El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, atribuyó hoy a un "error" el rechazo de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, al acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino por una deuda en el marco del concurso preventivo, por entender que la representante del Ministerio Público Fiscal argumenta "que no se actualizaron las cifras", cuando "la ley de quiebras lo impide".

"La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal", señaló Aguad en diálogo con radio Mitre Córdoba.

El funcionario destacó que la posición expresada en los dos dictámenes que presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial parten de "un error de la fiscal", de quien afirmó que "es de Justicia Legítima" y que "reemplazó a (Alejandra) Gils Carbó" cuando ésta asumió en la Procuración General, aunque aclaró: "No es un tema político, lo tenemos que resolver jurídicamente".

El acuerdo entre el Correo Argentino -que estaba bajo el control del holding de Franco Macri hasta la quita de la concesión decidida por Néstor Kirchner en 2003- y el Estado establece el pago a la administración nacional de 296 millones de pesos.

El argumento de la fiscal Boquín es que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (año hasta el que se extiende el pago negociado).

"Nunca hablé con (Mauricio) Macri de este tema. Yo lo tomé como un tema judicial", dijo el ministro al responder sobre las posibles implicancias éticas de la negociación de una deuda que involucra a empresas de la familia presidencial.

Aguad relató cómo se llegó al acuerdo puesto en cuestión por la fiscal Boquín. Recordó que el origen del conflicto se remonta al 2001, con reclamos del Estado al concesionario por la falta de pago del canon, y del concesionario al Estado, por falta de pago de los servicios prestados. El conflicto derivó en la presentación del Correo en concurso de acreedores.

"Cuando asumió Kirchner, le quitó la concesión y el concesionario homologó los créditos que tenía la empresa. Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de 296 millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo", relató el ministro.

Aguad dijo que "durante los doce años del gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda", que cuando él asumió heredó el juicio, y que "las opciones eran no cobrar, o cobrar a precios históricos".

El funcionario explicó que la empresa no contaba con bienes porque, "cuando el Estado le canceló la concesión, se quedó con todos los bienes del Correo Argentino".

"Cuando llegamos, dije: 'Recuperemos algo, tratemos de cobrar lo que nos deben'. Es la deuda histórica, no se puede actualizar. Son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual", resaltó el dirigente cordobés a cargo de la cartera nacional de Comunicaciones.

"Hemos arreglado el 100 por ciento de la deuda: se debían 300 millones, se pagan 300 millones", dijo Aguad para desmentir que haya existido una quita.

El funcionario advirtió que "si la Cámara (Nacional de Apelaciones en lo Comercial) no homologa el acuerdo, es muy probable que perdamos el patrimonio del Estado", porque lograr una "renegociación" sería "muy complicado".