actualización por inflación desde abril. Pero ya nada de eso quedó en pie.

¿Cómo se llegarán entonces al ajuste de 5 puntos? Sólo queda en pie la suba del impuesto PAÍS a las importaciones del 7,5% al 17,5%, la poda prevista inicialmente a las provincias de 0,5 puntos del PBI, los aumentos de tarifas de luz, gas, agua y transporte público, la paralización de obras públicas, la motosierra al plan Potenciar Trabajo y el recorte de 0,5 puntos del gasto de funcionamiento, lo que podría llamarse el de la casta política que en la campaña prometía ser el centro de los tijeretazos.

“Van a intentar mandar el ajuste por afuera de la ley ómnibus como parte de la negociación con los gobernadores que necesitan recomponer lo que perdieron de coparticipación al eliminarse Ganancias (en septiembre pasado)”, opina la economista Marina Dal Poggetto, al frente de la consultora Eco Go.

Precisamente, la quita de Ganancias se trató de una medida nada progresista del gobierno peronista, con apoyo del entonces diputado Milei. Su restauración sería una forma de reponer algo de justicia tributaria. Lo mismo que subir retenciones a sectores beneficiados por la fuerte devaluación de diciembre último. “La logica era cobrarlas transitoriamente para amortiguar el salto devaluatorio, pero no dos meses más tarde cuando el tipo de cambio tiende a atrasarse”, advierte Dal Poggetto. En cambio, la moratoria, el blanqueo y la baja de alícuota de Bienes Personales previstas en la versión original de la ley ómnibus favorecían a los que más tienen.

“La licuación previsional compensa gran parte”, advierte Dal Poggetto. Por un lado, el Ejecutivo resigna su idea inicial de dar incrementos jubilatorios según su antojo, pero, por otro, da de baja la idea de actualizar por inflación desde abril, que al menos suponía algún beneficio. De este modo, al mantenerse la fórmula previsional creada por el gobierno anterior, los trabajadores retirados recibirán aumento recién en marzo según la evolución salarial y recaudatoria de octubre a diciembre y otro en junio con el índice de enero a marzo. Es decir, caminarán muy por detrás de la corrida inflacionaria.

Al mantenerse la fórmula previsional del gobierno anterior, los jubilados recibirán aumento recién en marzo según la evolución salarial y recaudatoria de octubre a diciembre, y otro en junio con el índice de enero a marzo; muy por detrás de la inflación

“Va a matar a la mitad de los jubilados pero es un daño colateral que el mercado debería resolver”, ironiza la economista. Además del ajuste previsional, ella prevé que el Gobierno busque recaudar insistiendo con una ley aparte de blanqueo, moratoria y anticipo de Bienes Personales, con baja de alícuota incluida.

Fabio Rodríguez, director de la consultora M&R Asociados, evalúa tres alternativas para compensar el desajuste. Son tres que podrían combinarse. La primera es profundizar el recorte del gasto, por ahora de 2,9 puntos del PBI. “Es un trabajo más lento, gradual, que no impacta tan directamente en los mercados”; advierte Rodríguez. Incluye la posibilidad de duplicar la poda de transferencias discrecionales a las provincias (es decir, por fuera de lo que la ley de coparticipación federal de impuestos obliga a la Nación) de 0,5 punto del PBI previsto de movida a 1. Esto implicaría cortar todo tipo de giro no coparticipable. “Obviamente, esto no es gratuito ni sé si será viable llevarlo al límite”, analiza Rodríguez. Está claro que enfurecería a los gobernadores, a los que necesita para aprobar leyes en el Congreso.

Las provincias necesitan esos recursos para cubrir sus gastos, que equivalen al 16,2% del PBI. El principal rubro de sus erogaciones es la educación, la cultura y la ciencia, el 4,3% del PBI. Después viene la salud, el 2,7%; las jubilaciones que corren por sus cuentas, el 2,2%; la seguridad, el 1,7%; la administración general, el 1,1%; la justicia, el 0,8%; la asistencia social, otro tanto; el transporte, el 0,6%; el pago de la deuda, el 0,4% y la política de vivienda, una cifra similar.

La otra cara de la moneda: Nicolás Caputo y Mercado Libre, entre los eximidos del ajuste

La segunda opción, según Rodríguez, consiste en meterse con un asunto que Milei y Caputo prefieren evitar: las exenciones fiscales, que representan el 2,3% del PBI. El régimen de la industria electrónica de Tierra del Fuego, donde hacen negocios el primo del ministro, Nicolás Caputo (Mirgor), Rubén Cherñajovsky (Newsan) y las familias Teubal y Hojman (BGH), recibe una desgravación de 0,33%; los empleadores de la Patagonia, 0,04%; los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, 0,16%; prestaciones médicas, 0,23%; prepagas, 0,07%; servicios educativos, 0,11%; libros, 0,04%; diarios y revistas, 0,06%; construcción de viviendas, 0,15%; impuestos sobre los combustibles, 0,08%; contribuciones patronales rebajas a determinadas zonas del país, 0,05%; la economía del conocimiento, incluidas empresas como Mercado Libre, Globant, Accenture o Despegar, el 0,04%; el régimen de promoción de pymes, 0,15%; las desgravaciones del impuesto a las ganancias por invertir en empresas argentinas en Wall Street, a los dividendos de directores de compañías, a las plataformas digitales extranjeras y a los ganaderos, al menos 0,39%; descuentos del IVA a la locación de campos, a exportadores, pymes y directores, más del 0,75%; la exención de Bienes Personales a los inmuebles rurales, 0,48%; otras contribuciones patronales, 0,19% y los reintegros a la exportación, 0,4%. Pero cualquier cambio de beneficios impositivos deben pasar por el Congreso, a diferencia del recorte de giros discrecionales a provincias.

La tercera y última alternativa, según el director de M&R, radica en elevar impuestos en los que el Ejecutivo ya tiene atribuciones para elevar las alícuotas: desde los internos y a los combustibles hasta el PAÍS. “Esta sería la opción más rápida para empezar a acomodar los números y, por tanto, la que más impactaría en el mercado”, evalúa Rodríguez. “El de combustible es el más retrasado. En cuanto al PAÍS, podés subir la alícuota. Hoy lo pagan los importadores, el turismo, los servicios, etc.”

“El tema de resetear el ajuste es su componente redistributivo”, advierte Rodríguez. “Si vos perdés la oportunidad de conseguir 1,5 puntos por retenciones, Ganancias y Bienes Personales, que impactan en los deciles altos de la población -para estudiar la distribución del ingreso, se divide la sociedad en diez grupos, desde el 10% que más cobra hasta el 10% que menos-, te quedan alternativas que van a impactar en otros deciles, seguir reventándole el bolsillo a la clase media, subiéndole más los combustibles o cortándoles más a las provincias, lo que indirectamente te pega en salud y educación. Te quedás con menos margen para hacer digerible un ajuste que ya era fuerte.”