Victoria De Masi

“Trampa” y “fraude”. Con esas dos palabras, la jefa de campaña de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el apoderado del Santiago Viola, enviaron un escrito a la jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría. En ese documento detallan un “paso a paso” en el que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales y a cambio de dinero. Sin embargo, las actas de escrutinio van en un bolsín precintado y las urnas salen fajadas de los lugares de votación, y en todo ese proceso interviene el Correo Argentino. La Gendarmería sólo custodia el traslado.

LLA replica la estrategia de Bolsonaro, Trump y Vox e instala la idea del fraude electoral

LLA asegura que una vez cerradas las mesas de votación, a las 18, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Afirman que actuarían en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas. En el documento hablan de “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas”.

Es preciso aclarar que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. En ese bolsín va el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable. Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.

Según LLA, estas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la Provincia de Buenos Aires, en Chaco, Tucumán (“las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, consignan, de paso, en el documento), Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”.

El partido liderado por Javier Milei pide a la Justicia Electoral que refuerce los controles. Aseguran que “el transporte al centro de cómputos se realiza con la documentación y urnas falsificadas sin control de las autoridades y fiscales de mesa que no los acompañan”. Y ofrecen a sus fiscales para que custodien las urnas hasta el centro de cómputos. Solicitan, además, que una vez que las urnas y los bolsines lleguen a las oficinas de correo, las habitaciones se “sellen” en presencia de los fiscales. Es decir: que se bloquen puertas y ventanas, “y cualquier otra abertura”. “Los fiscales podrán custodiar las puertas todo el tiempo que las urnas permanezcan en él”, suman. Algo más: quieren la intervención de la Fuerza Área Argentina y las Fuerzas Armadas. Decidirá Servini de Cubría.