“No hay desarrollo real si no hay una mejora en las condiciones de vida de la gente y el manejo de los recursos hídricos es clave para eso, porque el agua es todo para la producción de lo que comemos, y tanto su déficit como su exceso generan muerte. Por eso, en el manejo de estos recursos habría que encontrar el modo de disminuir las pérdidas de agua por excesos y usarlos para cubrir el déficit”, dijo el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Rodolfo Golluscio, durante el tercer encuentro del Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo(PIUBAD) que se desarrolló en esa facultad el 10 de octubre pasado. En esta oportunidad, el encuentro estuvo dedicado al vínculo entre desarrollo y recursos naturales, en particular, a la “incidencia de las políticas y del marco institucional en el ordenamiento de los recursos hídricos”.

“En la Argentina no existe una ley de agua a nivel nacional, sino que hay una ley marco y diversas reglamentaciones y leyes provinciales. ¿Es eso suficiente para administrar este recurso que es a la vez público y privado? ¿Cuál es el rol del Estado y qué capacidad tiene para intervenir en este tema?”, se preguntó Liliana Pagliettini, profesora de la FAUBA y una de las organizadoras del PIUBAD, y dejó abiertos diversos interrogantes sobre los derechos de uso y la valoración económica de este recurso finito: “¿Qué instituciones gobiernan el agua? Al pagar por ella, ¿qué se paga? ¿Su costo de disponibilidad, su costo social?, ¿quién se apropia de los excedentes?”.

En busca de aproximarse a alguna respuesta, durante el encuentro se presentaron diversas experiencias en las cuencas de los ríos Matanza-Riachuelo, Colorado y Uruguay, ya que es en ellas “adonde interactúan los actores sociales e impactan las políticas”, dijo Pagliettini.

Marcos Cipponeri y Laura Henry, ambos de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia (UIDET) Gestión Ambiental (GA), del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), detallaron cómo elaboraron los distintos indicadores que les permitieron definir el Índice de Calidad de Vida (ICV) entre los pobladores que viven sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, tratando de “enriquecer los índices meramente económicos que se usaban para medir el bienestar. Antes, bastaba con medir el PBI y los ingresos, pero con el aporte de diferentes disciplinas en las últimas décadas eso se volvió insuficiente y surgieron índices multidimensionales que miden desarrollo, calidad de vida e incluso la felicidad”, explicó Henry.

Índice que muestra la calidad de vida de la población de acuerdo con cuatro dimensiones: vivienda, educación, salud y entorno. Fuente: Universidad Nacional de La Plata. Actualizado: marzo 2017.

Ambos especialistas fueron convocados por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en el año 2015, para desarrollar este ICV que aportara parte de los datos que dicho organismo necesita para cumplir con los monitoreos reglamentarios que hace sobre el territorio, como parte del plan de saneamiento que ha debido implementar a partir del año 2008, tras la demanda judicial por contaminación que elevó un grupo de vecinos, conocida como “Causa Mendoza”.

La Cuenca Matanza Riachuelo recorre alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados a través de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la provincia (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría,  Ezeiza,  Cañuelas, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora,  Marcos Paz, Merlo, Morón,  Presidente Perón y San Vicente), por donde discurren los 64 kilómetros de extensión del sistema hídrico integrado por los ríos Matanza y Riachuelo. Se trata de la zona más urbanizada e industrializada de la Argentina, en la que viven más de ocho millones de personas.

En cuanto al ICV, los investigadores se basaron en cuatro dimensiones en particular: vivienda, educación, salud y entorno. Cada una de ella con sus rasgos y características propias. “Agua y cloaca fueron los aspectos que más pesaron en nuestro índice. Por eso, para nosotros es importante llegar con agua potable y cloaca a la población. Con uno solo de esos servicios no sirve, porque quien recibe agua por red tiene más propensión al consumo y dispone más efluentes cloacales en el suelo, lo que al final perjudica su calidad de vida. Además, parte de ese efluente cloacal se infiltra y va al acuífero pampeano y al puelche, lo que también se vuelve contra de la población”, explicó Cipponeri y detalló que el 30% de la población de esa cuenca no tiene agua potable y tiene que sacarla del puelche. Además, agregó que en el conurbano apenas se trata entre un 20 y un 25% de los residuos cloacales. “El resto no, y todo va a ríos y arroyos que finalmente descargan al Rio de la Plata y al puelche, lo que afecta las actividades recreativas y de pesca, la extracción de agua potable y la población en general”.

“Agua y cloaca fueron los aspectos que más pesaron en nuestro índice. Por eso, para nosotros es importante llegar con agua potable y cloaca a la población”, explicó Cipponeri. Foto: Ariel López (@thenelar).

Territorio empetrolado

La cuenca del río Colorado, que nace de la intersección de los ríos Grande y Barrancas, atraviesa cinco provincias a lo largo de 350.000 hectáreas, que en total cubren una superficie de 48.000 kilómetros cuadrados en Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Rio Negro. En toda su extensión, las tierras de esta cuenca se destinan a una variedad de usos que fue cambiando de la mano de la historia y las políticas públicas que se aplicaron sobre ella.

Así lo explicó la geógrafa Beatriz Dillon (Universidad Nacional de La Pampa), que trasladó su charla hasta el siglo XIX, recordó los estilos de vida de los pueblos originarios en la región y cómo fueron desplazados por la conquista del desierto, por ejemplo, así como cuál fue el impacto de las distintas regulaciones, tras la etapa de mensura del territorio y reparto de la tierra pública ribereña en 1882, y especialmente a partir de los años cincuenta, cuando se provincializó la cuenca y se importó el modelo de desarrollo que se había aplicado en Misisipi, en Estados Unidos, sin tener en cuenta las costumbres y prácticas agrícolas de la región.

“Más de 30 años investigando el Río Colorado en La Pampa me han permitido ver el cambio a través de las políticas y modelos de desarrollo, que van modificando los territorios permanentemente, volviéndolos importantes o dejándolos en una categoría de prácticamente inexistentes”, advierte Dillon y destaca que recuperar el proceso histórico puede ayudar a evitar cometer errores a futuro. “Ni siquiera tuvieron en cuenta las necesidades de consumo, porque les hicieron plantar manzanas para las cuales no había un mercado local en el que venderlas luego”, ejemplifica.

Según la especialista, estas medidas fueron en gran parte las responsables de la desilusión y el descontento de los chacareros, sensación que quedó grabada en sus descendientes, que no consideran la producción agrícola como una opción de vida y aceptaron las medidas de acumulación flexibles de los años noventa, así como el impulso a las inversiones hidrocarburiferas del 2000, que cambiaron totalmente el paisaje de la cuenca. “La cuestión minera arrasa con lo anterior, y sobre todo con la producción agrícola que si bien se sostiene, lo hace en un contexto de desigualdad que propina la producción petrolera en toda la cuenca”, explica Dillon y continúa: “Ya nadie quiere trabajar en las tareas rurales, que requieren labores culturales específicas y capacitación; no hay empleo agrario porque todos buscan empleos petroleros, no solo porque los salarios son mayores, sino también porque los precios siguen el ritmo petrolero y no el agrícola: el pueblo vive al ritmo petrolero”.

Durante la jornada se presentó el “Proyecto de riego en zona citrícola de Villa del Rosario”, una obra colectiva en la provincia de Entre Ríos en la que se invirtieron más de 10 millones de dólares (financiados por el Programa de Servicios Agricolas Provinciales, PROSAP) y mediante la cual se abastecerán 74 chacras construidas sobre 91 quintas, que en total abarcan 2.160 hectáreas. Foto: Ariel López (@thenelar).

Volver a creer

Después de tres intentos fallidos a lo largo de 18 años, en 2012 comenzó el Proyecto de riego en zona citrícola de Villa del Rosario, una obra colectiva en la provincia de Entre Ríos, para la cual se invirtieron más de 10 millones de dólares (financiados por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP) y mediante la cual se abastecerán 74 chacras construidas sobre 91 quintas, que en total abarcan 2.160 hectáreas. El sistema toma el agua de una lengua del lago Salto Grande y a través de seis bombas de velocidad variable proveerá un caudal aproximado fijo de un metro cúbico por segundo. Cuenta con un sistema de filtrado e incluye una estación de bombeo sobre el lago salto grande y dos estaciones de rebombeo. Para la provisión de energía, además, se instaló una línea de alimentación eléctrica de 13.2 kv que alcanzó los 14,5 kilómetros de extensión desde la subestación transformadora Chajarí.

“Necesitábamos trabajar para que la gente volviese a creer y confiar en el proyecto, que por otro lado también afectó a otros productores ribereños, quienes perdieron parte de sus tierras y a los que el Estado todavía les está pagando los daños que generó”, comentó Maris Rebora, educadora popular y consultora de PROSAP, convocada para trabajar con lo que se conoce como el “componente blando” del proyecto, es decir, con las familias y los productores involucrados en esta obra.

“Era importante analizar el componente productivo de cada chacra, pero también el componente familiar, que es muy importante para la vida en la colonia y la conformación del consorcio del sistema de riego”, comentó Rebora y enumeró alguno de los desafíos que tuvieron que enfrentar, además de devolverles la confianza: reforzar el tejido social, unir a los productores en vistas de un objetivo común, poner en valor los saberes personales, identificar líderes y lograr la participación de jóvenes, mujeres y de los productores más pequeños.

“Los técnicos naturalmente atendían a los productores que menos trabajo les daban, pero nos costaba que atendieran a los más pobres, así que hicimos un seguimiento y los preparamos para trabajar con los más pequeños, que son los que más necesitan de la asistencia técnica, pero también para que ellos —los productores más pobres— también valoren el potencial que tienen”, recordó Rebora, que hace dos años ya no trabaja en este proyecto porque se jubiló, aunque sigue en contacto con técnicos, asesores y participantes, y advirtió que, “si los técnicos tuvieran una mirada particular de estos productores podríamos avanzar mucho más”.

Con ese interés por lograr la participación de los más desantendidos el trabajo estuvo orientado a las familias, que pudieron acceder a distintas capacitaciones sobre agroquímicos y buenas prácticas agrícolas, cooperativismo y cuestiones ambientales, incluidos viajes de intercambio con productores de otras provincias y talleres de género, entre otros. Actualmente, la obra está finalizada y solo faltan algunos detalles  técnicos para que comience a funcionar.

“Uno de los productores más pequeños, que vivía en muy malas condiciones, hoy tiene sus limoneros en producción, ya no necesita usar ropa donada, ha dejado el alcohol y hasta pudo comprarse un vehículo para trabajar”, cuenta Rebora a modo de ejemplo, para destacar la importancia de que “los más necesitados y abandonados recuperen la alegría de producir y que sientan que ellos también pueden”. Y concluye: “Muchas veces decimos que son haraganes, pero en verdad les faltan motivaciones, creen que no pueden o que no saben. Faltan técnicos de las universidades preparados para acercarse a ellos. En nuestro caso, finalmente, los técnicos con los que trabajamos lograron hacer aportes muy importantes y hoy hay mucha gente que ha puesto en valor su quinta. Ni hablar cuando les llegue el agua”, concluyó.