Este martes, 25 personas de 9 de Julio presentaron un amparo colectivo contra ABSA y la Provincia de Buenos Aires para que se realicen obras específicas para adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, a los valores contenidos en el Código Alimentario Argentino.
Se pidieron varias medidas cautelares. Se prohíba el uso de agua de red en entidades educativas, hospital, clínicas privadas, asilo de ancianos y salas de primero auxilios del Partido de 9 de Julio, donde las demandadas exploten el servicio. Se provea gratuitamente bidones de agua potable a los vecinos que lo requieran y a los establecimientos indicados, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Y se ordene a ABSA realice todos los meses análisis de agua de red para remitirlos al Ministerio de Salud.
Cabaleiro radicó el expediente por conexidad ante el juez de Mercedes Luis Marcelo Giacoia, a cargo del el Juzgado de Garantías del Joven número 1, donde ya tramita un amparo contra la Municipalidad de Alberti por el suministro de agua potable, que supera los máximos de arsénico.
Este magistrado ya dictó una cautelar contra esa Municipalidad, medida que fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo La Plata. Por lo tanto se descarta que dicte una cautelar similar para el caso de 9 de Julio.
La Provincia de Buenos Aires fue demandada como titular del dominio sobre el acuífero que se sirve ABSA para proveer agua de red, y por su responsabilidad exclusiva en preservar, recuperar y conservar los recursos naturales en todo su territorio, y su deber de planificar el aprovechamiento racional y promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo.
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