El secretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, salió al cruce de los cuestionamientos públicos en contra del proyecto de Ley de Pesca que presentó el Ejecutivo Provincial e ingresó la semana pasada a la Legislatura para su tratamiento. Rechazó los planteos del STIA y el SOMU que formalizaron su posicionamiento en contra de la iniciativa oficial.

“Siempre se generan fuertes reacciones cuando se pretende actualizar una ley vigente. A nadie le gustan los cambios, pero la pesca en la Provincia del Chubut se merece esta actualización para poder crecer”, expresó.

“Este proyecto viene trabajado desde fines de 2017 con todos los actores involucrados en el sector, que son varias organizaciones, incluidas las bases importantes que representan a los trabajadores, las plantas y a las dos flotas”, sostuvo el funcionario provincial, indicando que “por diversos motivos y opiniones encontradas se ha demorado hasta que se logró el consenso necesario”, dijo Aguilar al rechazar las expresiones de los sindicatos que aseguran que nunca fueron convocados para redactar una norma que modifica la legislación pesquera provincial.

Aguilar se refirió a los sectores que se oponen y subrayó que “quizá algunos que se van sumando al debate sienten que no participaron, pero lo que se resisten a comprender es que la norma actual tiene declaraciones de inconstitucionalidad en su articulado por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no le hace bien al sector y deja lugar a presentaciones judiciales que afectan a la provincia, al costo que le pegan de lleno a su economía”, argumentó sobre uno de los ejes de las críticas vertidas por la conducción del STIA respecto al nuevo proyecto.

Asimismo, Aguilar remarcó que “lo que no está escrito en las normas forma parte de la libre interpretación de cada uno de los actores”, y explicó que “por ejemplo, la norma actual, que el Ejecutivo quiere actualizar y aggiornar, establece una imposición de cantidad de personal en planta con relación a los metros cuadrados, y de personal embarcado con relación a los metros cúbicos. La Corte dijo que esos artículos son inconstitucionales y eso genera resistencia por parte del sector. Pero tenemos que tener la capacidad de poder actualizarnos”, insistió al fundamentar por qué se excluyen esas exigencias laborales que reclaman los sindicatos STIA y SOMU.

«Enviamos un proyecto que establecerá como norma que el 50% de una embarcación deben ser ciudadanos chubutenses”, agregó el funcionario, resaltando que “además se fortalecerán logísticamente los puertos en Chubut con la generación directa e indirecta de puestos de trabajos”, puntualizó en un comunicado emitido por el Gobierno.

Al ser consultado por la emisión de permisos, otros de los temas que más resistencias genera en el sector, Aguilar indicó que “el proyecto no plantea ampliar la capacidad de permisos, lo que hace es reconocer los 37 permisos históricos que tiene Chubut y le da el margen a la Legislatura de analizar la posibilidad de hasta 3 permisos más. Es decir, de ampliar hasta 40 los permisos, si el caladero lo permite”, afirmó.