Menciona a “una mano azul”. ¿Quiénes son o con qué objetivos?

–Creo que se cruzaron muchas cosas. Lo que nosotros estábamos generando era una manera diferente de hacer las cosas y hay mucha gente a la que no le gustó. Una cosa es que me digas ‘estos son los datos’ y yo te crea, y otra que yo te los pueda rebatir. Ya no es una sola voz. Había un plan integral técnico y político orientado para que Córdoba tuviera en 2015 algo serio para mostrar en gestión de seguridad. Un sistema de seguimiento y de control de gestión que se generó en todas las áreas, desde lo operativo hasta la compra de una cucharita, que Córdoba nunca tuvo. Y eso a mucha gente no le gustó. Igual que las evaluaciones. El mensaje fue: queremos seguir siendo la institución que funcionó con lineamientos para atrás.

(Entrevista con la exministra de Seguridad de la Provincia, Alejandra Monteoliva,La Voz del Interior, domingo 15 de junio de 2014)

El parte de prensa oficial emitido por el área de Relaciones Institucionales de la Policía de Córdoba llegó a todas las redacciones de la provincia a las 19.59 del martes 29 de octubre del año pasado.

“El Tribunal de Conducta Policial lleva adelante una serie de investigaciones para determinar la existencia de supuestas irregularidades en distintas áreas operativas de la Policía de la Provincia de Córdoba. Las investigaciones dispuestas por este Tribunal están siendo desarrolladas en división (el texto debió decir “divisiones”) Automotores, Transporte, Finanzas y Policía Caminera. La determinación del Tribunal de Conducta Policial en los casos referidos se tomó luego de haber receptado una serie de denuncias que, si bien tuvieron el carácter de anónimas, no fueron descartadas hasta que se verifique o no la veracidad de los hechos mencionados en las mismas”.

A partir de aquel momento, más allá de que la gacetilla de prensa casi no generó repercusión mediática, en los pasillos de la Jefatura de Policía comenzó a correr el mito de la “carpeta de Transporte”.

Se trataba, en realidad, de un detallado sobre que llegó con fotocopias de muchas facturas al Ministerio de Seguridad de la Provincia, que en aquel tiempo comandaba Alejandra Monteoliva.

Ella había tomado la brasa más caliente que existía en Córdoba tras el “narcoescándalo” de septiembre, que había decapitado a la cúpula policial y política de la Seguridad en Córdoba.

Otra denuncia fuerte no podía ser tolerada, por lo que de inmediato, el sobre con las fotocopias y un escrito anónimo de tres carillas, todo con el sticker de mesa de entrada de la Casa de Gobierno, fue remitido al Tribunal de Conducta Policial para que realizara las averiguaciones pertinentes.

Casi al mismo tiempo, se ponía en conocimiento de esta denuncia a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2ª Nominación (Anticorrupción), a cargo de Gustavo Hidalgo.

Los días fueron pasando y todas las energías de la Policía empezaron a concentrarse en un malestar que luego terminaría explotando en las históricas jornadas del 3 y 4 de diciembre, cuando los cordobeses sufrieron la peor pesadilla en medio del acuartelamiento policial.

La “carpeta de Transporte” quedó sumergida en el olvido de casi todos, mientras la fuerza intentaba recomenzar de cero. Monteoliva, al igual que el jefe de Policía, César Almada, y el subjefe Carlos Galbucera, quedaron fuera del organigrama oficial.

Seis meses después de aquel amotinamiento y los saqueos, el mito de la “carpeta” empezó a oírse otra vez, aunque de manera tímida. Hoy, ya algunos se atreven a señalar a esta denuncia como una mecha más que impulsó el adiós a una cúpula policial y política que sólo duró 84 días.

Carpeta

¿Qué había de cierto en aquel escrito anónimo? ¿Cuál era el alcance de la supuesta sobrefacturación? ¿Quiénes son los implicados? ¿Hasta dónde avanzó la Justicia?

Todas estas preguntas fueron respondidas en las últimas semanas por seis fuentes que tuvieron o tienen acceso directo a la investigación. La mayoría pidió anonimato, ya que aún forma parte de la estructura policial.

Según logró reconstruir La Voz del Interior , la denuncia más grande constaba de tres hojas escritas en computadora, en la que el informante anónimo detallaba una supuesta sobrefacturación millonaria en la división Transporte de la Policía. Iban acompañadas de una gran cantidad de fotocopias de facturas, todas comprendidas entre enero de 2013 y agosto de 2013, cuando el jefe de Policía era Ramón Frías (debió renunciar en medio del “narcoescándalo”).

A partir de esta carpeta, el Tribunal de Conducta Policial comprobó que las facturas eran reales y añadió varias más que fueron secuestradas al iniciar una investigación puertas adentro.

Llamó mucho la atención la gran cantidad de cajas de velocidad que se habían reparado, a un valor de 10 mil pesos cada una, cuando en aquel tiempo, en una compra minorista, no superaban los tres mil pesos. “Hasta era mucho más barato comprarlas nuevas que arreglarlas”, apuntó uno de los informantes.

En total, estimó otra de las fuentes, en ese período había facturas que en conjunto orillaban los 2.500.000 pesos sólo por compras realizadas en ocho meses.

De acuerdo a un primer relevamiento, el monto sobrefacturado era de alrededor del 70 por ciento.

En este punto, conviene recordar que se trata sólo de una división de las varias que tiene la Policía de Córdoba.

“Había muchas facturas por cajas de cambio, gomas y baterías; en estos rubros era en los que se advertía la mayoría de las anormalidades”, agregó.

Otro policía hoy en actividad dio más detalles: “A las baterías las cotizaban en alrededor de 1.800 pesos cada una (no más de 800 pesos en el mercado). También había muchas reparaciones de correas, alternadores, tazas y paragolpes con precios dudosos”.

Entre otras cuestiones curiosas, se corroboró que en todos estos casos sospechosos se realizaron contrataciones directas que por ley se ejecutan cuando el monto total de la transacción no supera los 25 mil pesos.

En la mayoría de estas compras, el vendedor era siempre un mismo taller mecánico de repuestos Toyota y Fiat, ubicado en cercanías de la avenida Bulnes, de la ciudad de Córdoba. Al parecer, su propietario, para no excederse en los ingresos por monotributo, tenía tres factureros: uno a su nombre, otro a nombre de su esposa y el último, de su hija.

En total, son cuatro las casas de repuestos que quedaron bajo sospecha.

Otra de las maniobras detectadas consistía en subdividir el monto total de una compra para no excederse de la cifra tope para las contrataciones directas.

“Muchas veces, se justifica que se cobre un pequeño sobreprecio porque la Provincia, en este caso la Policía, demora varios meses en pagar a los proveedores; por eso en este caso es clave establecer cuándo se liberaron los pagos. De todos modos, el monto es muy por arriba del valor oficial, y eso que se trata de compras al por mayor”, agregó otra de las fuentes que accedió a hablar con este diario.

También generó suspicacias el nombramiento, durante el período investigado, de un civil que era el encargado de dirigir los vehículos a determinados talleres, todo de manera direccionada.

El recorrido de cada factura no fue difícil de adivinar, ya que todo quedó registrado con firmas y sellos, que por cierto no implica asignar responsabilidades en supuestos ilícitos.

El primero en autorizar las compras era el jefe de Transporte, en ese entonces el comisario inspector Juan Carlos Contreras.

Luego, recibía un aval de la Dirección de Logística, que era comandada por el comisario mayor Gerardo Vaca, y tras este paso, la Dirección de Administración (Finanzas) libraba la orden de pago. Su titular era Héctor Laguía, hoy subjefe de la fuerza.

Fiscalía provincial

Todos estos datos fueron recopilados en pocas semanas por el Tribunal de Conducta Policial, que cumplió con una de las premisas que había fijado en aquel parte de prensa del 29 de octubre:

“En caso de verificar supuestas irregularidades y determinar presuntos responsables, en caso de corresponder, se pondrán todos los elementos a disposición de la Justicia para que pueda actuar conforme a su jurisdicción y competencia”.

El caso recayó el 5 de noviembre en la fiscalía de Gustavo Hidalgo, que en las últimas horas, a través de una secretaria, respondió ante una consulta de este diario: “No hay mayores novedades, se sigue investigando”.

En tanto, desde el Tribunal de Conducta Policial se le envió un oficio hace 15 días a Hidalgo para conocer si existía alguna determinación, ya que recién a partir de lo que resuelva la Justicia se podrán firmar sanciones administrativas.

La denuncia fue tan precisa, que en Jefatura nadie duda de que se trató de un policía en actividad que se decidió a patear el tablero.

Para poder corroborar estos datos, se deben realizar peritajes simples y otros mucho más complejos.

Al tiempo que ya se determinó que las facturas eran reales, falta establecer, por ejemplo, si los arreglos de las cajas de velocidades de los móviles Fiat Siena se realizaron, lo que derivaría en el secuestro de los vehículos y el desmantelamiento de una parte importante de estos para poder verificarlo.

La “carpeta de Transporte” es lo que podría llamarse la “causa madre”, ya que es uno de los pocos expedientes que hoy tiene la Justicia provincial.

Más sospechas

Pero por detrás existen varias sospechas más, aunque todas quedaron encerradas dentro de la Central de Policía.

Por ejemplo, cuando Almada asumió al frente de la fuerza, decidió cortar con las contrataciones directas con las empresas de transporte que llevaban a los policías a eventos especiales, como el Rally Mundial o el Dakar.

“En cada lugar donde esta gestión tocaba, saltaba pus”, graficó alguien que desde hace años camina todos los días el edificio de Colón y Santa Fe, en la capital provincial.

Otro caso, ya de 2012, que hasta generó risas por lo grotesco, ocurrió con el arreglo de los conos que utiliza la Policía Caminera. Se estaba pagando más de 100 pesos por cambiar la luz superior de cada uno, algo que luego se comenzó a arreglar con sólo cinco pesos cada 50 conos, gracias al ingenio y la buena voluntad de un oficial que se ofreció para repararlos.