-¿Che, ponemos en el comunicado que el ministro Finocchiaro se equivocó o miente?

-No, pará. Mejor dibujalo un poco. Encontrale la vuelta.

-Dale, Dale. Perfecto. Ya lo armo…

Gracias a un comunicado redactado en la tarde del sábado por la Dirección de Prensa de la comuna para desmentir declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro (a decir verdad prefirieron disparar contra el cartero señalando “atento a la situación planteada de forma totalmente errónea por parte del multimedios LA CAPITAL…) batanenses y marplatenses se enteraron que el 18 de junio pasado el intendente Arroyo firmó un acuerdo con los ministros de Educación de la Provincia y la Nación aceptando percibir mucho menos que el 100 por ciento de la masa destinada a sueldos de docentes municipales que estipula un decreto presidencial que no fue derogado. Para peor, los concejales gracias a la oficina de prensa, constataron que fueron “ninguneados” por el Ejecutivo ya que el acuerdo de junio jamás pasó por el Concejo para su convalidación. Al margen de carecer de legitimidad, roza el hecho con un delito, ya que se violó el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de Buenos Aires.

Lo cierto fue que la revelación hecha por parte del área Municipal de prensa acerca de un convenio firmado en junio por el intendente Arroyo con los ministros de Educación de Nación y Provincia (del cual nada se informó cuando se firmó) disparó una ola de interrogantes y perplejidades. La primera y más notoria está referida a los montos y las fechas. Los 258 millones seiscientos mil pesos (dice el nuevo convenio firmado en el mes de junio pero informado el sábado por Prensa) que serán aportados por cada una de ambas jurisdicciones para el sostenimiento de la educación municipal son menos de lo que hace falta. Ese no es un dato que pudieran desconocer el intendente ni su secretario Mourelle ¿Por qué ahora se fija un monto tope para el año si desde el convenio original firmado por el ex intendente Pulti siempre se habló de la “totalidad de los sueldos del personal docente y auxiliares” habiéndose firmado además (y en el mismo sentido) convenios posteriores que aseguraron el ajuste automático, año a año, de esa masa de dinero?.

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No es solo un problema de estilo en la redacción lo que provoca alborozo. Es un problema económico y financiero. La suma de los aportes ahora pactados es mucho menos que el total necesario y nadie sabe por qué Arroyo ha resignado la diferencia. Si el convenio original decía “la totalidad” y si además se cumplió rigurosamente durante varios años ¿qué ha llevado al actual intendente, en medio de una crisis económica, a resignar los más de 250 millones que constituyen la diferencia? Hasta ahí algunos de los primeros interrogantes que apuntan a entender por qué. ¿Por qué restar aportes a la ciudad que luego se transforman en salarios y que no son soportados por el erario municipal? ¿Por qué Arroyo eligió resignarse, sin discusión pública ni privada que se conozca, frente a la Nación y la Provincia y ser luego implacable para reducir el salario de los 2.500 docentes del municipio que administra?

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Nadie hasta ahora pudo dar una respuesta. Sin embargo, no son esas las únicas preguntas que encendió como antorchas la información que lanzó el municipio sobre el mediodía del sábado 3 de noviembre acerca de un acto de administración realizado el 18 de junio nunca antes comentado. También hay interrogantes sobre la legalidad y validez de un acto de administración sin autorización del Concejo Deliberante. El artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece taxativamente que los convenios deben ser aprobados por el Concejo ¿Es válido un convenio, por el que se pierden casi 300 millones de pesos, que no cumple el requisito de la aprobación legislativa? ¿Están incurriendo el intendente y sus funcionarios en alguna forma de transgresión que pueda ser cuestionable en instancias judiciales o del Tribunal de Cuentas?

Más allá de la respuesta definitiva a estas preguntas, que no son retóricas ni anecdóticas, sino sustanciales, pareciera muy poco probable que los representantes del pueblo puedan aceptar con dignidad el “ninguneo” al que se los ha sometido frente a la pérdida de los fondos. Estos han sido una reivindicación histórica “mal cuidada por la actual gestión”, se señalaba en la mañana del lunes entre los bloques opositores. El Concejo Deliberante se entera tarde y mal. Hablaría de una importante mengua en la entidad de los representantes la aceptación complaciente de un hecho consumado de esta dimensión y consecuencias. Más si se considera que el artículo 38 del reglamento interno establece como de su incumbencia directa todo los temas relacionados con la educación tal como lo es éste.

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Otra interrogante que circula es el que apunta a la plena vigencia del Decreto presidencial por el que fueron ratificados los acuerdos de 2009. El Decreto presidencial también ratifica en todos sus términos los convenios que hablan específicamente del financiamiento de la totalidad de los gastos del sistema municipal de educación ¿Un convenio firmado por un intendente en contra de los ingresos de su propia comuna, con o sin convalidación legislativa, puede eliminar la vigencia de una norma nacional como es ese decreto? El sentido común indica que no. Habrá que ver qué ocurre si se llega a una instancia judicial. Habrá que ver también que dictaminaron sobre el convenio casi personal que ha firmado el intendente Arroyo las áreas de Legal y Técnica, Contaduría o la Dirección de Presupuesto (si es que dictaminaron y lo conocen). Hasta acá está bien claro que perdió la cuidad. Está perdiendo la educación. Están perdiendo la instituciones. “Quizá lo más frustrante sea que no está ganando nadie. Solo la torpeza ha empezado a constituir su monumento de vergüenza”, aseveraba indignado un concejal de la comisión de Educación del Concejo

Según los dichos del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, el costo del sistema educativo es de 990 millones. La Nación y la Provincia, según el reciente acuerdo, aportan casi 600 millones. ¿Cómo se pagan los 390 millones restantes (no sería el 70% como dice el municipio). ¿Cuánto se deriva de lo que envía la Provincia del subsidio a las escuelas municipales? ¿Cuánto sale del Fondo Educativo que recibe el municipio por parte de la ley de financiamiento?. Se decidió, por decreto del intendente Arroyo, reducir las bonificaciones a los docentes municipales, beneficio que se encontraba vigente desde hace dos décadas, situación que llevó a decretarse un paro de los educadores municipales. “Meterles la mano en el bolsillo y sacarles plata a los docentes es un verdadero disparate. Máxime viniendo de un docente como el intendente. Realmente estoy sorprendida. Yo jamás hubiese permitido una locura así”, refería por su parte una ex secretaria de Educación de la comuna en las últimas horas.

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Quienes hoy manejan la educación municipal aceptando este recorte, tienen previsto señalar que aquel acuerdo y decreto del 100% a cargo de Nación y Provincia se cayó porque se designaron nuevos cargos. Pero el mismo acuerdo señala que consensuado entre las partes se podían modificar ciertas condiciones, lo cual, claro está, contemplaba la creación de nuevos cargos, algo inexorable en materia educativa cuando crece la matrícula. ¿Se olvidaron de los acuerdos complementarios que se firman siempre en casos como estos? Los interrogantes se multiplican.

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Lo cierto es que se vive un nuevo conflicto (¿y van?…) en medio de una discusión paritaria de los trabajadores municipales, que están en pie de guerra, y a las puertas de una temporada estival en la que la Provincia vuelve a poner todas las fichas en la Mar del Plata. Por eso desde La Plata se monitorea muy de cerca lo que está sucediendo en la ciudad. “El año pasado ya sufrimos. En el arranque del plan Mar del Plata te Hace Feliz, la gobernadora se enfrentó con los guardavidas cuando el problema era local. Después tres ministros tuvieron que intervenir para solucionar el tema de la basura. Durante una semana no hubo recolección en plena temporada en la ciudad turística más importante del país. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Y este verano, en un año electoral (el último de Arroyo como intendente) nadie quiere sorpresas desagradables”, señala uno de los más cercanos colaboradores de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La situación, la relación entre Provincia y municipio no deja de ser tensa. El secretario de Economía y Hacienda, dos veces agredido en dos días consecutivos en el hall municipal, no solo aseguró que no piensa renunciar sino que disparó contra el Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo, por no garantizar la presencia de personal policial en el edificio municipal. “El Ministerio de Seguridad de la Provincia -dijo textualmente el polémico funcionario- tiene totalmente desvalido el municipio”. ¿Los dardos de Mourelle contra Ritondo fueron lanzados antes o después de haber sido notificado el municipio de que la Policía Local no iba a realizar más tareas de tránsito destinándose los agente a la calle para trabajar en la prevención?

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“El Ministerio de Seguridad le retiró a General Pueyrredon la Policía Local de actividades municipales como tránsito y se la repartimos para más seguridad”, confirmó a LA CAPITAL una altísima fuente del gobierno bonaerense. Desde la Municipalidad nada se ha informado al respecto, aunque ya en la últimas horas se exhibió un aspecto ligeramente diferente al de costumbre debido a una notoria disminución en la cantidad de efectivos policiales que en los últimos tiempos suelen custodiar las instalaciones, ingresos y alrededores del edificio.

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En otro aspecto, tampoco fueron buenas las noticias recibidas en el despacho principal de la comuna sobre cuestiones judiciales. Es que la Fiscalía de Delitos Económicos Nº10 solicitó que la Justicia Federal investigue al doctor Carlos Arroyo y a varios integrantes de su gabinete, entre ellos el secretario de Economía, Hernán Mourelle, por la presunta violación a la Ley Penal Tributaria con motivo de la retención indebida de los aportes que la comuna debe realizar a las obras sociales a las que se encuentran afiliados sus trabajadores. La información cayó como un baldazo de agua fría en Luro e Yrigoyen. Es que el planteo realizado por los fiscales Carlos Bruna y Roberto Pizzo abre la posibilidad de que a partir de ahora los funcionarios deban afrontar un nuevo proceso judicial, adicional al que ya vienen siendo sometidos en los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires. “Estamos ante funcionarios confesos”, resaltó a la prensa el doctor César Sivo, abogado que representa a la Obra Mutual Asistencial (OAM).

Ambos lo desmienten, para afuera hacen como si nada pasara, pero quienes caminan los pasillos de la Municipalidad coinciden en señalar que el subsecretario y el director de Inspección General, Emilio Sucar Grau y Carlos Irazoqui (este a cargo del Plan de Huertas Comunitarias) están hartos, y con ganas de dar las hurras y retirarse con la frente alta. La designación de Nicolás Tedros (hijo de Susana Tedros, subsecretaria de Educación y compañera del intendente Arroyo), con poder de firma y mando en Inspección, ha generado decenas de cortocircuitos. Inspección General es una de las dependencias con mejor funcionamiento en la comuna, merced a la dedicación y trabajo de sus responsables y del resto del personal. Pero toda paciencia tiene un límite, afirman los mismos empleados que hoy ven cómo todo se va desdibujando en esa repartición. En definitiva, se afirma, le tocará resolver al intendente y decidir quién manda en ese lugar.

Sigue trabajando en silencio, reuniéndose con vecinos y pensando en el futuro. Las encuestas le sonríen y sabe que el camino hacia la intendencia, su sueño, ya comienza a transitarse. Vilma Baragiola, escorpiana de ley -festejó su cumpleaños este martes- también realiza reuniones con funcionarios provinciales y nacionales y va conformando equipos para trabajar en distintas áreas con proyectos a futuro. Se desconoce si se convirtió en vegetariana. ¿Por qué?

Es que extrañamente (quizás era exclusivo para hombres) no estuvo presente en el asado “multipartidario” realizado hace algunas horas en el mismo quincho donde hace un mes se reunió el arroyismo. Muchos de los participantes de la particular peña rogaron que no se publicaran sus participaciones en tan variopinta cena. Como en la canción de los hermanos Calamaro, solicitaron encarecidamente: “No me nombres por favor”… Más de uno se preguntó, volviendo a casa, cual había sido el motivo de la reunión. ¿Saldrá de allí un frente político o solo se trató de amigos con ganas de compartir achuras y unas buenas tiras de asado?. Hubo algunas sorpresas, como cuando uno de los presentes defendió a un empresario local, entre buenos tintos. En definitiva, es bueno que la gente se quiera y se encuentre, como sucedió con los concejales Guillermo Arroyo, Santiago Bonifatti, Alejandro Carrancio, Ariel Ciano; el diputado nacional Guillermo Montenegro; el diputado provincial, Rodolfo Iriart;  el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, Emiliano Giri – llegó para los postres porque venía de otra cena-, “Tato” Serebrinsky, “Albertito” Rodríguez y – por si sesionaban- el secretario del Concejo, Juan Ignacio Tonto, entre otros.

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Bajar un cambio. Este martes se cumplió la medida de fuerza del Sindicato de Trabajadores Municipales con un altísimo acatamiento, tal como se preveía, a la luz de lo que fue la multitudinaria asamblea de la semana anterior. La tensión entre el Sindicato y el Ejecutivo, en plena discusión de paritarias, es extrema, y en tal sentido es menester fomentar el dialogo entre las partes, sin agresiones. Lo anterior viene a cuento a propósito de las declaraciones que el secretario general del sindicato, Antonio Gilardi, formuló al programa radial Libre Expresión. “Arroyo –dijo- es un psicópata que vive agrediendo y mintiendo. Lo que pasa con los trabajadores del Concejo, con los docentes municipales y con todos nosotros, es una clara prueba del desequilibrio de este hombre que no duda en violar la ley con tal de imponer sus criterios”, recalcó. En esta entrevista también remarcó que el sindicato ha resuelto recurrir a la Justicia para lograr que se respete el derecho de los municipales.

Toda la energía debería estar canalizada en garantizar una buena temporada estival para Mar del Plata. En este sentido, cabe destacar que la ciudad se consolida como destino turístico de cara al próximo verano, superando ampliamente a otros lugares turísticos, como Río de Janeiro, Florianópolis y Punta del Este, en cuanto a ofertas económicas, a partir de la devualuación. Asimismo, según un relevamiento de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios acerca de cuáles son las expectativas para la próxima temporada de verano, se estableció que el 70% de Mar del Plata prevé que las ventas se incrementarán durante los meses de diciembre, enero y febrero. Las expectativas son mayores en los sectores que prestan servicios de manera directa al turismo. El 84% considera que la temporada será mejor que la pasada. Desde Cameco, además, pidieron prudencia a la hora de fijar los precios, en coincidencia con los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en los próximos días brindará detalles del programa “Mar del Plata te hace feliz”, con descuentos y beneficios para visitantes y residentes.

No hay plata para los docentes municipales, pero…Pese a que la ciudad está más sucia que nunca –es lo que surge de prácticamente todas las encuestas realizadas en los últimos tiempos-, la Municipalidad decidió “premiar” a la empresa 9 de Julio. Casi 95 millones de pesos al mes desembolsará el municipio por el servicio de recolección de basura, 16 millones más de lo que venía abonando, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial. Según informó el portal La Tecla, serán $94.978.020 retroactivos a agosto, con un aumento de 87.300.532,97 contabilizados entre junio y julio, siendo que el canon que estaba vigente era de 79.753.394,32 pesos. Esto representa un incremento del 19,05%, lo que arrojará un pago anual de 1.042.186.542,22 pesos, según el decreto firmado por el doctor Arroyo. Y un dato que hace más sorprendente el “premio” otorgado por el intendente Arroyo es que entre 2017 y mediados de 2018, los inspectores de la División Control de Prestaciones Privadas, encargada de controlar el cumplimiento de los pliegos licitatorios, labraron 3.237 intimaciones, actas y células a la empresa por irregularidades en la prestación del servicio. Créase o no…

Cortitas y al pie 1. “Menos mal que no había muchos periodistas sino otra vez aparecíamos en todos los diarios del país”, respiró aliviado el funcionario en el hotel Iruña, donde el intendente presentó el presupuesto. Es que ante la pregunta de un periodista sobre cambios en el gabinete, el doctor Arroyo dijo textualmente “mientras los funcionarios funcionen van a estar. En el momento en que alguno deje de funcionar va a desaparecer…”. Varios sintieron correr un frío por la espalda…// ¿Se podrán recuperar los 80 millones de pesos -crédito a tasa cero- que perdió Mar del Plata, por falta de gestión, para la construcción del Polo Tecnológico? El crédito ya estaba acordado pero desde la comuna se “durmieron” en el seguimiento y así se cayó. Mientras, Mar Chiquita espera con los brazos abiertos la decisión de los emprendedores tecnológicos locales que tienen ganas de mudarse a la vecina localidad.//El radical Mario Rodríguez estuvo presente en el lanzamiento del espacio progresista que impulsan Margarita Stolbizer, Miguel Lifschitz y Ricardo Alfonsín. Al marplatense se lo vio dialogar animadamente con el sociólogo Alejandro Katz y la ensayista Beatriz Sarlo. ¿Se suma “Marito” a la lista de precandidatos a intendente?// 52. Es la cantidad de víctimas fatales registradas en Mar del Plata, en los primeros nueve meses del año, por accidentes viales. En un amplio trabajo el Observatorio Vial dependiente de la subsecretaría de Transporte y Tránsito se destaca que en total hubo 1360 siniestros viales con lesiones o víctimas fatales. Un número que no deja de ser preocupante.