“Cambió la estrategia”, reveló ayer bien temprano, cuando todavía algunos despachos de la Casa Rosada estaban deshabitados, uno de los ministros más importantes del Gabinete nacional. Poco a poco, la información empezó a trascender en el universo macrista: por decisión del Presidente, el oficialismo en la Cámara de Diputados retiraría el temario de la sesión de hoy la reforma del Ministerio Público Fiscal que apuntaba a limitar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. ¿Marcha atrás de Mauricio Macri? No, el primer mandatario sigue insistiendo con que la funcionaria debe dejar su cargo. Pero irá por otro camino: el Ejecutivo acelerará ahora el proceso de juicio político, según confiaron a Clarín dos fuentes que participaron de la discusión.

En forma reservada, las principales espadas macristas en el Congreso comenzaron a dar los primeros pasos. Ocurrió después de una reunión en la Rosada en la que participaron, entre otros, Marcos Peña y el diputado radical Mario Negri, que a su vez por la tarde mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara, Emilio Monzó. "El juicio político despertó del letargo", dicen quienes están al frente de la movida.

El juicio político había sido deslizado como una posibilidad en la campaña electoral de Cambiemos. Pero tomó fuerza semanas atrás de la mano de Elisa Carrió. La diputada, que salió a marcar la cancha el lunes cuando dijo que no acompañaría el proyecto macrista para reformar el Ministerio Público Fiscal, presentó el proyecto junto a Negri y a otros diputados nacionales como Fernando Sanchez, Alicia Terada (CC ARI), Silvia Lospennato (PRO) y Jorge D’agostino (UCR).

Carrió cree que la jefa de los fiscales hay que imputarle "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública". Dice el texto que firma Carrió: “Gils Carbó, ya ejerciendo su cargo de Procuradora General, llevó a cabo una serie de conductas irregulares que ameritan el presente pedido de juicio político".

Macri coincide con la visión de Carrió. Lo han charlado varias veces en privado. Pero hasta ahora disentían en la forma. El espíritu del proyecto que desde hoy impulsará todo Cambiemos sostiene que Gils Carbó "actualmente cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional y, además, por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley Orgánica del Ministerio Público".

Para que prospere el proceso, la Comisión de Juicio Político tiene que analizar la denuncia, recabar información, citar testigos, convocar a audiencias y pedir documentación, entre otros medidas de prueba que le permita informar al resto de los legisladores. Luego, si considera que hay verosimilitud en las pruebas, tiene que emitir dictamen y así la iniciativa pasa al recinto. Para destituir a Gils Carbó, el oficialismo necesita alcanzar los dos tercios de los votos en ambas Cámaras. Esto es: 48 votos de las 72 bancas que tiene el Senado y 171 de las 257 butacas que hay en la Cámara baja.

"En Diputados vamos a tener el número. En el Senado va a ser muy complicado", admitían fuentes del oficialismo. Los rumores de la nueva iniciativa tensaron los nervios en el peronismo. Cerca del senador Miguel Pichetto estaban sorprendidos por el cambio de planes. "Esto rompe el acuerdo político que habíamos hecho todos los bloques menos La Cámpora", decían. Se referían al acuerdo por la reforma del Ministerio Público Fiscal. No eran los colaboradores de Pichetto los únicos molestos. Otras voces del PJ afirmaban que "en el Gobierno cambiaron de estrategia porque los corrió Lilita".