Raúl Zylberzstein, Presidente de la entidad, anticipó que presentarán la iniciativa al Gobierno Nacional en los próximos días “para aliviar el peso de los incrementos tarifarios de la luz, gas y combustibles, a través de lo cual se puedan resguardar el capital de trabajo y los puestos laborales que generan las pymes, que son las dadoras del ochenta porciento del empleo, sin la necesidad de trasladar los aumentos a los artículos terminados”.

El referente de las pymes de la Ciudad de Bs As reconoció que también buscan evitar la presentación de un sinfín de recursos de amparo que pretenden efectuar los dueños de muchos pequeños comercios e industrias que recibieron boletas con aumentos exorbitantes y que “se comunicaron con la Federación buscando asesoría en ese sentido”.

Entre otras resoluciones, hace pocos días, el Juzgado Federal de San Martín Nº 2 firmó una medida cautelar a favor de una clínica que presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minería, el ENRE y Edenor para evitar los aumentos en las tarifas. El fallo alegó que los aumentos en las tarifas eléctricas afectan su funcionamiento y que los nuevos valores son "irrazonables desde el punto de vista económico". Sin embargo, el representante de las pequeñas y medianas empresas aseguró que la intención “no es llevar el tema masivamente al plano judicial”.

El lunes pasado, el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio y su par de Energía, Juan José Aranguren, mantuvieron un encuentro con los gobernadores de todas las provincias para analizar, entre otros temas, medidas que morigeren el impacto de los aumentos tarifarios. Allí, los funcionarios reconocieron la posibilidad de evaluar diferentes variantes que podrían incluir el aporte de recursos nacionales y provinciales para subsidiar al sector, tema que adelantaron será uno de los ejes a debatir con los gobernadores en la nueva reunión acordada para el miércoles próximo.

En ese marco, Zylberzstein anticipó que buscan poner a consideración de ese encuentro la propuesta, dado que denunció que “hay alrededor de 7000 pymes en alerta por las dificultades para pagar los tarifazos que, en algunos casos, ya treparon a más del 500 %”.

Los pequeños empresarios pretenden que se aplique una tarifa social escalonada, diferenciando las subas entre aquellos que tienen hasta 20 empleados y los que poseen más de 50 trabajadores. De ese modo, consideran que “se evita que las subas licuen las ganancias de muchas empresas y que eso las lleve a la quiebra o las obligue a trasladar los incrementos directamente a los precios de venta”.

En su momento, Zylberzstein destacó el compromiso de incentivo celebrado entre el Ejecutivo Nacional y las pequeñas y medianas empresas, pero había alertado que “quedaron afuera temas centrales de la problemática como ser, entre otros, el impuesto al trabajo, que incluye los aportes, contribuciones y ART (que quitan competitividad a las empresas y bajan el poder adquisitivo de los trabajadores) y el gran problema del aumento desmedido de las tarifas públicas”.

Sobre ese último punto, el directivo aseguró que “la idea surge porque no alcanza con el anuncio del Gobierno que resolvió que las pymes paguen el 50 por ciento de las boletas, y el otro 50 financiarlo en los próximos dos veranos, porque las subas han sido siderales y de gran impacto en los distintos estratos de la cadenas de valor”.

Además, consideró como una “verdadera contradicción la aplicación actual de la tarifa social” porque expresó que “según detalla la web oficial de Presidencia de la Nación, el Gobierno se enorgullece de dar los subsidios a los usuarios que lo necesitan y no a las empresas, sin diferenciar entre grandes corporaciones y pequeñas industrias y sin tomar en cuenta que si se trasladan las subas a los precios de los productos terminados, serán grave e indirectamente perjudicados también los consumidores finales”.

En ese contexto, el Presidente de FECIBA explicó que “los incrementos producen un doble impacto porque, por un lado, reducen el poder adquisitivo de los consumidores, dado que deben utilizar dinero extra para abonar las facturas de los servicios públicos y, por el otro, porque el aumento dispara todos los demás precios y también reduce la capacidad de compra de la gente”.

La crisis ya se visibiliza fuerte desde las estadísticas dado que, hace algunos días, un informe privado anunció que en lo que va del año ya se fundieron el 10 % de las pymes del país. Además, ese sondeo destacó que durante el primer cuatrimestre de 2016, las ventas se precipitaron cerca de un 30 % y que el empleo “por goteo” en las pequeñas y medianas empresas cayó más del 8 %, en relación al mismo período del año anterior. 

Finalmente, Zylberzstein afirmó que “esos datos aseveran la necesidad de que se implementen, en el corto plazo, más acciones para incentivar y fomentar el trabajo” y concluyó diciendo que “las medidas planteadas deben resolverse de manera urgente y sin dilaciones que amplíen la sangría que atraviesa el sector y lo lleven a su quebranto definitivo”.