El presidente del Concejo Municipal, Daniel Ricotti, y el jefe de Gabinete, Jorge Maina, concurrieron esta mañana a la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), en la que se trató la suba del 42% que la empresa provincial Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) pretende aplicar a la tarifa.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, en el aula Alberdi de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Nacional, y contó con una extensa participación, compuesta por representantes de la empresa; funcionarios, asesores y colaboradores del estado provincial, como así también de municipios y comunas del territorio santafesino; legisladores, ediles, dirigentes sociales y de partidos políticos, entre otras entidades; asimismo, dirigentes vecinales y vecinos en calidad de usuarios del servicio.

Los diferentes argumentos que expuso el gobierno provincial a favor del aumento en un 42% en la tarifa del servicio del agua potable y cloacas, recibieron un amplio rechazo por parte de los presentes, y abarcaron razones de diversa índole: desde críticas al aumento en sí hasta cuestionamientos a la calidad del servicio, y estuvieron en boca tanto de referentes políticos e institucionales como de vecinos.

El jefe de Gabinete del nuestro municipio, Jorge Maina, al hacer uso de la palabra, hizo especial hincapié en el déficit del servicio que ASSA presta en Rafaela, y reafirmó que no se trata de un problema nuevo, sino que viene planteándose desde hace tiempo. En tal sentido, se refirió a la "capacidad de mentira sostenida durante siete años" de los funcionarios provinciales en lo que respecta a nuestra localidad: "que por lo menos sientan vergüenza, porque están mintiendo descaradamente". También instó a que "la gente del ENRESS definitivamente se ponga los pantalones largos y asuman las responsabilidades que debe asumir".

También argumentó que si el dinero recaudado con el aumento de la tarifa se destinara a la realización de obras para mejorar la prestación y no se emplease para otros fines, el debate de los municipios y comunas sobre la suba sería razonable.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Daniel Ricotti, recordó la responsabilidad provincial en la prestación del servicio: "nuestra legislación nacional determina que el agua es un recurso que cada provincia tiene que garantizar a cada ciudadano", y en esa línea, resaltó que la función del presidente de ASSA, Sebastián Bonet, es "lograr la mayor cantidad de recursos para la empresa, y no justificar el retiro de inversiones que hace el estado provincial".

Además, el edil mostró una boleta de 2013 en la que se evidencia un aumento del 30% y comparó el dato con declaraciones del gobernador Bonfatti en las que aseveró que en dicho año no hubo subas. "Quiero que ustedes mismos saquen la conclusión de dónde está la verdad, si en esta boleta con un 30% de aumento o en el gobernador que quiere justificar este aumento del 42% diciendo que en 2013 no hubo aumento de tarifa". Sobre este particular, coincidió con Maina al argumentar que la suba se justificaría si hubiera un plan de obras e inversiones.

Finalmente, Ricotti enumeró un detalle de acciones que el estado municipal de Rafaela realiza para mejorar la situación del consumo, con especial énfasis en la campaña de concientización para un uso razonable y responsable del agua, y la Ordenanza que determina la instalación de doble cañería en las nuevas construcciones. También expresó una valoración negativa de los dichos del titular de ASSA en una de sus visitas a nuestra ciudad, referidos a que el problema del agua en Rafaela tiene que ver con el derroche de los usuarios.

Héctor Moscardo, de la Federación de Entidades Vecinales, fue otro de los rafaelinos presentes en la audiencia. Al dirigirse a los presentes, recordó que a fines de 2011 el exgobernador Binner prometió la construcción del acueducto que proveería de agua a Rafaela. Seguidamente, rememoró la ilusión sentida cuando el gobierno provincial afirmó que la obra para Rafaela estaba iniciada, y la posterior decepción cuando el intendente Castellano comprobó in situ, al consultar a quienes trabajaban en Desvío Arijón, que esos trabajos no correspondían a nuestra ciudad. "Nos quedamos helados de la forma que nos mienten", puntualizó.